|
RECOMPENSAS
Plata y plomo
En el gobierno de Uribe el combate a las organizaciones criminales ha tenido una doble estrategia: plomo para los que no quieran entregarse y plata para los que colaboren. La controversia por el pago de la recompensa a "Rojas", quien asesinó al jefe de su frente en un acto de traición, vuelve a revivir el debate entre lo ético y lo pragmático de esta política.
Fecha: 06/16/2008 -
Nunca antes el pago de recompensas había sido tan central en política de defensa y seguridad de un gobierno colombiano. Desde enero se han entregado 11.580 millones de pesos por información que ha permitido capturar o matar a algunos de los jefes más buscados de las Farc. Por Tomás Medina, alias El Negro Acacio se pagó una recompensa de 2.000 millones de pesos, por Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, 650 millones de pesos, por Hely Mejía, alias Martín Sombra se pagaron 1.700 millones y por la información que permitió ubicar el campamento donde se encontraba Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, se pagó 5.000 millones de pesos.
Pero no sólo se han pagado recompensas por jefes de las Farc. El Ministerio de Defensa pagó 1.380 millones de pesos por información que llevó a la captura de Aníbal Giraldo, alias Pablito, un mando importante del ELN. Y por los capos del narcotráfico como Chupeta y los Mellizos Mejía se ofrecieron recompensas hasta de cinco millones de dólares.
La estrategia es clara: plata o plomo. Y sin duda ha sido exitosa, pero no por ello, poco polémica.
Las recompensas
El manejo de los fondos de recompensas de este gobierno es distinto a los lineamientos degobiernos anteriores. Anteriormente, Policía y Ejército administraban autónomamente recompensas que salían de sus gastos reservados, y a veces se veían a gatas para pagarlas o si antes de terminar el año no ejecutaban ese dinero como parte del presupuesto que les era asignado, lo perdían al año siguiente. Es decir, las exigencias de manejo del presupuesto regular hacían difícil desarrollar un dinámico sistema de pago de recompensas.
El gobierno Uribe decidió unificar los fondos y crear uno gordo de 20.000 millones de pesos, que maneja directamente el Ministerio de Defensa. La Policía y el Ejército pagan solamente pequeñas recompensas que salen de sus fondos de reserva para capturar a delincuentes comunes.
Los gobiernos colombianos siempre han pagado por información que permita dar con los hombres más buscados. La diferencia del actual gobierno es que está pagando además por pistas que lleven a la captura de mandos medios e inferiores de guerrillas, narcotraficantes y jefes de bandas criminales y por datos clave que permitan la incautación de armamento y equipos. Es más, el Ministerio de Defensa tiene un sistema de clasificación para determinar cuanto se paga por quién.
En la lucha contra la guerrilla es donde se ha extendido más el pago de recompensas. En 2003 en la campaña “Colombia actúa contra el terrorismo” que se extendió por Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, en las jornadas cívico-militares y de salud, los soldados repartieron miles de carteles con la foto, el nombre y el alias, no solamente de los principales jefes de frente, sino también de los mandos bajos, incluso hasta de comandantes de escuadra.
Para darle un nuevo aire e incentivar el suministro de información a cambio de dinero, se lanzó en enero de este año una nueva campaña con el slogan de “Informar paga”. La Policía creó una nueva Línea Gratuita Antiterrorista, atendida 24 horas por el área investigativa contra el terrorismo de la Dirección de Investigación Criminal, de la Dijin y se volvieron a imprimir 200 mil volantes y 30 mil afiches con las fotos de los miembros del secretariado de las Farc y otros 37.500 afiches de los hombres más buscados del grupo guerrillero, entre otras organizaciones consideradas por el gobierno como “narcoterroristas”.
Según el Ministerio de Defensa, las campañas por la información han sido muy exitosas para capturar a quienes están prófugos de la justicia. De hecho, los principales golpes contra la guerrilla se han originado en información pagada.
Las bonificaciones
Una buena parte de la política del pago de información también ha estado dirigida a incentivar a miembros de los grupos guerrilleros a que se desmovilicen y, de paso, entreguen armamento e información valiosa sobre sus frentes o bloques. El Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa creó una bolsa de dinero específica para estas bonificaciones, independiente del sistema de recompensas.
Andrés Peñate, quien fue viceministro de Defensa en el primer período de Uribe, y luego director del DAS, estuvo al frente de la creación de este sistema de bonificaciones. Según explica éste tiene tres objetivos: incentivar la desmovilización, el desmembramiento interno de las estructuras criminales, y la incautación de armas y equipos de guerra que por lo general iban a parar al mercado negro cuando un guerrillero o paramilitar desertaba.
La ministra de Defensa de entonces, Martha Lucía Ramírez, emitió una directiva en la que estipuló los valores de la información o material de guerra para que el desmovilizado que se entregara recibiera su respectiva bonificación. Según esa orden, todo tiene su precio. Por información que permita rescatar con vida a soldados, policías o servidores públicos el Ministerio de Defensa paga bonificaciones de hasta 70 millones de pesos. Por ubicar campamentos clandestinos, un millón y medio; por denunciar o declarar en contra de cabecillas, cinco millones; por detectar cuentas bancarias ilegales, dos millones; por fosas comunes, millón y medio y para incentivar a que otros se desmovilicen, dan hasta 15 millones, dependiendo de quién sea el que abandone la guerrilla.
Para asignarle precios por cada pieza de material de guerra que entregaran, el gobierno investigó cuanto costaba en el mercado negro. Según las tablas de valores del Ministerio de Defensa, por cada fusil que el desmovilizado entregue se paga un millón de pesos, pero por el cubo o dado, dispositivo sin el cual el fusil no funciona se paga 500 mil pesos. Si alguien llega a detectar un misil tierra-aire se le ofrecen 18 millones, por un teléfono satelital, un millón, por minas anti persona cien mil pesos y por cada computador portátil, millón y medio. La tabla de valores contempla también bonificaciones por narcóticos, instrumental quirúrgico, medicamentos, y hasta semovientes (mulas, caballos o ganado). “Queríamos crear un sistema “aspiradora” para recoger todo ese material de guerra”, dice Peñate.
Apenas un año después de haberse implementado el sistema de bonificaciones se habían entregado 5 mil millones de pesos por material de guerra entregado.
Las críticas
Pagar a los mismos miembros de las organizaciones criminales para que contribuyan en el desmembramiento y traición de sus estructuras es una práctica que no solo ha sido usada en Colombia con éxito, sino también en Italia y en Estados Unidos, particularmente para enfrentar a organizaciones mafiosas. La filosofía detrás de ambas estrategias es que los que están más abajo en la estructura delaten a los que están más arriba a cambio no solo de rebajas de penas, sino también de dinero. Con la plata se compra la información que descompone esa ley del silencio, la omertá, que impera en las organizaciones criminales.
Destinar más presupuesto para recompensar las desmovilizaciones y premiar por la información entregada puede resultar más barato y dar mejores resultados que el solo combate militar.
Pero a pesar de que la estrategia sea usada con eficacia, la política de plata y plomo resulta difícil de administrar tanto por razones prácticas como éticas.
En gobiernos anteriores quienes recibían la información eran los mismos que actuaban en operaciones que permitieran dar con delincuentes, acciones contrainsurgentes, o dinero o bienes de las estructuras criminales. Esto se prestaba para que los mismos policías o militares que trabajaban con informantes hicieran arreglos económicos, inclusive, como salió a la luz pública hace un tiempo, montando falsos positivos para repartirse las ganancias del botín. El Ministerio de Defensa es ahora la entidad que centraliza todo el pago de recompensas y bonificaciones, y actualmente no necesariamente quienes reciben la información, actúan basados en ésta.
Esto le exige al Estado un manejo impecable y coordinado de los fondos, y aunque el Ministerio tiene controles de verificación para constatar que la información entregada es veraz y conduzca a resultados positivos, antes de que los dineros sean entregados, es difícil vigilar que no haya irregularidades tratándose de todos modos de dineros reservados.
El otro problema con esta política de recompensas es ético. Debe tener claramente definidos los límites entre pagar por información y premiar crímenes que cometan los delatores y desmovilizados, aun si estos contribuyen al desmoronamiento de sus organizaciones. El hecho de que el Ministerio de Defensa haya decidido pagarle una recompensa a alias Rojas, quien se desmovilizó, después de asesinar a Iván Ríos miembro del Secretariado de las Farc el pasado 7 de marzo, y entregar como prueba su mano cercenada, ha causado indignación en varios sectores de la sociedad.
El tema volvió a sonar ayer, luego de que Noticias Uno revelara que Rojas contrató a un abogado para que fuera a reclamar la recompensa de 5.000 millones que se ofrecían por la cabeza de Ríos. Según el noticiero, el Ministerio de Defensa, a través de un documento oficial le comunicó al abogado que a Rojas no se le iba a pagar la recompensa porque “No es viable cancelar sumas de dinero por concepto de “pago de recompensa”, ya que la muerte del sujeto conocido con el alias de “Iván Ríos” no se dio en el escenario de un enfrentamiento con la fuerza pública, es decir, no fue abatido en combate”, dice el documento.
Sin embargo, esta mañana Sergio Jaramillo, Viceministro de Defensa, desmintió la versión del noticiero y reiteró que Rojas y otras dos personas recibirán 2.400 millones de pesos, no por haber entregado el cadáver de Ríos, sino por la información que dieron sobre el frente al cual pertenecían.
Pero a la opinión pública le ha quedado la sospecha que en realidad se está pagando por el asesinato del jefe guerrillero, legitimando así el tomarse la justicia por mano propia, y de paso, recibir remuneración. Es decir se está incentivando la creación de caza recompensas y reforzando la idea de que el fin de combatir la guerrilla justifica cualquier medio.
La polémica de Rojas muestra cómo la política pragmática de recompensas y bonificaciones que ha sido exitosa, exige que el estado imponga límites muy claros entre lo que es beneficioso y legítimo hacer en aras de proteger a la población y salvaguardar el orden, y lo que raya con lo poco ético, e incluso sabotea la propia democracia que se quiere defender.
_________________
Los comandos operan dentro y fuera de la constitución y la ley..
|
Identificarse
Registrarse
FAQ
Buscar
