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NotaPublicado: 30 Ene 2020 13:07 
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La letalidad policial fue récord en Río de Janeiro en 2019 mientras los delitos tuvieron una caída histórica, tendencia esta última que se extiende al resto de Brasil, uno de los países más violentos del mundo. En el Estado murieron 1.810 personas en intervenciones policiales, la cifra más alta en dos décadas. Los 3.995 asesinados en el mismo tiempo suponen un dato histórico, el menor desde 1991, según datos oficiales del Gobierno estatal. Aunque los políticos partidarios de la mano dura presumen de eficacia, numerosos especialistas brasileños en seguridad pública advierten de que ambos fenómenos no están vinculados.

Al conocerse el balance anual de la violencia, el gobernador de Río, Wilson Witzel, tuiteó la semana pasada: “Nuestra política de seguridad viene generando resultados positivos mes a mes”. Es el mismo que cuando hacía campaña para el puesto que ostenta hace un año proclamó “la policía va a apuntar a la cabecita y…. fuego” contra los sospechosos armados con fusiles. En sus tuits, Witzel, que fue juez y militar, enumeró las estadísticas, que también reflejan notables caídas de las muertes en robos y de aprensiones de armas. El experto de la Red de Observatorios de la Seguridad Pablo Nunes explica que “es improbable que las variaciones en las tasas de homicidios y muertes por policías estén relacionadas. Cuando analizamos los barrios y ciudades del estado de Río, en la mayoría de los casos, donde aumentaron las muertes policiales aumentaron o se estabilizaron los homicidios y viceversa”.

Ilona Szabó, especialista en seguridad pública, advierte de que “a veces las reducciones de delitos son utilizados para legitimar el abuso de la fuerza. La relación, sin embargo, es falsa”, escribe este miércoles en Folha de S.Paulo. Daniel Cerqueira, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, coincide: “Esa retórica del gobernador es falsa. Estadísticamente no vemos relación”. Añade este experto que, en todo caso, “la violencia policial estimula la violencia en general”.

La caída de los asesinatos a lo largo del año pasado, también el primero del exmilitar Jair Bolsonaro en el poder, se extiende por Brasil en general. Es uno de los datos de los que el ultraderechista más presume y que influye en el reciente aumento de su popularidad en este país que está desde hace años entre los más violentos del mundo, guerras al margen. La experta Szabó alerta de que existen “líderes que están reduciendo problemas complejos a discusiones binarias y reforzando la violencia como solución”. Justo este miércoles el Gobierno ha autorizado que los dueños de armas legales puedan comprar cuatro veces más munición al año que antes.

Río de Janeiro –Estado donde viven 17 millones de brasileños– destaca en el ámbito nacional e internacional por lo mucho que su policía mata. Para hacerse una idea, las 1.810 personas muertas en intervenciones policiales en 2019 suponen más del doble de las 800 personas asesinadas por la organización terrorista ETA en España durante cuatro décadas o la mitad de las víctimas mortales del conflicto de Irlanda del Norte.

Los tiroteos son tan frecuentes en Río de Janeiro que cuatro niños han sido alcanzados por disparos desde que empezó 2020. El último, de cinco años, veía un partidillo de fútbol. Una bala le dio este lunes en la cabeza después de perforar la mano de su padre, que intentaba protegerlo del intercambio de tiros entre policías y criminales. El crío sobrevivió pero está gravísimo. El asunto ha alcanzado tal magnitud que la ONU expresó su preocupación en septiembre pasado. Y también tiene su reflejo en la cultura popular. La telenovela más vista ahora mismo en Brasil Amor de mãe tiene entre sus villanos a un policía corrupto que mata a un policía limpio.

En la comparación nacional las fuerzas de seguridad de Río también destacan, como indica la comparación con São Paulo. La tasa de muertes en el primer Estado a manos de la policía solamente es superior a los perpetrados en São Paulo por criminales y agentes de policía juntos, según el diario Folha. Uno de los factores que lo explica esa diferencia es que el grupo criminal más poderoso de São Paulo, el Primer Comando de la Capital (PCC), prohíbe matar sin autorización en el territorio que domina.

Es muy poco probable que un policía sea denunciado en Brasil por abatir a un sospechoso, mucho menos juzgado o condenado. Ni un solo agente de Río fue llevado ante la justicia en 2019, según una investigación del semanario Época, que analizó los casos de los 195 muertos a manos de la policía en julio, el mes más letal. Revela que se abrieron 151 investigaciones, que 11 casos han sido archivados y que no encontraron información sobre otros 19. La revista descubrió que los informes policiales muestran un patrón: incursiones en favelas de patrullas de entre 2 y 6 policías con fusiles para reprimir el tráfico de drogas, son atacados, responden, registran el lugar, localizan a la víctima y la trasladan al hospital. Resalta Época que en el 60% de los casos los agentes no regresaron al lugar del suceso a investigar. La inmensa mayoría de las víctimas de violencia policial son varones, negros, pobres de favela.

El profesor Cerqueira recalca que las muertes violentas vienen disminuyendo en Río de Janeiro desde 2003 con la única excepción del bienio 2016-2017, cuando se registró un repunte coincidiendo con el declive socio-económico generalizado que vivió la ciudad tras los Juegos Olímpicos.
https://elpais.com/internacional/2020/0 ... 69684.html

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NotaPublicado: 16 Feb 2020 14:18 
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En 2005, la cárcel para policías militares de Río de Janeiro acogió la entrega de la mayor condecoración del Estado, pero el galardonado no era un guardián sino un reo. Un agente acusado de asesinato recibió la medalla Tiradentes —un reconocimiento por prestar servicios relevantes al Estado— a propuesta de un diputado carioca veinteañero, Flavio Bolsonaro. Su padre, Jair Bolsonaro, un irrelevante diputado que se convertiría en presidente de Brasil, asistió entonces al juicio del preso condecorado e incluso le dedicó un discurso ante el pleno de la Cámara de Diputados. Lo consideraba un valiente injustamente perseguido tras matar durante una redada a “un elemento que, pese a estar implicado en el tráfico de drogas, fue considerado por la prensa como un simple aparcacoches”.

Adriano Magalhães da Nóbrega fue un policía excepcional y luego un delincuente excepcional. Instructor del cuerpo que protagonizó la película Tropa de Élite, se convirtió en criminal hace años, tras salir de prisión en 2006. En 2018 fue interrogado por el asesinato de la concejala Marielle Franco y el domingo pasado murió abatido en una operación policial. Tenía 43 años.


La sospecha de queima de arquivo fue inmediata. Así se llama en el portugués de Brasil a la eliminación de pruebas o testigos. Una sospecha que dibuja un final de película para una vida de telenovela de terror. Considerado valiente y violento por sus pares, el capitán Adriano encarnaba las cloacas de Río, según el veterano reportero de Globo Chico Otavio. Una tupida maraña de relaciones turbias entre la policía, el crimen organizado y la política tras la fachada de playas espectaculares, carnaval y caipirinha. “Río es hoy como el Chicago de los años veinte o el Nueva York de los ochenta”, dice Jacqueline Muniz, doctora en Estudios Policiales.

El capitán Adriano era uno de los hombres más buscados de Brasil. Aunque se topó con la ley varias veces, al morir estaba limpio, al menos en los registros oficiales. Sus antecedentes penales se evaporaron porque fue condenado por asesinar al guardacoches pero luego fue absuelto. Tampoco fue procesado en el caso Marielle (por el que está encarcelado otro antiguo policía militar). Y aunque era sospechoso de varios asesinatos más, el contacto que tenía con el ahora senador Flavio Bolsonaro era indirecto pero reciente: hasta 2018, el hijo del presidente brasileño empleó en su gabinete a la madre y la exesposa de este policía expulsado del cuerpo en 2014. Bolsonaro padre ha declarado este sábado que cuando Flavio le propuso para la medalla "era un héroe de la Policía Militar".

Tras la muerte de Adriano, Flavio Bolsonaro solo rompió su silencio para denunciar a través de Twitter que iban a incinerar el cadáver del expolicía. Un juez evitó la cremación.

El capitán Adriano llevaba menos de un día escondido en la casa donde fue abatido por antiguos compañeros. Su abogado dice que estaba nervioso, que temía que lo asesinaran. No se sabe si alguien le avisó de que iban tras él. Lo que sí está confirmado es que el chalé aislado que utilizó como último escondite pertenece a un concejal del partido con el que el jefe del clan Bolsonaro ganó las presidenciales.

Hacía años que aquel policía callado, de 1,77 de altura, musculoso, que sabía montar un AK47 sin mirar las instrucciones, trabajaba para el crimen. “Lo reclutaron en los años 2000. Y pasó a ser jefe de seguridad de los bicheros (organizadores de rifas ilegales) de la familia García”, explica en un café Otavio, el periodista que, junto con una compañera, fue el primero en escribir sobre Adriano. “Ascendió rápido porque era violento y no tenía miedo”, añade. La Fiscalía de Río le acusó hace un año de comandar una banda de asesinos a sueldo llamada Escritorio del Crimen y de liderar una de las llamadas milicias que cada vez dominan más territorio —y electores— en la ciudad.

Son bandas nacidas a finales de los setenta cuando el hampa local, que gestiona loterías ilegales y tragaperras (también ilegales en Brasil), reclutó a los policías que hicieron el trabajo más sucio de represión en la dictadura. Llegaron a las barriadas ofreciendo seguridad comunitaria y pasaron a extorsionar y a monopolizar servicios básicos como el butano, Internet, la televisión por cable o el agua en bidones. En los últimos años ampliaron el negocio a la construcción ilegal. Los grandes eventos que culminaron en 2016 con los Juegos Olímpicos fueron el caldo de cultivo de su expansión hasta controlar la mitad de la ciudad, explica la especialista Muniz, que trabajó para el Gobierno de Lula.

El reportero de Globo explica que los negocios más lucrativos del capitán Adriano en los últimos tiempos eran los préstamos y la construcción ilegal en Piedras Negras, una barriada construida para alojar a las niñeras, jardineros o conductores de los vecinos ricos de las urbanizaciones de la zona de Barra de Tijuca, donde Bolsonaro tienen el chalé familiar. Entre sus vecinos de urbanización estaba el policía militar acusado de dispararle cuatro tiros en la mejilla a la concejal Marielle Franco desde un coche en marcha. De nombre Ronnie Lessa, su trayectoria es similar a la del capitán Adriano. El reportero cuenta que la destreza que requirió aquel atentado fue la razón por la que el ahora fallecido terminó siendo interrogado sobre el asesinato de la concejal. El desplome de un edificio construido ilegalmente en Piedras Negras mató a 24 personas el año pasado.

El profesor José Claudio Alves, que estudia estos grupos milicianos hace tres décadas, conjetura que fue asesinada porque gracias a su trabajo conocía el entramado de estos grupos, porque era más combativa que otros y porque era mujer. “Estos grupos no conviven con ninguna mujer que los intimide”.

La muerte de Marielle tuvo una enorme repercusión que puso el foco en los criminales que antes fueron policías. Los interrogatorios agitaron un avispero. De ahí nació la operación de la Fiscalía bautizada como Los Intocables, que encarceló a una docena de ellos, aunque la pieza más valiosa, Adriano, logró huir. “Estos grupos solo existen porque tienen financiación, apoyo político y porque controlan de manera militarizada áreas muy pobladas”, explica Alves, profesor de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Quien domina el territorio, domina el electorado. Esa es una de las claves, porque en este sistema el dinero de los negocios ilegales sirve para financiar campañas políticas. “Es el mejor dinero, no hay que declararlo”, apunta Muniz. Eso ayuda a entender cómo es que uno de los investigados como posible autor intelectual del asesinato de Marielle sea un concejal carioca en ejercicio. Un concejal que, irónicamente, se apellida Siciliano. Su nombre es Marcelo.

“Hace muchos años que asistimos a una privatización ilegal perversa de la seguridad pública en Río de Janeiro; hace mucho que la policía no patrulla, es una policía de operaciones: lo que hace es trasladar criminales de aquí allá”, dice Muniz. “Se fabrica una guerra para poder subir el precio de los sobornos del alquiler del territorio”, remata. Para no ser unos parias, los señores de esos negocios ilegales presiden escuelas de samba que a fin de mes desfilarán en el carnaval ante Brasil y el mundo.

Todavía no se conoce el informe pericial sobre la muerte del capitán Adriano. Pero fotos publicadas por la revista Veja apuntan a que recibió al menos un tiro a quemarropa. Lo que sabía sobre las cloacas de una de las ciudades más bellas del mundo se lo llevó a la tumba. Ninguno de los milicianos encarcelados ha abierto la boca. Tampoco el acusado de liquidar a Marielle.
https://elpais.com/internacional/2020/0 ... 95401.html

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NotaPublicado: 20 Feb 2020 10:05 
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El senador brasileño Cid Gomes fue disparado la tarde de este miércoles por agentes de la Policía Militar que protestaban en el municipio de Sobral (interior del estado de Ceará, al noreste del país).

Las circunstancias son surrealistas: los agentes estaban encerrados y encapuchados para esconder su identidad dentro de un cuartel, protestando pidiendo aumentos salariales. Harto de ver cómo las calles se quedaban vacías de policías, el senador, natural de esa ciudad, se subió a una máquina excavadora para romper la valla del cuartel y obligarles a trabajar. Megáfono en mano les advirtió: "Tenéis cinco minutos para tomar a vuestros parientes, vuestras esposas e hijos y salir de aquí en paz, cinco minutos, ni uno más".

La ley no permite que los policías vayan a la huelga, por lo que en este tipo de protestas los agentes convocan a sus familiares para que ocupen las puertas de los cuarteles e impidan la salida de vehículos para patrullar.

Después de mucho insistir, el senador puso la excavadora en marcha, y segundos después empezaron los disparos. El político fue herido en el pecho izquierdo. Inicialmente se dijo que fue un disparo de una pelota de goma, pero más tarde su entorno confirmó que fue un disparo de un arma de fuego. Su vida no corre peligro, ya que sus órganos vitales no se vieron afectados, según informó en las redes sociales su hermano Ciro Gomes. Los dos pertenecen al izquierdista Partido Democrático Laborista. Ciro fue candidato en las elecciones que ganó Bolsonaro, quedando en tercera posición.

Pocos minutos después del incidente, uno de los hijos del presidente brasileño el diputado Eduardo Bolsonaro, dijo que el senador había sido insensato al exponer a militares y familiares a un riesgo innecesario, y Ciro respondió: "Tendrán que matarnos antes de permitir que las milicias controlen el estado de Ceará como los canallas de tu familia hicieron con Río de Janeiro". Las milicias son grupos criminales integrados en su mayoría por expolicías y otros agentes del Estado, y a día de hoy controlan enormes regiones en el estado de Río.
Poco a poco la crisis de seguridad de Ceará va tomando dimensión nacional. Desde hace días había protestas de los policías, pero fueron subiendo en virulencia en las últimas horas. En la capital del estado, Fortaleza, tres policías militares fueron detenidos por colegas de la Policía Civil tras acorralar un coche patrulla y pinchar los neumáticos. En la ciudad de Sobral, agentes encapuchados se pasearon por el centro subidos en un coche de la Policía Militar ordenando que todo el comercio bajara las persianas, una práctica común entre el narcotráfico.

Ante el caos reinante, el Gobierno central autorizó el envío a Ceará de hombres de la Fuerza Nacional, un cuerpo especial creado en 2004 formado por policías y bomberos militares que suele actuar en situaciones de crisis. "Recomiendo que se tomen las medidas necesarias para que el movimiento de paralización se acabe lo antes posible", remarcó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro en una carta al gobernador de Ceará, Camilo Santana.
https://www.elmundo.es/internacional/20 ... b456e.html

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NotaPublicado: 23 Feb 2020 09:09 
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La huelga de policías militares en el Estado de Ceará, al noreste de Brasil, ha evolucionado en una escalada de tensión que tuvo su auge el pasado miércoles, cuando Cid Gomes, un prominente senador de dicho estado y opositor al Gobierno de Jair Bolsonaro, recibió dos disparos. La escena entera fue un síntoma de la situación casi surrealista que se vive. El senador, que conducía una excavadora, intentó entrar en un área militar ocupada por encapuchados —supuestamente policías militares— en la ciudad de Sobral y arremetió contra la valla que los separaba y contra los manifestantes que había detrás de ella. Gomes evoluciona favorablemente, pero el episodio ha agravado una crisis que se empezó a dibujar a finales del año pasado, con las negociaciones por el ajuste salarial para un sector que, debido a la posesión de armas de fuego y su carácter militar, tiene prohibido ir a huelga.

En medio de una corporación dividida y una crisis que ha sido explotada hasta la saciedad por los políticos locales y nacionales, el ala más radical de la Policía ha emergido como un nuevo y fortalecido protagonista. El sector más radicalizado está formado principalmente por jóvenes soldados que abanderan un discurso autoritario. Su postura es cada vez más popular entre los policías desde que resurgieron las protestas el pasado martes y su visión de mano dura ha sido aupada por la llegada a la presidencia del ultraderechista Bolsonaro.

Camilo Santana, gobernador de Ceará y militante del Partido de los Trabajadores (la principal formación de oposición) incorporó el año pasado algunas de las demandas de los policías para tratar de aplacar las protestas. Aunque algunas asociaciones ligadas a los agentes aceptaron llegar a un acuerdo, parte de la base lo rechazó y se rebeló. Desde entonces, varios batallones han sido ocupados en diferentes ciudades. Y el clima de pánico se ha apoderado del Estado en vísperas del Carnaval. Hasta este sábado, cuatro policías han sido detenidos y otros 300 son investigados por delitos que van desde la toma de coches patrulla al incendio de vehículos de ciudadanos críticos del movimiento. Se han producido al menos 51 muertes en las últimas 48 horas en la región, cuando el promedio era de seis asesinatos diarios en 2020 hasta entonces, según un estudio de la web G1.

"Ha sido la primera vez en la vida que hemos visto un cuartel ocupado de esa manera. Todos encapuchados. Es imposible saber cuántos de ellos son policías, y si son realmente policías", relató el senador por São Paulo, Major Olímpio, que visitó uno de los batallones ocupados, en Fortaleza. Su declaración sorprende porque, además de haber sido elegido por la base bolsonarista, mantiene vínculos con los policías de São Paulo. Olímpio integró la comitiva de senadores que se desplazó hasta Ceará para buscar una salida a la crisis. El grupo teme que la situación que se vive en Ceará provoque un efecto dominó que desate la violencia en el resto del país, dado que policías de al menos seis Estados también exigen mejoras salariales.

Cuando se ponen los reflectores sobre Ceará, se hace evidente que las distintas estrategias de políticos locales y nacionales han ayudado a que la crisis se trasforme en una bomba de relojería difícil de desactivar. Bolsonaro, principal autoridad del país y elegido con el apoyo de sectores policiales y militares, todavía no ha condenado los motines en las unidades militares de Ceará. En su mensaje semanal en Facebook, el presidente anunció el jueves pasado que había autorizado el envío de las Fuerzas Armadas al noreste y volvió a defender la aprobación en el Parlamento de una amnistía legal anticipada para los militares que participaran en la crisis. Si se aprueba esa amnistía, quienes eventualmente maten a alguien durante la operación, no podrán ser investigados ni castigados.

Horas antes, el exministro Ciro Gomes —militante del Partido Democrático Laborista, hermano del senador tiroteado y rival de Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales— ya había acusado al presidente de apuntalar a los manifestantes más radicalizados. "¿Acaso se atrevería un chico de veintipocos años a disparar así a alguien si no creyese que está al servicio del mayor poder en Brasil?", cuestionó.

La discusión sobre la amnistía ha acaparado tantos reflectores como el motín. El gobernador Santana ―aliado de los hermanos Gomes― ya ha rechazado la propuesta. El Gobierno no ha despedido a ningún huelguista hasta la fecha, pero ya ha anunciado que recortará los sueldos de quienes no acudan a trabajar. Aun así, los policías han decidido que mantendrán los paros. "Los que pueden solucionarlo se están equivocando de estrategia. Ellos [los policías] ahora necesitan luchar para garantizar al menos la amnistía", dice el concejal de Fortaleza, Sargento Reginauro, que construyó su carrera política apoyando movilizaciones policiales en el pasado en Ceará.

La propia existencia del concejal Reginauro demuestra que las tensiones que explotan ahora no son nuevas. La actual crisis reverbera otro movimiento huelguista, de hace casi una década, que influyó en las políticas de seguridad y en la vida política de Ceará. Desde entonces, líderes surgidos de asociaciones policiales compiten por cargos públicos en las elecciones.

Cuando los policías militares de Ceará anunciaron una huelga en diciembre de 2011, Capitão Wagner ―un diputado suplente hasta entonces desconocido más allá de las corporaciones policiales― empezó a despuntar como principal líder del movimiento. Wagner, muy presente en las redes sociales, aglutinaba a su alrededor varias fuerzas de un sector que cuenta con al menos ocho asociaciones representativas. La huelga lo catapultó. Ese mismo año se convirtió en el concejal más votado de la historia de la capital del estado, Fortaleza. Después, conquistó mandatos en la Asamblea Legislativa y en la Cámara Federal. Y, además, ayudó a que al menos otros tres policías ocuparan cargos parlamentarios. Esta semana, Capitão Wagner ha usado las redes para denunciar la "falta de diálogo" del Gobierno con los policías mientras se prepara para disputar la alcaldía de Fortaleza, la quinta ciudad más grande de Brasil, en las elecciones municipales de este año.

"No hay una representación homogénea [en el movimiento de los policías militares de Ceará]. No se puede tratar como si fuese una sola cosa", explica el diputado local Renato Roseno, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, muy activo en el área de seguridad y derechos humanos. Para él, un sector más radicalizado de ese movimiento, compuesto en su mayoría por soldados, estaría operando principalmente en la periferia de la capital y en ciudades del interior. "Hay policías actuando como grupos milicianos, aterrorizando a la población", acusa.

El investigador Luiz Fábio Paiva, de la Universidad Federal de Ceará, insiste en otro punto: el histórico proceso de intervención política en las policías. "Cada nueva gestión tuvo como objeto a la Policía Militar. En Ceará, tuvimos a políticos probando programas de seguridad que interferían en la estructuración de las policías. Eso produce efectos", explica Paiva. El investigador le agrega el peso del escenario político nacional: "Tenemos un Gobierno Federal que estimula la violencia, la agresión contra políticos de la oposición, contra periodistas, contra quienes piensan diferente. Hay que estar pendientes de la repercusión de este discurso en las bases de las policías", advierte.
https://elpais.com/internacional/2020/0 ... 52112.html

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