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Sorpresa de «Txeroki» al ver que sus captores eran «esos turistas españoles»
Una docena de compañeros de los guardias asesinados, Trapero y Centeno, han vigilado en los últimos días al terrorista
Hace casi un año, una mañana helada de diciembre, ocho guardias civiles cargaban a hombros el ataúd de su compañero Raúl Centeno Bayón en el patio de la Dirección General del Instituto Armado, con la rabia y el dolor contenidos a partes iguales. Detrás, todo el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) del Cuerpo arropaba a la familia. Tres días después se repetía el duelo, tras morir en el hospital Fernando Trapero Blázquez, el otro agente que resultó gravemente herido en el atentado de Capbreton.
Algunos de esos guardias tuvieron la oportunidad de mirar de tú a tú la pasada madrugada a quien apretó el gatillo que acabó con la vida de sus amigos. Garikoitz Aspiazu, alias «Txeroki», no sólo se sorprendió de que lo detuvieran. También de no haberse percatado de que esos «turistas españoles» con los que llevaba días cruzándose en un momento u otro durante su estancia en el pequeño pueblo de Cauterets eran guardias civiles.
Cerca de una docena de agentes del GAO, del centenar que trabajan normalmente en Francia, han participado en el seguimiento y detención de «Txeroki», según fuentes de la investigación. Los guardias Fernando Trapero y Raúl Centeno pertenecían a este grupo. Uno de ellos se cruzó de frente horas antes del arresto con el terrorista. En el GAO no existía ninguna duda. De hecho, desde el asesinato de sus compañeros, el Grupo de Apoyo que ha participado en todos los éxitos recientes contra ETA en territorio francés, se había tomado como un empeño personal la captura de los asesinos de dos de sus miembros. Desde el atentado de Capbreton se sospechaba que el jefe de los «comandos» estuvo en el lugar del doble asesinato. La sospecha adquirió carácter de certeza cuando dos miembros del «comando Nafarroa», desarticulado a finales de octubre, declararon que el propio «Txeroki» les dijo que él mató a los guardias civiles.
Los padres de los dos agentes, ambos guardias, fueron los primeros en recibir la noticia desde FranciaLas familias de Raúl Centeno y de Fernando Trapero fueron casi las primeras en enterarse de la captura del sanguinario etarra. Desde la Unidad responsable de las detenciones se llamó a los padres de los agentes, José Centeno y Fernando Trapero, ambos miembros del Cuerpo.
El primero aún sigue en activo, destinado en la Unidad de Protección y Seguridad (Uprose). El segundo ya está en la reserva. José Centeno, al que recordamos besando las dos condecoraciones concedidas a su hijo, comentó horas después del arresto la sensación de «descanso». La palabra satisfacción no entra en el vocabulario de estas familias amputadas por cumplir con su deber. «Nos queda el único consuelo de que al menos no va a matar a nadie más», dijo el padre de Raúl Centeno.
Dos «gaos» vocacionales
Raúl (24 años) y Fernando (23) eran dos vocacionales. El primero se crió correteando por el cuartel de Batalla del Salado (Madrid), donde vivía la familia. Escogió el Grupo de Apoyo Operativo a conciencia, con la mayor ilusión. Como Fernando, pasó un selectivo curso destinado a los mejores. La familia del GAO se partió en dos cuando «Txeroki», según él mismo, acabó con ellos.
Pese a su juventud ya habían participado en delicadas operaciones en el siempre complicado escenario francés. Ambos tenían sendas felicitaciones y ambos sendas propuestas. Fernando era un «polilla» que mamó el servicio en el Colegio de Guardias Jóvenes. A sus familias, la verdadera y la profesional, les queda el pequeño consuelo de ver por fin al asesino en prisión.
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Ya hay sucesor para «Txeroki»: Aitzol Iriondo Aitzol Iriondo Yarza, alias «Gurbitz», lugarteniente de «Txeroki», es un duro entre los duros, otro etarra de la nueva hornada con amplio historial terrorista

Donostiarra de 31 años, Aitzol Iriondo comenzó su carrera terrorista en 1994, cuando fue detenido por los sucesos ocurridos en San Sebastián en protesta por la muerte del etarra José María Igerategi, que perdió la vida al estallarle la bomba que transportaba. En 2002 fue nuevamente detenido, esta vez por la Ertzaintza, durante una operación contra el terrorismo callejero. Sólo unos meses después, en octubre, el pistolero huyó a Francia tras la desarticulación de un «talde» llamado «K-Zelatun», de apoyo al «comando Donosti». Desde entonces se encuadró en la estructura de la banda en Francia.
En ese país está condenado en rebeldía en dos ocasiones, en 2007 y este año. Se le considera un tipo frío, que encarna la línea más dura de la banda, si bien no está demostrada hasta el momento su participación directa en asesinato alguno.
No obstante, algunas fuentes de la lucha antiterrorista consideran, dado su perfil criminal, que podría estar relacionado con tres asesinatos aún sin resolver: el cometido en 2001 en un bar de Lasarte del que fue víctima el concejal socialista Froilán Elespe; el del sargento de la Policía Municipal de Andoain Joseba Pagazaurtundúa, perpetrado en febrero de 2003, y el del presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad. Incluso, hace algunos meses se le consideraba autor de los asesinatos en Capbreton de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero, si bien posteriormente se ha sabido que «Txeroki» asegura que es él el asesino de los agentes del Instituto Armado.
Iriondo, que trasladaba las órdenes de «Txeroki» al «comando Vizcaya», ha dejado su rastro en algunos de los atentados más recientes. El 9 de septiembre del pasado año, la Policía desactivó en Logroño un coche bomba colocado por el «Vizcaya» frente a la delegación de Defensa. En el vehículo aparecieron las huellas del etarra.
En febrero del pasado año se añadió la fotografía de Aitzol Iriondo al cartel de los terroristas más buscados, colocados incluso en Francia. Ayer cayó «Txeroki», su jefe directo; más tarde o más temprano él correrá esa misma suerte.
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¿Golpe «determinante» contra ETA?
ROGELIO ALONSO Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos
LA detención de Garikoitz Aspiazu es, sin duda, una muy buena noticia para la lucha antiterrorista. Sin embargo, conviene matizar la euforia que ha llevado al presidente del Gobierno a calificarla de «determinante». El debilitamiento de la banda que provoca la neutralización de cualquier terrorista se acrecienta cuando éste ocupa una relevante posición en el organigrama, como ocurre con el citado activista. Importante es subrayarlo sin que ello degenere en un erróneo triunfalismo que transmita un análisis equivocado sobre la situación real de una organización terrorista que, desgraciadamente, aún tiene capacidad de infligir daño. Valorar el positivo alcance de esta detención requiere una necesaria prudencia sobre las consecuencias de la misma para ETA. Así debe ser porque el acoso policial no siempre se ha visto complementado con la acción política que debía apuntalar la abnegada y exitosa labor de los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La experiencia reciente lo confirma y obliga a plantear reflexiones que eviten la repetición de errores cometidos en el pasado.
En octubre de 2004, la policía asestaba un golpe de gran magnitud al detener en Francia a Mikel Antza y Soledad Iparraguirre, máximos dirigentes de la banda. En agosto de 2004 otro prominente activista, Francisco Múgica Garmendia, junto con otros destacados presos, admitía que «nunca en la historia de esta organización nos hemos encontrado tan mal». Aceptaban por ello «la incapacidad de potenciar la lucha armada y la imposibilidad de acumular fuerzas que posibiliten la negociación en última instancia con el poder central». Sin embargo, en tan delicado momento para la banda como resultado de una asfixiante presión policial y judicial, el gobierno español entabló negociaciones con ETA, debilitando a los etarras que exigían el final de la violencia sin contrapartidas. Al contrario de lo que mantuvo Zapatero al defender el diálogo con ETA, esa política no contribuyó al final del terrorismo, sino que lo incentivó. La negociación con ETA demostró que el gobierno estaba dispuesto a poner en suspenso sus instrumentos de coacción, asumiendo por tanto parte de los planteamientos terroristas.
El gobierno justifica ese experimento aludiendo a unas voluntariosas intenciones que, no obstante, tuvieron negativos efectos al fortalecer la moral de los terroristas. Estos han interpretado que su violencia forzó al gobierno a abandonar el Pacto por las Libertades y que el terrorismo fue recompensado con unas negociaciones en las que el marco jurídico y político iba a negociarse al margen de las instituciones democráticas. La documentación de la banda es inequívoca a este respecto, confirmando esa interpretación favorable para los terroristas y la inexistencia de fisuras en relación con su decisión de romper la tregua. Además, en el debate interno que siguió a dicha ruptura se recomendaba intensificar la violencia «como vía de presión».
La negociación ha dañado la credibilidad del gobierno en un frente como el propagandístico del que también depende el debilitamiento de ETA. Los textos de la banda y del diario Gara abundan en esta cuestión, como refleja un artículo de febrero de 2008 titulado «No negociarás», el primer mandamiento del candidato. En él se exponen las contradicciones de sucesivos políticos españoles que tras oponerse categóricamente al diálogo con la banda han terminado por propugnarlo. Esa incoherencia se destaca a menudo en un diario utilizado por los terroristas para potenciar su cohesión ante las dificultades. Numerosos han sido los artículos en los que se ha contrarrestado el impacto de los sucesivos éxitos policiales con la expectativa de una inevitable negociación. El propio Gobierno y quienes defendieron la negociación han reforzado esa lógica: ¿por qué han de ser determinantes los descabezamientos de ETA si se ha reconocido que en última instancia el diálogo es necesario para acabar con el terrorismo y que al final el gobierno siempre vuelve a la mesa de negociación?
En ese contexto, para el terrorista y su entorno las contundentes declaraciones con las que ahora se niega cualquier diálogo futuro adolecen de suficiente credibilidad. La organización terrorista recuerda que esa firmeza también se manifestó en el pasado para revelarse únicamente aparente. A modo de ejemplo, el 23 de mayo de 2005 María Teresa Fernández de la Vega advertía que a la banda «sólo le queda la deposición de las armas y el abandono definitivo de la violencia», recalcando que «sólo a partir de ahí se podrán explorar las vías de diálogo». No fue esa la única incongruencia de quienes aceptaron compaginar negociación y violencia, sentando un precedente del que ahora se vale la banda para intentar capear las adversidades. Así lo exponía el editorial de un diario que apoyó la negociación entre el gobierno y ETA a pesar de incumplirse el mandato del Congreso español que exigía unas premisas que jamás existieron.
Con el significativo título de «Ilegalizar, deslegitimar» («El País» 19/9/2008), este periódico reconocía implícitamente que la tolerancia del gobierno hacia partidos políticos instrumentalizados por ETA había legitimado a la banda. Así, en relación con la ilegalización de ANV, el diario admitió finalmente: «Los indicios de que Batasuna había colonizado ese viejo partido para burlar la ley eran abrumadores, y aun así el Gobierno y la fiscalía sólo instaron la ilegalización de la mitad de sus listas. Se invocaron para ello razones jurídicas, aunque era obvio que la decisión estaba condicionada por el deseo de evitar la ruptura definitiva de la ya agonizante tregua. Hoy es evidente que, además de incoherente jurídicamente (un partido no puede ser en parte legal y en parte ilegal), fue un mal cálculo». Así pues, tras legitimar a los criminales, la política antiterrorista debía recuperar su deslegitimación. Estas inconsistencias no le pasan desapercibidas a una organización terrorista que recurre a una larga tradición de contactos para justificar que el terrorismo etarra constantemente obtiene la recompensa de una nueva negociación pese a las promesas de sucesivos gobiernos de que nunca va a ser así. Esos antecedentes y las expectativas que generan le reportan a ETA aliento y réditos en momentos de debilidad.
En consecuencia, nuestra experiencia antiterrorista revela que la política y los políticos son los que a menudo han entorpecido el excelente trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desgraciadamente en ocasiones la eficacia de los cuerpos policiales se ha visto comprometida por maniobras e intereses políticos que han subestimado e incluso despreciado la paciente profesionalidad de quienes mejor conocen a los terroristas. De ese modo se ha obstaculizado la materialización de aquella premonición del etarra Domingo Iturbe: «Primero nos detendrán a nosotros, después cogerán las armas y los zulos y por último nos cogerán el dinero. Entonces no habrá nada que negociar».
Ésta y similares confesiones de otros etarras confirman que el final de ETA es posible sin una negociación que siempre ha servido para eludir la derrota de los terroristas cuando más debilitados se encontraban. Por ello, frente a pulsiones coyunturales de los políticos, la política antiterrorista exige una continuidad y una determinación inalterables en el tiempo que en décadas de democracia jamás hemos conocido. Las progresivas lecciones aprendidas demuestran que una presión firme e integral en todos los frentes en los que actúa ETA la debilita sobremanera. Pero también hemos contemplado cómo dicha presión política, policial, social, judicial e ideológica se aplaca cuando la expectativa de derrota se sustituye por el diálogo. La esperanza para ETA derivada de esos escenarios de negociación ha impedido que otras importantes detenciones hayan llegado a ser tan «determinantes» como desearíamos. Existe pues una enorme responsabilidad política para que las victorias frente a ETA que con tanto sacrificio se obtienen no pierdan su valor por culpa de los decisores políticos.
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La milicia es una religión de hombres honrados.
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Pedro Calderón de la Barca. Soldado de Infantería Español.
