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 Asunto: Noticias
NotaPublicado: 07 Ene 2019 10:04 
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La nueva ley de contratación pública se va aplicando con trompicones. En los primeros meses en vigor, se publicaron unos 550 concursos sobre seguridad privada por todas las administraciones de los que 181 no cumplían la exigencia de que el precio no pesara más del 49% en la baremación final, según los cálculos del observatorio creado por la patronal de grandes empresas del sector, Aproser, y los sindicatos UGT, CC OO y USO. La mayoría de esos problemas, más del 75%, se subsanan en el periodo de alegaciones, apuntan en el propio observatorio. El Ministerio de Hacienda señala, por su parte, que los concursos que supervisa —contratos de seguridad centralizados en Madrid de la Administración estatal— sí se ajustaban a la norma.

Desde el 9 de marzo de 2018, las subcontratas nuevas de la Administración cuando salen a concurso no pueden asignarle al precio más del 49% de la baremación final. También deben dar preferencia a las empresas que respeten el convenio sectorial frente al de empresa. El objetivo es evitar que se deterioren las condiciones laborales de los trabajadores de esas compañías.

Esto se está cumpliendo en la mayor parte de ocasiones. Pero hay un porcentaje de incumplimientos en la fase inicial, denuncian desde el observatorio de la seguridad privada. Este órgano, que agrupa principalmente a las grandes empresas del sector, calcula que en 181 de 550 (el 33%) concursos analizados entre mayo y octubre pasado el peso del precio superaba esos 49 puntos porcentuales que marca la ley. Ninguna administración destaca especialmente. Sobre los contratos vigentes adjudicados con la norma antigua, Hacienda aclara que no tienen porqué cumplir este requisito todavía.

Cuando detectan esto, en el observatorio han optado por advertir a la administración de turno, señalan que no hay una que destaque sobre otras por su incumplimiento, sin llegar a los tribunales. Tras esa alegación, la mayor parte de veces se corrige, entre el 75% y el 80% de las veces, como en la Diputación de Palencia, y en otras incluso se desiste y se comienza un nuevo procedimiento, como ha sucedido en Patrimonio Nacional.

"No vamos a juicio porque no queremos que el sector esté judicializado y paralizado. Preferimos ayudar cuando detectamos que hay algún problema", apuntan desde la patronal Aproser y desde el observatorio, mostrando un listado de los procesos analizados sin enseñar los nombres de las administraciones afectadas, argumentan que no quieren que haya conflictividad de ningún tipo. En su opinión, esta situación se está dando por "costumbre", no por mala fe.
Mucha inercia

Comparte esta visión José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, experto en contratación pública. "Hay mucha inercia. Está costando la idea de que entre la calidad", ahonda, tras señalar que él no ha hecho un seguimiento cuantitativo de las cifras de contratación desde que la nueva ley entró en vigor, pero sí subraya que las del observatorio le parecen verosímiles.

También otra patronal como la de limpieza pública, Aselip, destacan que es una ley "muy complicada, que tuvo 1.070 enmiendas", y eso podría dificultar su aplicación. Aunque añaden: "Se sigue priorizando el precio y así no hay margen para la innovación, en el que las empresas españolas somos punteras".

Frente a la visión de las patronales, Diego Giráldez, de UGT, sindicato más representativo del sector, es más comprensivo. Subraya que los incumplimientos tras las rectificaciones son muy pocos. Cree que la nueva ley ha respondido a bastantes de sus reclamaciones. Aunque subraya que "los precios siguen siendo bajos en la seguridad privada" y eso, en un sector en que el 90% del coste es mano de obra, repercute en los sueldos.
https://elpais.com/economia/2018/12/31/ ... 43058.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 30 Ene 2019 09:31 
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La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.

Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.

https://www.cope.es/actualidad/espan...0190129_342152
stonewall escribió:
Bueno, mientras no saquen agentes de las calles para ponerlos en un centro de CCTV o en una garita...

Si, pero no.
En mi Zona había un plan para sacar a patrullar a los compañeros del Núcleo de Servicios cuando se equiparase su CES al de Seguridad Ciudadana (ahora cobran menos) pero viendo esta noticia las cosas seguirán como hasta ahora.-

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 15 Mar 2019 14:36 
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AUGC ha conocido que el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se prorrogará cuando finalice el próximo 31 de mayo, en principio durante siete meses hasta el 31 de diciembre, pero seguramente más allá de ese plazo, porque “hasta la fecha no se ha valorado la continuidad o extinción de dicho contrato”, según Interior.

Así, el Gobierno contraviene sus propios posicionamientos en esta materia, porque desde que se inició el proceso privatizador en 2013 el PSOE ha venido pronunciándose pública y reiteradamente en contra. De hecho, en febrero del año pasado el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso, a propuesta de AUGC, una Proposición No de Ley para “instar al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, ahora el Ejecutivo se contradice a sí mismo y prorroga el contrato dilapidando 21 millones de euros que se sumarán a los 60 millones gastados en el periodo anual que finaliza en mayo de este año, y totalizando más de 210 millones desde que se inició esta privatización de servicios públicos. AUGC reclama al gobierno que sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso hace unas semanas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, dijo que la intención del gobierno es ir rescindiendo poco a poco el contrato a medida que se vayan reponiendo efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para cubrir esas funciones. Pero se trata de un burdo pretexto que además denota su profundo desconocimiento de la situación real, porque la contratación de vigilantes privados no ha conllevado la reducción de las plantillas de los cuerpos estatales encargadas de la seguridad exterior en los centros penitenciarios, sino que están desempeñando cometidos duplicados e innecesarios.

Lo cierto es que ese ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

De hecho, la seguridad privada ya supera en número de efectivos al cuerpo policial con mayor plantilla, la Guardia Civil, dato sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras el sector privado crece considerablemente, las FCSE sin embargo van mermando, como ocurre con la Guardia Civil, cuyos 82.692 efectivos de 2011 han ido disminuyendo hasta los 76.806 en 2018, según datos facilitados por el propio gobierno, y en la misma situación se encuentra la Policía Nacional.

No en vano, como ha reconocido la propia patronal, un considerable porcentaje de la facturación del sector de la seguridad privada procede de contratos con la Administración Pública, y sus previsiones son aún mejores tras la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.

Y ello a pesar de las experiencias negativas en otros países, como Estados Unidos, donde se comprobó que la seguridad penitenciaria privada es más insegura, costosa y problemática que la pública. Y en nuestro país también tenemos ejemplos, como lo sucedido en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se echó mano de los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados. Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.
https://www.augc.org/news/2019/3/14

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 08 Jun 2019 14:30 
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Tercer episodio de la serie “Festivalandia”. En este “Un día en el Viña” conoceremos de primera mano cómo son las condiciones de trabajo de algunas de las personas de seguridad que trabajaron en la edición del festival Viña-Rock de este año. Jornadas de más de 12 horas, al sol, sin apenas agua, donde el aseo estaba entre un par de coches del parking y todo por 4 euros la hora. Así trabajan las personas que miran por la seguridad en las zonas de acampada y controlan el acceso de vehículos al recinto dónde se realiza el festival:
https://www.publico.es/historias-para-n ... en-el-vina

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 03 Jul 2019 20:56 
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Eulen Seguridad quiere reforzar su plantilla de cara al verano. La división del Grupo Eulen busca incorporar de manera inmediata a más de 350 vigilantes de seguridad en varias zonas de España.

Por zonas geográficas, destaca la gran oferta en Barcelona, donde se precisan un total de 200 vigilantes; 65 en la Comunidad Valenciana, 60 en Madrid y 10 en Baleares, entre otros.

Aunque estas incorporaciones están orientadas al verano son de carácter estable de acuerdo a los servicios que la compañía presta en las principales empresas y administraciones del país. La tipología de puestos vacantes es muy diversa y las personas interesadas en formar parte de la plantilla de Eulen pueden elegir aquellas que mejor se adapten a su situación actual.

Requisitos para el puesto

Para los puestos de vigilantes es necesario estar en posesión de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de Vigilante de Seguridad en vigor. En este sentido, si el candidato no dispone de la TIP, puede contactar con Eulen Seguridad para formarse con la empresa y acceder a un empleo estable.

Además, la compañía dispone de un canal directo para recibir y gestionar las candidaturas de sus ofertas de empleo, así como a través del siguiente enlace de portales de empleo como InfoJobs o en la página web del grupo, seleccionado en la pestaña de Organización, “Seguridad”.

Eulen se se confirma así como una marca de gran empleador dentro del sector y en nuestro país, ya que en la actualidad cuenta con más de 6.700 vigilantes en todo el territorio nacional.
https://okdiario.com/economia/eulen-bus ... io-4327735

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 13 Jul 2019 12:03 
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Francisco Ocaña y sus 16 compañeros vigilantes de seguridad en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla se frotaban los ojos hace dos meses cuando su nueva empresa, RMD, les contó que debían renunciar a su antigüedad como trabajadores o iban a la calle. Algunos de ellos con 28 años acumulados en el puesto. “En casa me preguntaban ‘¿cómo estando en el Ministerio de Trabajo, que vigila por que las empresas cumplan sus obligaciones, os van a hacer esa barrabasada? Es imposible’. Y ni yo me lo creía”, relata. Pero tras semanas de incredulidad, los 17 vigilantes vieron que la realidad se imponía y eran despedidos por la firma ganadora del concurso de 586.060 euros al año ofertado por el Ministerio de Trabajo, responsable último de su paradoja laboral.


Llueve sobre mojado para estos 17 guardas de seguridad. Su anterior empresa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, propiedad del polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad, les dejó una deuda en salarios impagados que ronda los 150.000 euros, según estiman los sindicatos. En paralelo, en 2017 el Ministerio de Trabajo denunció a Sinergias ante la Fiscalía después de haber propuesto sancionarla por fraude a la Seguridad Social.

Con esos precedentes, el pasado mayo los 17 trabajadores recibieron la propuesta de RMD para rebajarse el sueldo medio de 1.368 euros a 1.168 euros en 15 pagas al año. “Cuando llegó la hora de subrogarnos, RMD me exigió renunciar a 25 años de antigüedad, reiniciar de cero sabiendo que con la baja voluntaria la empresa te puede coger, o no. Aun estando la ley de nuestro lado”, insiste Ocaña, a quien Sinergias le adeuda 14.000 euros por salarios atrasados. Después de que la firma entrara en concurso de acreedores hace dos meses, el impago corresponde ahora al administrador concursal.

Tanto la Ley de Contratos del Sector Público, como el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de empresas de seguridad estipulan que RMD debe subrogar a los trabajadores despedidos. “El Ministerio acepta el incumplimiento del contrato y nosotros estamos desamparados. Si lo hace Tesorería, ¿qué no harán las empresas? Además, la Inspección de Trabajo debería haber actuado de oficio”, se lamenta el vigilante Carlos García. El incumplimiento ha provocado que los siete sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad se hayan unido en una plataforma para obligar a Trabajo a reaccionar y denunciar los despidos.

“RMD entiende que la situación no la provocamos nosotros, sino Sinergias, y que hemos actuado conforme a convenio. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad pero sí derecho al pataleo porque han perdido sus empleos. El grueso del problema es la falta de documentación desde Sinergias para la subrogación y que hay irregularidades en las nóminas, con pluses no computados en el coste de los empleados", alega Ismael Fernández, jefe de seguridad de RMD. Y añade: "La Tesorería es conocedora de todos los pasos que hemos dado. Esto terminará en un juzgado y si el juez determina que tienen razón, pues volverán a sus puestos”. Fernández asegura que sus 17 nuevos empleados están contratados bajo el convenio estatal de la seguridad. La firma cuenta con unos 500 trabajadores en todo el país y mantiene contratos con diversas Administraciones, del Estado, autonomías y Ayuntamientos.

Para el Ministerio de Trabajo la resolución del problema no está en su mano. “Es una cuestión de la empresa y ningún pliego contempla la obligatoriedad de subrogarse (…) La subrogación en los trabajadores excede de las competencias de la Administración, siendo un asunto exclusivo entre la empresa cesante y la nueva adjudicataria”, arguye un portavoz. Trabajo se escuda en el punto 22.1.5 del pliego del contrato, que establece: “El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario (…) siendo la Tesorería General de la Seguridad Social ajena a dichas relaciones laborales”.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú considera que el Ministerio, como órgano de contratación y garante del interés público del contrato, es responsable y tiene potestad para anularlo, en tanto incumple condiciones esenciales de la licitación y la prestación. “Es una actuación contraria a la vigente Ley de Contratos del Sector Público y su interpretación es en fraude de ley, pues lo que la ley pretende es la calidad y estabilidad en el empleo de las contratas públicas. El incumplimiento de esta finalidad sería motivo de resolución del contrato, con imposición incluso de penalidades”. El experto añade: “Cuando el legislador dice que la empresa debe subrogarlos a todos, existe un incumplimiento contractual si el resultado es el contrario. La empresa incumple, así, una condición esencial de la contratación, con lo cual sería ya causa de resolución”.

La nueva Ley de Contratos de 2017 [aprobada con el voto a favor de todas las fuerzas salvo la abstención del PSOE] buscaba la protección de la calidad y estabilidad del empleo. “Lo que pretende la empresa se aleja del espíritu y de la letra de la nueva normativa del 2017”, estima Gimeno Feliú.

En paralelo, el Tribunal Supremo revirtió el pasado noviembre el sistema de contratas de servicios y fijó en sentencia que las adjudicatarias deben asumir las deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social de sus predecesoras, además de las de los trabajadores. Hasta el pasado otoño la ley obligaba a las empresas a subrogar a los trabajadores con más de siete meses de contrato, pero ahora también las deudas arrastradas corresponden al nuevo contratista, según el alto tribunal. Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada en UGT, apunta: “El giro afecta a un millón de trabajadores de limpieza, call centers y dependencia. Estamos esperando que el Gobierno garantice que sean firmes las certificaciones de Tesorería y Hacienda sobre el corriente de pagos y los aplazamientos. O bien una modificación legislativa que afecte al Estatuto de los Trabajadores”.
La empresa ‘low cost’ líder en seguridad, en concurso

Sinergias de Vigilancia y Seguridad rompió el mercado de la seguridad privada hace siete años, al abrigo de la reforma laboral del PP, con sueldos base de 660 euros que solo con los complementos superaba el salario mínimo. El artífice de Sinergias, el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, contó con una plantilla de 3.500 empleados y acumuló hasta ocho millones en adjudicaciones del Ministerio de Trabajo para la vigilancia de sus edificios oficiales.

Hace dos meses Sinergias presentó concurso de acreedores, aunque mantiene contratos con el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canarias y varios Ayuntamientos. Las Administraciones están en vías de anular las concesiones en vigor para volverlas a sacar a concurso, dados los impagos de nóminas a los trabajadores. “El Fogasa está pagando ahora”, confirma José Manuel Ojeda, de CC OO en las islas. Este diario ha intentado sin éxito contactar con Ramírez.

En paralelo, el Tribunal Supremo anuló en febrero el convenio colectivo de Sinergias firmado en 2015 al ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional que ya lo había decretado ilegal. La firma de este convenio se produjo gracias a la creación de un comité de trabajadores afín a la empresa y a que la reforma laboral de 2012 primaba los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, y esto permitió a Sinergias congelar los sueldos durante el primer lustro. “Su único fin era disminuir las condiciones laborales de la plantilla con el ánimo de abaratar costes para hacer más competitiva a la empresa”, denunció esta primavera UGT.
https://elpais.com/economia/2019/07/04/ ... 69934.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 26 Sep 2019 18:45 
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La Audiencia Nacional ha condenado a CC OO, UGT y USO por haber firmado los convenios colectivos de Prosegur y Securitas en los que se "anulaba" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) había demandado a los tres sindicatos para impugnar estos dos convenios colectivos. En concreto, CSIF asegura que en ambos convenios colectivos, aprobados y firmados por CC OO, UGT y USO, se suprimen los extra de transporte y vestimenta para compensar la subida del SMI.

Desde que entró en vigor el real decreto de subida del salario mínimo a 900 euros el pasado 1 de enero, estas dos empresas de seguridad sistemáticamente eliminaron los pluses que sus trabajadores recibían, que rondaban los 40 euros mensuales, para pasar así a integrarlos en el salario base, según denunció CSIF. A finales de abril, añade el sindicato, CC OO, UGT, USO y estas empresas de seguridad firmaron el convenio colectivo en el que se recogía la eliminación de estos pluses con carácter retroactivo a 1 de enero.

En este contexto, la Audiencia Nacionalda la razón a CSIF y les recuerda en la sentencia que la compensación y absorción de los pluses de transporte y vestuario con el nuevo salario base tras la subida del SMI "no es posible". "No es posible legalmente compensar y absorber un concepto salarial y pluses extra salariales por cuanto el Estatuto de los Trabajadores contempla únicamente la compensación y absorción entre salarios, al igual que ocurre con el SMI", apunta la sentencia. Poves ha explicado que las sentencias de la Audiencia Nacional no anulan los nuevos convenios ni la eliminación de los pluses desde su entrada en vigor, en junio, pero sí la aplicación con retroactividad desde el 1 de enero.

La Audiencia Nacional afirma que lo que hicieron ambas empresas en su convenio colectivo es "una técnica de neutralización" de los incrementos, de manera que el salario percibido realmente por la persona trabajadora no varía en este caso tras la aplicación del real decreto de subida del SMI.

El portavoz de CSIF, Pedro Poves, ha criticado que CC OO y UGT actúen "de una manera de cara a la galería", pero ha afirmado que en la práctica "se comportan de manera distinta". Los tres sindicatos firmaron este acuerdo, según CSIF, justificando que se trataba de "evitar una pérdida de competitividad de las empresas con resultados negativos para el mantenimiento del empleo".

CSIF, por su parte, ha rechazado esta premisa, porque "se trata de las dos principales empresas de seguridad de este país" y ambas tienen "las cuentas saneadas". Para conseguir la devolución de los extra de enero a mayo, los trabajadores afectados en ambas empresas tendrán que recurrir ante un juzgado de lo social de forma individual. Según CSIF, en España existen actualmente más de 8.000 trabajadores afectados por esta situación.
https://elpais.com/economia/2019/09/26/ ... 94663.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 12 Nov 2019 19:47 
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Los más de 16.000 vigilantes, auxiliares y técnicos de Securitas en España lucirán una imagen totalmente nueva tras 27 años. La división española de la multinacional sueca de soluciones de seguridad se convierte en la primera dentro de las 58 que conforman el Grupo Securitas en acometer este ambicioso cambio de imagen, que servirá de modelo a otros países y que ha supuesto una inversión de cinco millones de euros.

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El joven diseñador español Rubén Gómez, ganador del tercer Samsung Ego Innovation Project por sus prendas tecnológicas, ha sido el encargado de proyectar las nuevas uniformidades, para cuya producción se ha contado con la gran experiencia en calidad y sostenibilidad de los especialistas en vestuario profesional de El Corte Inglés Empresas.

Además de mejorar la comodidad y la estética de su personal, la nueva imagen pretende reflejar con un estilo contemporáneo el profundo cambio experimentado por Securitas España en los últimos años, con una estrategia basada en la incorporación de tecnologías innovadoras al campo de la seguridad, en la mejora y digitalización de los servicios de vigilancia y en la integración de ambos elementos en soluciones personalizadas para cada cliente.

Para Zacarías Erimias, Consejero Delegado de Securitas Seguridad España, “la nueva imagen es sólo un paso más en un proceso de transformación basado en la incorporación de las nuevas tecnologías a todas nuestras líneas de negocio. Una transformación cuyo éxito demuestran los resultados obtenidos en los últimos años pero que no se reflejaba aún en la indumentaria de los miles de personas que representan a Securitas ante nuestros clientes directos y ante la sociedad en general que es nuestro cliente final”.

Tejidos flexibles y termorreguladores para un diseño más cercano

El diseño de los nuevos uniformes ha partido de dos premisas fundamentales. Por un lado, garantizar la comodidad y seguridad de los profesionales de Securitas con prendas técnicas y funcionales. Por otro, conseguir una estética moderna que resultara más integrada y amable en los variados contextos donde actúan los distintos colectivos.

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“Securitas nos pidió que integráramos su cambio tecnológico en los uniformes, como elemento clave de su nueva imagen. Al investigar el tema nos dimos cuenta de que el camino de la innovación lo marcaban en buena medida los avances de la tecnología textil para prendas deportivas. Por eso, hemos utilizado tejidos y soluciones provenientes por ejemplo de los mundos de la montaña o del running” comenta Rubén Gómez.

Así, en los uniformes de los vigilantes de seguridad se ha optado por tejidos termorreguladores o reflectantes de los rayos solares mientras que los de los técnicos de instalación y mantenimiento de tecnología incorporan fibra de carbono para evitar la electricidad estática. Todas las prendas usan tejidos más confortables que se ciñen o se ensanchan dependiendo de la parte del cuerpo y de la función de la prenda. Las diferentes propiedades de transpirabilidad, impermeabilidad o resistencia de cada tejido han sido sometidas a intensivas pruebas en los laboratorios de El Corte Inglés Empresas.

Estéticamente, los uniformes responden a los conceptos de unidad y cercanía, con una silueta común a todas las indumentarias y mucho más liviana que se transforma dependiendo de las necesidades de cada colectivo y que, manteniendo la visibilidad y la diferenciación de los profesionales del área operativa de Securitas, respira ergonomía y en general una nueva forma de entender la seguridad más preventiva, digital, predictiva y cercana a la ciudadanía.

SPV califica como “deficiente” la implantación de la nueva uniformidad en Securitas Sevilla

17 de octubre de 2019

La representación de SPV Sevilla en la empresa Securitas calificamos como “deficiente” la implantación de la nueva uniformidad anunciada a bombo y platillo para inicios del pasado mes de junio.

A pesar de haber colaborado con la dirección de la empresa en todo lo posible para que el cambio a la nueva uniformidad de Securitas fuera un éxito, asistiendo a las reuniones informativas convocadas y trasladando a la plantilla todas las indicaciones sobre este asunto, desde SPV consideramos que este proceso ha tenido grandes carencias en la delegación de Sevilla. Ha pasado ya todo un verano sin llegar a garantizarse que la totalidad de la plantilla afectada por el cambio se le dotara de la nueva ropa. Las razones esgrimidas desde la operativa es que era mucho personal para vestir, que se iba a realizar escalonadamente por servicios, que en breve iba a llegar el tallaje que faltaba etc. A este asunto hay que añadirle las quejas de los trabajadores por la rareza y la escasa calidad de algunas prendas. Unos polos de verano con cuellos extra-largos, nada prácticos en localidades con Sevilla, donde las temperaturas superan sobradamente los 40 grados, y unos pantalones que se le rajaban las costuras a las primeras de cambio, han sido los comentarios más repetidos.

Lo que tenía que haber sido un cambio operativo y visual, después de 25 años de presencia en el mercado español, y llegado el momento de actualizar la imagen corporativa de Securitas, ha derivado en una operación deficiente. Así ha pasado cuando en un mismo entorno había trabajadores, unos vestidos “a lo moderno y otros a lo viejo”, o como cuando como motivo de algún gran evento se ha presentado el personal cada uno con la ropa que tenía, o más recientemente con motivo de las prácticas de tiro, donde el personal ha ido de lo más variopinto, con si se tratara de una exhibición de las múltiples formas de vestir que pueden darse en Securitas, incluidas la uniformidad vieja y la nueva. Abundando en lo errático de este asunto, en el reparto para la temporada de invierno, siguen faltando algunas tallas y género. Y los trabajadores nos siguen trasladando las mismas quejas, ropa de baja calidad y mal diseñada, como es el caso del chaquetón, con unos fallos de bulto en su elaboración, que lo hacen poco práctico e inoperativo para el personal de seguridad privada.

Es nuestro deber atender vuestras quejas y trasladarlas para que así queden constancia. Para eso nos habéis elegido. Y el cambio a la nueva imagen de Securitas en Sevilla ha sido cualquier cosa menos modélico. Las consultas o quejas sobre este u otros temas, las podéis canalizar a través del correo [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] y serán atendidas de forma totalmente anónima.
https://nosoyunesclavo.foroactivo.com/t ... no-de-2019

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 02 Jul 2020 15:54 
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La vallisoletana Mancomunidad Campo de Peñafiel, que preside Eduardo Benito, alcalde de Fompedraza, ha contratado seguridad privada para proteger los bienes de los ayuntamientos que la integran, que representan a 19 localidades y cinco pedanías.

Benito reconoce que además de reforzar la seguridad de las propiedades consistoriales, apoyando la tarea de la Guardia Civil, «cuya labor es encomiable», se trata de una medida reivindicativa ante la disminución de los efectivos de la Benemérita en los últimos años en la comarca. Así, el objetivo es «demandar que aumenten los agentes», cubriéndose las vacantes «de los que se han ido en los últimos tiempos» de los cuarteles de Peñafiel y Piñel de Abajo.

El presidente de la mancomunidad reconoce que durante los meses de confinamiento «la delincuencia ha bajado mucho» a nivel general, pero sus previsiones son que con la vuelta a la normalidad «los robos» vuelvan a repuntar también en las zonas rurales, más vulnerables.

El servicio, que arrancó ayer, se realizará durante un año –en principio– de lunes a domingo y en horario de noche. Se organizará por zonas que congreguen a varios municipios, elegidos de forma aleatoria y sin una rutina preestablecida «para que los amigos de lo ajeno lo tengan un poco más difícil», señala el responsable de la mancomunidad.

Los vigilantes no irán armados, pero dispondrán de los instrumentos necesarios para, además de alertar a la Guardia Civil de inmediato si detectan un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, reforzar su testimonio en caso de que sean requeridos para testificar ante un juez.

«La seguridad que tenemos en los pueblos viene por todo el trabajo que hacía la Guardia Civil, tanto por el día como por la noche, y la falta de robos se debía precisamente al trabajo que realizaban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El problema viene cuando deciden que dejemos de tener el número de guardias civiles que teníamos. Mantienen algunos agentes por si acaso, pero al final te sientes indefenso», resume el regidor.
La intención es que sea provisional

«La tarea principal de la mancomunidad es la recogida de residuos, pero también podemos apoyar un poco más a la comarca de esta forma. Desde lo poquito que podemos hacer, pues nuestros recursos son limitados y en nuestro ámbito de acción tampoco te dejan hacer más, hemos decido contratar seguridad privada», sentencia.

El deseo de Benito es que «dentro de un año no sea necesario el servicio» porque haya más guardias civiles. «La intención es que sea algo provisional y que los alcaldes donde hay cuarteles tengan el apoyo del resto de pueblos en la reivindicación de más agentes y patrullas», sintetiza.
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