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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 26 Sep 2020 13:54 
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Patronal y sindicatos de la seguridad privada han llegado a un acuerdo salarial que supondrá una subida del 1% para el año 2021 y que beneficiará a 80.000 trabajadores. El pacto ha sido rubricado por las asociaciones empresariales APROSER y ASECOPS, el sindicato UGT, mayoritario en la mesa negociadora, y USO.

Desde UGT han destacado el valor del acuerdo, ya que llega en una situación y un momento desfavorable tanto sanitaria como económicamente. Para el sindicato, mantener en vigor el convenio sectorial así como garantizar y mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas del colectivo partía como objetivo primordial de la negociación que con vigencia de un año de duración y un incremento salarial del 1% «debe servir para tratar elementos de reconstrucción que serán vitales para el presente y futuro próximo de la empleabilidad y mantenimiento de la actividad».

Según han avanzado, el ingreso en la profesión desde la formación profesional, coeficientes reductores sobre jubilación, la situación del transporte de fondo ante el descenso del uso del efectivo, serán tratados en futuras mesas sectoriales.

Además, el sindicato ve «fundamental» derogar por parte del Gobierno la prevalencia de los convenios de empresa, así como recuperar el contrato de relevo, la búsqueda de nuevos espacios de actuación y la no utilización por parte de los clientes públicos y privados de sus procesos de contratación de servicios para abaratar costes y provocar reducciones de personal.

«Estas reivindicaciones se están tratando con distintos ámbitos políticos de este país y, junto con el mantenimiento del convenio sectorial son vitales ante una situación económica y sanitaria del país que tiende a empeorar en los próximos meses y que afecta y seguirá afectando a la totalidad de trabajadores de nuestro país y, por ende, al colectivo de seguridad privada», ha señalado el sindicato.
https://okdiario.com/economia/patronal- ... 21-6194414

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 25 Oct 2020 11:51 
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Las compañías de seguridad generaron un volumen de negocio en España de 4.855 millones de euros en 2019, cifra un 4% superior a la del año anterior y que supuso alcanzar un máximo histórico, según el Observatorio Sectorial DBK (filial de CESCE).

En concreto, los servicios de vigilancia, a pesar de su alto grado de madurez, siguen conformando la principal área de actividad. Así, los ingresos generados por los operadores del sector en este segmento se cifraron en 2.650 millones de euros en ese año, un 1,9% más que en 2018, concentrando el 54,6% del total.

Por su parte, el valor del mercado derivado de la actividad de instalación, mantenimiento y conexión a CRA de sistemas electrónicos se incrementó un 6,3%, hasta alcanzar los 1.830 millones de euros, concentrando el 37,6% del total y actuando como principal impulsor del crecimiento del negocio.

«El mayor dinamismo del segmento de sistemas respecto al resto de áreas de seguridad privada se explica por la tendencia de sustitución de servicios de vigilancia presencial por sistemas electrónicos de seguridad y el desarrollo tecnológico, que está permitiendo la comercialización de equipos con prestaciones cada vez más avanzadas», ha apuntado el informe.

Por su parte, el mercado de transporte de fondos generó en 2019 unos ingresos de 375 millones de euros, un 7,8% más que en el año anterior, representando el 7,7% del negocio total.

Previsiones 2020

Las previsiones apuntan a un cambio de tendencia en la evolución del volumen de negocio sectorial, que se desplomará en 2020 tras cinco años consecutivos de crecimiento, por el impacto de la crisis del coronavirus en el sector.

A este respecto, el incremento puntual de la contratación para atender actividades esenciales durante los meses más críticos de la crisis sanitaria del coronavirus y el positivo impacto que actualmente tienen los nuevos protocolos de seguridad no podrán compensar el notable recorte de la demanda en ámbitos como el aeroportuario, el comercial y el de ocio.
https://okdiario.com/economia/volumen-n ... es-6331559

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 03 Dic 2020 22:55 
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El administrador concursal de Ombuds Compañía de Seguridad S.A., la empresa de seguridad privada que fue a concurso de acreedores el 29 de julio del año pasado dejando a miles de empleados en la estacada, solicita al juez que inicie la tramitación de un expediente de regulación de empleo para «extinguir la totalidad de los contratos de trabajo adscritos al servicio de apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios del Ministerio del Interior».

Cuando comunicó su concurso, Ombuds era la tercera empresa de seguridad privada de España -tras Prosegur y Securitas- y empleaba a casi 10.000 personas. Estaba dirigida por el empresario Rodrigo Cortina.

Tal y como ha dicho el administrador concursal, «estando próxima la fecha de finalización de la suspensión, y ante la falta de adjudicación del servicio a otra empresa en el periodo marcado, nos vemos en la obligación de iniciar un expediente extintivo».

Este periódico se puso en contacto con fuentes oficiales del Ministerio del Interior, que han asegurado que trabajan para volver a presentar un pliego de condiciones para que otra empresa de seguridad privada se quede con los trabajadores. Desde la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska se ha asegurado que se trabaja en ello y que se presentará «en tiempo y forma». Sin embargo, ni el administrador concursal ni el sindicato CCOO consideran que esto esté ocurriendo, pues apenas queda tiempo para que este pliego de condiciones se publique y tramite, pues los despidos se producirán el 31 de enero sí o sí y las Navidades están por medio, lo cual dificulta las cosas.

La deuda

El problema de que no se pueda adjudicar, además de la falta de iniciativa del Ministerio de Marlaska, es la enorme deuda con la Seguridad Social que Ombuds dejó sin pagar, y que tendría que ser asumida por el nuevo contratante. Por eso, aseguran, Interior debería de hacer una oferta muy buena por los contratos de prisiones que por el momento no se está produciendo.

Por ello, fuentes conocedoras de la situación consideran que lo más probable es que Interior presente un pliego de oferta que no sea atractivo para las empresas, y que dada la enorme deuda que acarrean las cotizaciones de esos empleados, acabe sin ninguna oferta y con la consiguiente extinción de los empleos.

Estos trabajadores de seguridad privada son en su mayoría ex escoltas provinientes del País Vasco y Navarra en la época en que ETA estaba activa, asesinando y amenazando a parte de la sociedad. Tras el fin de la violencia, muchos de estos escoltas se recolocaron en las cárceles.

Desde diciembre del año pasado, Ombuds está tramitando su ERE de extinción para la mayoría de sus servicios, aunque los contratos más rentables han conseguido subrogarse a otras empresas, como por ejemplo Metro de Madrid, con las líneas 7 y 9, que adquirió la empresa Segurisa.

Sin embargo, muchos otros servicios no han sido adjudicados ni tampoco han sido despedidos todavía, ya que se encontraban en una suspensión temporal de empleo y dependiendo del Ministerio de Interior. Se trata de 184 trabajadores de seguridad privada que prestaban servicios de asistencia complementaria a los funcionarios en cárceles de Castilla-La Mancha, Madrid, Álava y Extremadura. En total casi 200 trabajadores que, pese a estar contratados por la empresa de seguridad privada, ahora en liquidación, dependían completamente del Ministerio del Interior, que era el responsable de sacar un nuevo pliego de licitación para adjudicar ese servicio a otra empresa.

El despido de los empleados era inminente dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado mercantil, se había marcado como fecha límite para terminar con el ERTE en prisiones el 31 de enero

El despido de estos empleados era inminente, según los trabajadores, dado que en los acuerdos alcanzados con el juzgado de lo mercantil 13 de Madrid, el año pasado, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los empleados de prisiones tiene como fecha máxima el 31 de enero de 2021. Dado que apenas quedan dos meses para esta fecha, y que un procedimiento de ERE tiene unos plazos temporales que hay que cumplir de acuerdo a la ley, la administración concursal del bufete Baker Tilly ha tenido que iniciar ya el proceso de despidos.

Periodo de consultas

El administrador concursal de Ombuds señala en un comunicado al que ha tenido acceso OKDIARIO, y realizado este mismo miércoles, que se insta a los representantes de los trabajadores a que «en el plazo máximo de quince días se constituya la comisión representativa de los trabajadores de la empresa a fin de iniciar el período de consultas correspondiente que podrá estar integrada por un máximo de 13 miembros en representación de cada
una de las partes».

Todo ello, aseguran, tiene en cuenta que «en los próximos días la administración concursal incoará de la Juez del concurso la tramitación del procedimiento tendente a la finalización de los contratos».

De este modo, se prevé que la primera reunión de inicio formal del periodo de consultas se inicie el día 18 de diciembre de 2020 o con anterioridad.

Intento de reflotar

El administrador concursal, junto con el juez mercantil que lleva el caso de Ombuds, han intentado por todos los medios permitir que la empresa obtuviera liquidez para poder sobrevivir a la situación que la llevó al concurso de acreedores, una liquidez que le impidió pagar los sueldos en junio del año pasado. Sin embargo, tal y como asegura el administrador Ferran Zaragoza, ha sido imposible.
https://okdiario.com/economia/ombuds-co ... ka-6522183

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 11 Feb 2022 12:16 
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Los vigilantes de seguridad volverán dos años después a prestar servicios de apoyo en el exterior en las cárceles de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura después de que el Ministerio del Interior haya adjudicado esta semana los contratos tras varios intentos fallidos. Ello permitirá asignar en las próximas semanas a otros cometidos a las decenas de guardias civiles que desde enero de 2020 vienen encargándose de esas tareas.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó el pasado jueves las seis resoluciones por las que se encarga a cinco empresas labores de control exterior en las prisiones que gestiona la Administración General del Estado -todas excepto las catalanas y vascas- por un importe máximo de 40.251.827,1 euros (impuestos incluidos), a razón de 3,35 millones al mes.

El plazo de ejecución es de un año, según se detalla en el anuncio de adjudicación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Interior tendrá que formalizar ahora los encargos con las adjudicatarias, por lo que previsiblemente no empezarán a prestar servicio hasta el mes de marzo.


De esta forma, Interior logra solventar el problema que se había suscitado a finales de diciembre de 2019, cuando quedaron desierto los lotes correspondientes a los centros penitenciarios madrileños, extremeños y castellano-manchegos al no recibirse ninguna oferta en el concurso tramitado ese año con vistas a que fuera efectivo el 1 de enero de 2020. De las seis empresas invitadas a participar en dicho procedimiento restringido de contratación (Clece Seguridad, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica, y Trablisa), ninguna mostró interés por este paquete.


Para hacerlo más atractivo y evitar que volviera a quedar nuevamente desierto, el departamento que dirige Grande-Marlaska ha elevado el presupuesto un 7 % (de 8.353.840 a 8.938.608,8 euros) y lo ha troceado en dos lotes: uno incluye dos prisiones de Madrid y todas las de Castilla-La Mancha y el otro las cinco madrileñas restantes y las de Extremadura.

De las diez empresas invitadas a este procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente, tres pujaron por el primer lote (Trablisa, Segurisa y Garda) y cinco por el segundo (Clece, Compañía de Vigilancia Aragonesa, Prosetecnisa, Secoex, Sicor y Trablisa). Finalmente se han encomendado a Garda (4.813.694,6 euros) y Trablisa (4.124.914,2 euros), por el mismo orden.

El Ministerio del Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos.
Presupuesto por lotes del servicio de apoyo a la seguridad exterior en las prisiones del Estado.

Al no haberse podido encomendar los servicios de apoyo a la seguridad exterior con compañías privadas en las prisiones de las tres citadas comunidades autónomas en los dos últimos años, la Guardia Civil ha tenido que asumir estas tareas en los centros penitenciarios repartidos por Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Las fuentes consultadas por este diario descartan que los agentes que han venido cubriendo la falta de vigilantes en estas cárceles pasen a desempeñar a partir de ahora tareas de seguridad ciudadana, sino que reforzarán los traslados de presos a hospitales, juzgados u otras prisiones (conducciones) y realizarán labores de vigilancia perimetral de los centros penitenciarios.

Garda no sólo se encargará de la seguridad exterior en las prisiones de Castilla-La Mancha y en dos de las de Madrid. La empresa zaragozana también continuará en los centros penitenciarios de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (10.004.146,90 euros), al igual que la Compañía de Vigilancia Aragonesa seguirá en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra (8.437.559,90n euros). Eulen Seguridad repite como adjudicataria en Canarias, Ceuta y Melilla (4.155.591,1 euros), mientras que Sicor Seguridad El Corte Inglés SL (8.715.920,40 euros) releva a Prosetecnicsa en Andalucía.
https://www.elindependiente.com/espana/ ... s-despues/

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 26 May 2022 15:18 
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El Tribunal Supremo ha declarado que es contrario a derecho que las empresas seguridad privada requieran a los trabajadores de nueva incorporación un certificado o declaración escrita de que carecen de antecedentes penales.

La Sala de lo Social rechaza el recurso que presentó Securitas Seguridad España S.A. contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la empresa a eliminar la práctica de todos sus centros de trabajos de solicitar a los trabajadores de nueva incorporación un certificado o declaración de que carecen de antecedentes penales en los últimos cinco años en los países en los que se ha residido.

En línea con la sentencia ahora confirmada, el tribunal explica que los antecedentes penales son datos de carácter personal que están sujetos al deber de confidencialidad por lo que su conocimiento no es público y se trata de datos protegidos por el derecho fundamental a la protección de datos que emana tanto del artículo 18.4 de la Constitución como del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia, ponencia de la magistrada María Luz García Paredes, recuerda que el tratamiento de los antecedentes penales para fines distintos a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales sólo puede realizarse cuando esté amparado por una ley. Y en este caso, añade el tribunal "no estamos ante una situación en la que la empresa tenga una ley que le ampare para requerir de los trabajadores sus antecedentes penales".

El tribunal incide en que en el marco de la relación laboral que afecta a vigilantes de seguridad privada se olvida que los antecedentes penales son requisitos de acceso a las pruebas de selección para obtener la habilitación profesional de quienes aspiran a ejercer como vigilantes de seguridad y esta expedición de la habilitación profesional solo es competencia administrativa. "Al vigilante de seguridad le basta con acreditar estar en posesión de la tarjeta de identidad profesional para poder atender las funciones que con ella pueda desarrollar , de forma que hasta que no se le retire ese documento público de acreditación profesional, por el procedimiento correspondiente, ya sea para inhabilitarle u otra situación que le aparte de poder desempeñar dicha actividad, no tiene por qué poner de manifiesto ante el empleador otros datos distintos a la de estar en posesión del documento de habilitación" .

Del mismo modo, la sentencia señala que es la Administración la competente en su caso para extinguir las habilitaciones tan pronto como tenga conocimiento fehaciente de la existencia de antecedentes penales, "ésta debe actuar en consecuencia y, en definitiva, tramitar el correspondiente procedimiento administrativo para extinguir las habilitaciones que fueron concedidas. Esto es, la competencia de control del cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la habilitación del personal de seguridad privada lo es de tipo administrativo y solo mediante esta intervención se puede proceder a la extinción de la habilitación que va a impedir el desempeño de la actividad profesional a la que se anuda".

En consecuencia, la Sala concluye que no hay norma de rango legal que ampare la actuación de la empresa para recabar los datos personales relativos a condenas o infracciones penales dolosas, con independencia de que la información haya sido consentida por el trabajador porque se trata de datos personales que gozan de protección especial.
https://www.elmundo.es/espana/2022/05/2 ... b458a.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 22 Oct 2022 09:29 
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Los trabajadores del sector firman un acuerdo con las empresas para subir hasta un 18% los salarios en cuatro años a las puertas del otoño caliente que anuncian los sindicatos


El colectivo de 100.000 trabajadores que compone la vigilancia de seguridad privada ha alcanzado un acuerdo con la patronal del sector para aumentar los salarios en un 6% el año que viene, así como sucesivas subidas hasta 2026 que representan una revalorización de las remuneraciones del 16% en cuatro años.

El acuerdo desactiva un mes de movilizaciones en los que los trabajadores pedían iniciar las subidas salariales con un aumento del 8% que finalmente se han reducido a ese 6% pactado. El acuerdo incluye una cláusula de revisión salarial que inicialmente también se pedía para el 100% de la desviación de todos los años de vida del convenio y que finalmente se ha acabado firmando con un tope del 2%..

Los sindicatos se han declarado "satisfechos con los resultados, sin caer en euforias", en palabras de UGT. Su secretario General, Pepe Álvarez, ya reconoció hace una semana que aunque la subida del 6% es un gran avance teniendo en cuenta que los salarios suben de media un 2,7%, los trabajadores del sector le habían hecho saber en la cola de seguridad de un aeropuerto su malestar con la marcha de la negociación. De hecho, la aspiración inicial era recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que cifraban en un 20%.

El acuerdo se produce en un contexto en el que el diálogo social entre empresas y trabajadores en torno a la actualización de salarios por el efecto de la inflación se realiza a nivel sectorial o territorial, más que con el paraguas de un Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Las conversaciones entre las cúpulas de patronal y sindicatos quedaron suspendidas el pasado mes de abril ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre las cláusulas de revisión salarial que exigen los representantes de los trabajadores para cubrirse de desviaciones inflacionarias y la negativa de CEOE a asumirlas.

Esta situación es la que ha llevado a los sindicatos CCOO y UGT a escalar sus reivindicaciones y anunciar un otoño caliente en las negociaciones de los convenios, con movilizaciones y huelgas que presionen a los empresarios. Hasta el pasado mes de junio la conflictividad en las relaciones laborales ya había subido un 25% y los sindicatos pretenden que crezca aún más a partir del próximo mes de noviembre, coincidiendo con la renovación de muchos convenios. Han sido especialmente destacadas las del sector del metal en Cantabria y esta misma semana las protestas han llegado al de la cerámica en Castellón.

La situación no tiene visos de moderarse en las próximas semanas dado que tampoco está en el horizonte la posibilidad de un pacto de rentas que formalice el reparto de costes que conlleva la inflación. Como supervisor, el Banco de España ha alertado contra la firma de cláusulas de revisión salarial que, en su opinión, pueden elevar el riesgo de consolidar la inflación en una espiral de precios.

Foros económicos como Fedea indican que "el conjunto de los márgenes de precios y salarios han detraído 1,8 puntos porcentuales a la inflación" si bien admite que el reparto entre márgenes empresariales y salarios no ha sido equitativo. "Sin embargo, no hay que despreciar los riesgos de romper este equilibrio en distintas direcciones", advierte su último informe sobre coyuntura económica. En su opinión un otoño caliente que genere "entornos de negociación entre agentes sociales" que rompa la tendencia actual en acuerdos salariales podría alimentar la espiral de precios.
https://www.elmundo.es/economia/2022/10 ... b45cd.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 07 Jul 2023 11:08 
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Aprobada la creación del título de FP de Grado Medio de vigilante de seguridad

-El nuevo título, de 2.000 horas de duración, capacita para vigilar y proteger a bienes y personas.

-Está vinculado a ocupaciones como vigilantes de seguridad, escoltas o guardas rurales


https://www.20minutos.es/noticia/514446 ... seguridad/

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"Una nacion no se pierde porque unos la ataquen,sino porque quienes la aman no la defienden".
Blas de Lezo y Olavarrieta.
Almirante Español que humillo a los Ingleses en la defensa de Cartagena de Indias (1.741).



Armero,siempre te recordaremos!!!.[/b]


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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 30 Ago 2023 09:27 
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Squalo16 escribió:
El Grupo Eulen y Securitas han conseguido la adjudicación de un contrato con la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército «para la reposición y mantenimiento de los sistemas de seguridad» de varias bases, acuartelamientos y establecimientos de las divisiones de Tierra. Dos de estos asentamientos se encuentran en Irak y en Letonia y el resto en territorio nacional. Las empresas ganarán 8,9 millones de euros por estos servicios, aunque las funciones exactas que deberán acometer no han trascendido.

La licitación está dividida en 10 lotes. Securitas ha conseguido adjudicarse dos de ellos y el Grupo Eulen, tres. El resto están repartidos entre Tyco, Saima, Agüero e Innovación Global. Sin embargo, los lotes que hacen referencia a los establecimientos del Ejército en Irak y Letonia se han conferido a Eulen y a Securitas, en ese orden.

No se conocen los detalles
Securitas se encargará de ofrecer sus servicios de seguridad en 47 bases, acuartelamientos o establecimientos y Eulen en 90, la mayoría en territorio nacional. Sin embargo, la documentación que especifica los detalles de las tareas a realizar no se ha hecho público al estar en estado de confidencialidad.

Sin embargo, sí ha trascendido que las empresas tendrán que ocuparse de la «reposición y mantenimiento» de los sistemas de seguridad del Ejército de Tierra. El contrato tendrá una duración de dos años con posibilidad de extenderse más tiempo.

Irak y Letonia
La última misión en Irak partió de España el 21 de noviembre del 2019. En esa fecha, la Brigada Extremadura XI, liderada por César García del Castillo, relevó a la Canarias XVI en el mando de la base Task Force Besmayah. El objetivo de esta operación fue continuar con la instrucción del Ejército a los soldados y policías iraquíes.

Por otra parte, España tenía -antes de la guerra de Ucrania– unos 450 efectivos españoles y varios carros de combate de Infantería Pizarro en Letonia. Tras el inicio del conflicto bélico, el Ejército fue reforzado con 200 militares más hasta llegar a los 650 desplegados. Según el Ministerio de Defensa, la misión letona «se crea dentro del concepto de disuasión, defensa y diálogo, como muestra de la solidaridad y determinación existente en el seno de la Alianza para hacer frente a cualquier amenaza».

El Ejército de Tierra
El Ejército de Tierra es el que cuenta con un mayor número de efectivos. Algunas de sus obligaciones están contempladas en la Constitución. Sin embargo, estas divisiones cumplen con tareas muy diversas relacionadas con la protección de las fronteras, con la ayuda cuando hay catástrofes naturales o con el apoyo sanitario como se pudo ver durante la pandemia.

Por ejemplo, los soldados de estos destacamentos «materializan la presencia permanente en los territorios peninsulares, insulares y del Norte de África de soberanía nacional, apoyan directamente a autoridades civiles, realiza acuerdos bilaterales para fomentar la instrucción en capacidades específicas de otros Ejércitos o participan en actividades bilaterales de colaboración en el ámbito de la diplomacia con países de África», según Defensa.
https://vigilanciayproteccion.es/2023/0 ... -de-euros/

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