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[]SALARIO JUSTO, LIBERTAD, DERECHOS Y RESPETO:[/]
El próximo día 18, miles de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías y guardias civiles, de todas las escalas y categorías, y también familiares, se manifestarán en Madrid exigiendo al ministro del Interior y al Gobierno socialista lo que en una sola palabra se podría traducir en respeto.
Respeto a nuestro trabajo, respeto a nuestra profesión, respeto a nuestras condiciones de trabajo, a nuestro salario, a nuestros derechos civiles…En definitiva respeto a lo que somos y a la función que desempeñamos. Respeto que significa no utilizar nuestro nombre políticamente, acabar con la hipocresía de alabarnos en público para ver si consigue algún rédito del amplio apoyo social que hemos conseguido con nuestro trabajo, en muchos casos a pesar de la falta de medios y apoyo práctico del Gobierno y del ministro del Interior, y, sobre todo, respeto significa dar solución a los bajos salarios, dependencias ruinosas y falta de medios materiales con la que cada día nos encontramos.
Empezamos un conflicto antes de que se hiciera patente la crisis económica, exigiendo un trato justo, el mismo salario por la misma función, sin contar que tenemos más movilidad, preparación y riesgo. Un trasvase de 523 millones de euros en diciembre a los Mossos de Cataluña, un acuerdo de los sindicatos de éste cuerpo el pasado febrero, incrementando su salario en dos mil euros brutos anuales en dos años, y otro acuerdo en Marzo por el que un Mosso percibe de dieta diaria por desplazamiento 158 euros, y a 0,30 € el kilometraje si usa vehículo propio, mientras para un policía o guardia civil es de 77,13€ y a 0,19€ el kilometraje fueron el detonante definitivo, regar el fuego con gasolina.
Vino la crisis y al mismo tiempo la demanda de comunidades autónomas y ayuntamientos de mejorar su financiación, y con ello, la estrategia mediática del ministro del Interior de acusarnos de insolidarios se hundía. Porque todas las comunidades autónomas y ayuntamientos socialistas piden mejorar su financiación aún en plena crisis, como si no fuera con ellos, y todas las comunidades autónomas y ayuntamientos, socialistas y populares, tienen a sus policías autonómicas, adscritas o locales con mejores salarios que a los policías y guardias civiles. Así que mientras se mantenga dicha demanda de financiación de administraciones cuyas policías están mejor pagadas, con menos formación, riesgo, peligrosidad y movilidad, los sindicatos de policías y asociaciones de guardias civiles mantendremos la reivindicación de recibir un trato salarial justo y denunciaremos la hipocresía del Gobierno y del ministro del Interior.
Arruinado el argumento ministerial de la insolidaridad decidió el titular de la cartera silenciarnos con expedientes y recortes de derechos sindicales. Y llegó más lejos de lo que había llegado nunca nadie. Suspensión de funciones de 9 representantes sindicales liberados por reclamar justicia salarial con una pancarta en la frontera con Gibraltar; expedientó a otros seis que estaban con una pancarta en el aeropuerto de Barcelona, y cesó a otro en el Puerto de Málaga. Y como seguíamos en nuestra justa y legítima reivindicación, decidieron la suspensión de permisos regulados legalmente para que los sindicatos puedan celebrar reuniones democráticas donde tomar las decisiones. Se atenta contra el derecho fundamental reconocido en la Constitución al ejercicio de la actividad sindical en la práctica, se recrudecen las sanciones contra los dirigentes asociativos, como la incoada contra el ex – secretario general de la AUGC, Joan Miquel Perpinyà, mientras en la retórica política se dice tener un respeto por los policías y guardias civiles que no se evidencia con hechos, pues estos ponen de manifiesto todo lo contrario: desprecio, utilización política de nuestro trabajo, manipulación y ahora, amenazas a los guardias civiles, pretendiendo coartar el derecho legal a convocar reuniones en defensa de sus derechos laborales.
Los sindicatos ejercen su derecho a presentar una declaración de conflicto como reconoce la ley orgánica 2/86, que dispone como función del Consejo de Policía reunirse para tratar el conflicto, pero el ministro no cumple la ley y no convoca. No importa que una sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2003 de la Sala de lo Contencioso Administrativo diga que en caso de producirse dicha declaración el Consejo de Policía debe reunirse, ni que el Reglamento del Consejo de Policía establezca reuniones ordinarias cada dos meses y que no se haya celebrado ninguna desde diciembre. Los tribunales de justicia dirán lo que proceda y aunque tarde, como siempre, pondrán en evidencia que el ministro ex portavoz del Gobierno del GAL no ha respetado los derechos a la actividad sindical en la Policía.
Las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil exigen el desarrollo y aplicación de los derechos profesionales, económicos y sociales, aprobados por Ley Orgánica, en noviembre de 2007. Y denuncian el incumplimiento flagrante, nada menos que ordenado por una Ley Orgánica, de convocatoria de elecciones al Consejo de la Guardia Civil, como órgano a debatir estas mejoras profesionales.
No hay negociación, no hay diálogo, se abren expedientes, no se cumple la ley, no se convoca el Consejo de Policía, se recortan derechos sindicales reconocidos legalmente y se usa toda la capacidad de transmisión a la sociedad que produce ser ministro del Interior para intentar silenciar el conflicto con artes de dudosa catadura democrática. Nosotros, los sindicatos de policía, ya lo hacemos, pero también los periodistas deberían oponerse resueltamente a las presiones que reciben y denunciarlas, para desenmascarar las prácticas que se gasta el ministro del Interior, ex portavoz del gobierno del GAL y los Fondos Reservados.
Por todo lo antes expuesto, porque estamos cansados de que se utilice nuestro trabajo y hasta nuestros funerales, hemos dicho basta. Hemos dicho que nuestro trabajo merece el mismo salario al menos que el de cualquier otra policía, y que queremos negociar sobre esa cuestión con el Gobierno. Hemos dicho basta a que se nos pretenda colocar por el ministro la etiqueta de insolidarios, cuando luego asiste a mítines donde apoya peticiones de mejora de financiación para comunidades autónomas y ayuntamientos cuyos policías tienen mejor salario que el nuestro. Hemos dicho basta a tanta mentira, ataques, desprecio a nuestros derechos y nos hemos unido para confluir el día 18 en Madrid y decir que exigimos respeto profesional, justicia salarial y derechos sindicales.
El 17 de diciembre de 1976 policías y guardias civiles se manifestaron y consiguieron ser atendidos en la Seguridad Social, de la que entonces carecían. El próximo día 18, por respeto profesional, equiparación salarial y derechos civiles, compañeras y compañeros de la guardia civil y la policía, hay que llenar con nuestra reivindicación las calles de Madrid.
En la capital, a 14 de octubre de 2008.
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