Artículo publicado hoy por la Revista Atenea basado en la última información obtenida sobre la relación entre ETA-FARC-VENEZUELA:
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La alianza entre ETA y las FARC apoyada por Venezuela
El procesamiento de seis miembros de la banda terrorista ETA y de siete de las no menos terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el juez de la Audiencia Nacional española, Eloy Velasco, ha puesto de manifiesto los indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en la alianza de los dos grupos terroristas.
En el auto de procesamiento, el juez Velasco señala que "Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país".
El juez atribuye a los procesados compartir información sobre y tenencia de explosivos, colaboración con banda armada y conspiración para atentar en España contra dirigentes colombianos. Entre los potenciales objetivos se encontraban el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe, su antecesor, Andrés Pastrana y la ex embajadora colombiana en España y actual candidata presidencial Noemí Sanín.
El presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, -casado desde 1990 con la ciudadana venezolana Goizeder Odriozola, que ha ocupado varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y actual directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Poder Popular del Deporte-, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela y de forma oficiosa como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC" según indica el juez Velasco.
El magistrado sigue diciendo en su escrito que "fruto de sus gestiones" con el también procesado Emiro del Carmen Romero, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras "y se emplazaron para recibir más en el futuro".
Un intercambio que, prosigue el auto, continuó en campamentos de las FARC en territorio venezolano que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia usaron para formarse en la fabricación y utilización de granadas o morteros y que prosiguió en diciembre de ese año para el manejo de misiles tierra-aire.
Además, Cubillas trató de fijar una reunión entre un miembro de ETA y el histórico dirigente de las FARC ya fallecido Raúl Reyes en la primera quincena de enero de 2004, para lo que contactó con otro de los procesados, Rodrigo Granda Escobar, aunque no llegó a realizarse.
En agosto de 2007 dos etarras dieron instrucciones y cursillos sobre preparación y manejo de explosivos a miembros de las FARC en una propiedad agrícola próxima a la localidad de Guadalito, en el estado venezolano de Apure, localidad a la que, de acuerdo con el auto del juez Velasco, llegaron "viajando por tierra vía Maracaibo con el conocimiento y acompañamiento de una persona que vestía chaleco con escudo de la DIM (Dirección de Inteligencia Militar) venezolana y de un vehículo de escolta con militares venezolanos"
Como contrapartida a todo ello, dice el juez, ETA se comprometió a localizar en España objetivos de las FARC. De esta forma, el procesado Vargas, siguiendo las instrucciones de Navarro, se trasladó en dos ocasiones a España para vigilar la embajada colombiana y "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente del país iberoamericano, Andrés Pastrana, y constató que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA".
Las FARC, añade, pidieron su colaboración además para localizar a la entonces embajadora colombiana en España Noemí Sanín, al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares del país con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE".
A dicha lista, señala Velasco, añadieron al ex miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL) y también senador ya fallecido, Bernardo Gutiérrez, que participó en las negociaciones para el abandono de las armas de este grupo, al industrial Carlos Ardila Lülle" o, "más recientemente", a Uribe "y a personas que se mueven en torno" a la embajada colombiana".
El magistrado se declaró competente en diciembre de 2008 para investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejos de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia.
Por estos hechos, además de Cubillas, ha procesado a los presuntos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por delitos de tenencias de explosivos, y a José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio por el de colaboración con banda terrorista.
Este delito se lo imputa también a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín, Omar Arturo Zabala y a la española Remedios García, a quien Velasco ha citado para tomarle declaración indagatoria el próximo 24 de marzo.
Para todos ellos, excepto para García, detenida en España en julio de 2008 y en libertad bajo fianza desde entonces, el juez ha acordado su busca y captura, para lo que expedirá las correspondientes órdenes internacionales de detención.
Por parte del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español se han pedido explicaciones al Gobierno de Venezuela que, por su parte, rechazó las acusaciones del magistrado de la Audiencia Nacional calificándolas de "inaceptables y tendenciosas".
La opinión española, ante un tema tan sensible como es el de ETA, ha sido reflejada por la unanime crítica de la Prensa a la cooperación venezolana.
Fuente:
REVISTA ATENEA