FARMERS BRANCH - El Procurador General de Texas, Greg Abbott, demandó a uno de los más grandes fabricantes de chalecos a prueba de balas. En su acción legal, el mandatario alega que existen posibles defectos fatales en el material con el cual se laboran los chalecos.
La demanda fue dirigida contra Second Chance Body Armor, Inc., la cual radica en Central Lake, Michigan – entidad que fabrica sus chalecos usando fibras de tipo “Zylon”. La acción legal fue entablada tras una investigación de la Procuraduría General, a la cual se le dio inicio en diciembre del año pasado.
Según la demanda, la compañía aseguraba que sus chalecos de marca “Ultima” y “Ultimax”, hechos con fibras de Zylon, eran más ligeros y eficaces en proteger a oficiales del orden público, comparado con los tradicionales chalecos de fibras de “Kevlar”, los cuales han sido usados por policías desde hace años. La demanda alega que los chalecos hechos con 100 por ciento fibras de Zylon presentan un riesgo.
Noticia de AP.
WASHINGTON (AP).-Fiscales federales están investigando si un fabricante de chalecos antibala puso vidas en peligro, incluida la del presidente George W. Bush, al ocultar fallas potencialmente letales en ese tipo de vestimentas especiales vendidas al gobierno y a agencias policiales.
Un empleado de la empresa, Second Chance Body Armor Incorporated, de Central Lake, Michigan, declaró este mes que el Servicio Secreto probó y adquirió parte de esos chalecos antibalas defectuosos para el presidente y la primera dama Laura Bush.
El Pentágono también obtuvo los mismos chalecos antibalas para soldados de elite que escoltan a generales, indicaron transcripciones de documentos obtenidas por The Associated Press.
Se vendieron numerosos de esos chalecos aún después que Second Chance recibió advertencias de que el material sintético Zylon, hecho en Japón, se estaba deteriorando más rápido de lo esperado debido al calor, a la luz y a la exposición a la humedad. Y eso hubiera permitido a las balas penetrar el blindaje, según testimonios del empleado de la compañía y de otros documentos de la empresa.
La fiscalía ha obtenido documentos que indican que Second Chance fue informada, ya en 1998, por el fabricante japonés del material, Toyobo Corporation, que el Zylon perdía sus propiedades protectoras al cabo de un tiempo.
Ya para el 2001, el jefe de investigaciones de Second Chance, Aaron Westrick, pidió al presidente de la compañía que reemplazara los chalecos luego que sus propias pruebas de laboratorio indicaban que se estaban deteriorando y no cumplían con sus funciones, indicaron memorándums. El presidente de la compañía ignoró los pedidos de Westrick.
"Las vidas y nuestra credibilidad están en juego", escribió Westrick al entonces presidente de Second Chance, Richard Davis, en un memorándum fechado el 18 de diciembre del 2001. "Sólo prevaleceremos si hacemos lo correcto y no vacilamos. Este asunto no debe ser ocultado por obvias razones de seguridad, y debido a la posibilidad de futuras demandas".
Westrick pidió a Davis "notificar de manera inmediata a nuestros clientes sobre los problemas de deterioro" del material.
Pero los clientes de Second Chance no fueron informados del problema hasta septiembre del 2003, luego que un agente de policía de California fue muerto a balazos pese a que tenía puesto el chaleco blindado, y que un agente en el estado de Pensilvania fue herido de gravedad.
En el interín, el Servicio Secreto pagó 53.000 dólares en el 2002 a Second Chance para comprar chalecos antibalas. Algunos de ellos estaban destinados a Bush, a su esposa, y a sus escoltas, encargados de protegerlos a ellos y a otros importantes funcionarios, según indicaron registros federales.
Zylon chalecos dejar de detener las balas el 58 por ciento de tiempo en el gobierno pruebas
NIJ Informe completo: Tercer Informe de situación a la Procuraduría General sobre Body Armor Iniciativa para la Seguridad de ensayo y de Actividades
Pagina de la Informacion
Otra noticia en un foro policial americano...
Por MARK SHERMAN
Associated Press Writer
WASHINGTON-dispararon balas penetraron en el gobierno pruebas de más de la mitad del cuerpo de policía chalecos armadura de fibra sintética que contiene el Zylon, ya ha sido objeto de demandas judiciales más de la fiabilidad.
Como resultado, el gobierno anunció que ya no ayudará a las fuerzas de policía locales para pagar chalecos de bala-resistente que contienen ninguna Zylon sino que añadir 10 millones de dólares a los $ 23 millones que ya están disponibles para la policía chalecos.
El Departamento de Justicia de las pruebas mostraron que hizo chalecos con Zylon perder fuerza con el tiempo, mucho antes de su estándar de garantía de cinco años expira y aún cuando la armadura parece estar en buen estado, según el estudio publicado por el departamento Miércoles del Instituto Nacional de Justicia.
"La inspección visual no es suficiente para decir que si hay un problema con la armadura", dijo el director de NIJ, Sarah V. Hart.
Nuevas normas para los chalecos que se encuentran bajo medida de la forma en el desarrollo que llevan a cabo con el tiempo, no sólo cuando sean nuevas, dijo Hart.
El principal factor que conduce a la degradación de Zylon parece ser la humedad, el estudio dijo, y añadió que se necesita más investigación. Mantener la protección de material seco es un problema especialmente delicado _ perspire oficiales a menudo y, a veces, el trabajo en condiciones de lluvia o nieve.
Las pruebas fueron de la más amplia, independiente examen de Zylon nunca, y que incluía chalecos realizados por nueve empresas. Hasta ahora, las quejas sobre Zylon chalecos se han centrado en la Segunda Oportunidad Body Armor Inc, la principal proveedor de EE.UU. bala chalecos resistentes a la policía. Toyobo Co Ltd, fabricante japonés de Zylon, ha reconocido Zylon
puede perder hasta el 20 por ciento de su fuerza dentro de tan sólo dos años.
Se estima que unos 200000 de la nación de 700000 agentes de policía llevaban chalecos de Zylon el año pasado, de acuerdo con la Orden Fraternal de la Policía.
Muchos departamentos de policía han tratado de sustituir a sus Zylon chalecos,
que puede costar $ 500 a $ 700 cada una, como las preguntas acerca de ellos han surgido en los últimos años, dijo Joseph Estey, presidente de la Asociación Internacional de Jefes de Policía.
"El estudio parece a verificar lo que se sospecha", dijo Estey, el jefe de la policía de Hartford, Vt. "La idea de la longevidad de las pruebas es algo que necesita ser examinado."
Hart y Estey hincapié en que los oficiales de chalecos con Zylon debe seguir usando. "Un chaleco Zylon es mejor que no recaiga en absoluto," dijo Estey.
Los departamentos de policía alrededor de los Estados Unidos proporcionó 103 chalecos utilizados como parte de la Justicia de 21 meses de revisión que se inició en respuesta a las quejas que se pone Zylon chalecos de los agentes de vidas en peligro. En junio de 2003, una Oceanside, California, oficial de la policía resultó muerto y un Forest Hills, Pa, el funcionario fue herido de gravedad mientras se usan Segunda Oportunidad chalecos de Zylon.
Los chalecos fueron sometidos a seis disparos de pistolas de 9 milímetros y otras armas. Sesenta chalecos, el 58 por ciento del total, fueron penetradas por al menos una ronda.
Incluso entre la armadura que dejó de los seis disparos, cuatro chalecos, pero todos fracasaron otra prueba que mide el impacto, la fuerza o trauma romo, un oficial puede esperar de absorber.
El gobierno está demandando tanto la Segunda Oportunidad y Toyobo, sosteniendo que conspiró para ocultar pruebas de que el cuerpo armadura podría ser defectuoso. Toyobo Co está pagando 29 millones de dólares para resolver litigios de acción de clase-, pero todavía se enfrenta a otros juicios contra él y la Segunda Oportunidad.
Segunda Oportunidad ha reconocido que los chalecos pueden no ser seguras e instó a sus clientes a sustituirlos. Toyobo dice Zylon funciona bien en la armadura corporal que esté correctamente construido
“Existen riesgos inaceptables, los cuales ponen en peligro las vidas de los miles de agentes patrulleros en Texas que portan chalecos de Zylon”, indicó el Procurador General Abbott. “Las afirmaciones de Second Chance, en las cuales indica que su producto es más ligero y ofrece mayor protección, no orresponden a pruebas que demuestran una rápida degradación de las fibras de Zylon, lo que pone en peligro a las vidas de los policías que usen tal protección”, dijo el Procurador al ser acompañado por tres departamentos de policía que presentaron quejas ante su oficina.
En su página Internet, la compañía indica ser el “líder mundial” y el “más exitoso fabricante” de armadura portátil suave. Más de 5,000 chalecos han sido vendidos en Texas desde aproximadamente 1998, según la investigación del Procurador General. Cada chaleco cuesta aproximadamente 800 dólares – considerablemente más de los chalecos hechos con las tradicionales fibras de Kevlar. Aunque hasta el momento no hay reportes de agentes en Texas que hayan fallecido o sido lesionados mientras portaban los chalecos, el Procurador General
Abbott indicó que el potencial de riesgo es demasiado grande para ser ignorado.
El Procurador General dijo que las entidades policiacas en Texas desconocían que, al llegar julio del 2001, Second Chance contaba con amplia información entregada por Toyobo, la compañía japonesa que elabora las fibras de Zylon, que señala que el material se deteriora mucho más rápidamente de lo esperado al ser expuesto ante la luz, calor y humedad. Esta degradación, la cual fue confirmada por pruebas independientes en Holanda, resultó en que el laboratorio europeo manifestara graves preocupaciones sobre el uso de Zylon en chalecos a prueba de balas.
A pesar de estar al tanto de estas preocupaciones, la demanda alega que Second Chance le dio seguimiento a sus operaciones de mercadeo de los chalecos a una creciente base de clientes en Texas y alrededor del país. La compañía ignoró el asesoramiento de su propio director de
investigaciones, quien pidió ante la gerencia de la compañía que los clientes fueran informados sobre las preocupaciones en torno a la seguridad de los chalecos. A fines de diciembre del 2001,
la compañía calculó que dentro del año sus ventas de chaleos Ultima y Ultimax llegarían a ser 236,000 unidades.
En julio de 2003, Second Chance indicó que una bala de calibre 40 penetró un chaleco Ultima que estaba siendo usado por un patrullero en Pensilvania, quien fue seriamente lesionado como resultado de la perforación. Sin embargo, Second Chance le informó a sus clientes que era necesario obtener informes adicionales sobre el aparente fallo de su chaleco. La compañía expresó su preocupación, indicando que temía que los oficiales del orden público dejarían de usar sus chalecos debido a la mala publicidad, el sensacionalismo, y las prácticas sin ética de sus competidores, en lugar de depender de información exacta.
En un memorándum distribuido por la empresa después del acontecimiento en Pensilvania, los titulares de la compañía indicaron que “Second Chance tiene confianza total en nuestros productos, y continuamos a animar a todo oficial policiaco de portar su chaleco cada día”.
No fue hasta septiembre del 2003 que Second Chance le advirtió a sus clientes que podría haber problemas con los chalecos. En aquel entonces, la compañía ofreció “mejoramientos gratis”, aplicando en los chalecos de Zylon inserciones a pruebas de balas hechas con otro material. Sin embargo, Second Chance no le ofreció reembolsos a sus clientes, aunque los chalecos contaban con garantías de cinco años.
En la demanda del Procurador General alega que Second Chance cometió varias violaciones del Acta Contra Prácticas Empresariales Engañosas, entre ellas falsas aserciones sobre la integridad de su producto, y el no haber dado a saber información importante sobre las pruebas llevadas a cabo para determinar la eficacia de los chalecos.
La Procuraduría General exige que sea emitida una orden permanente que le prohíba a Second Chance de vender chalecos con Zylon en Texas; que sean efectuados reembolsos a favor de consumidores que compraron los chalecos defectuosos; y que se impongan multas civiles de hasta 20 mil dólares por cada violación de la ley. Asimismo, la empresa se vería obligada a pagar los gastos legales y de investigación incurridos por el estado.
PoliceOne.com
saludos a todos.