'Fuerzas Armadas han avanzado en derechos humanos'
La presión del Gobierno para que las Fuerzas Armadas muestren resultados contundentes ha producido grandes éxitos en la lucha contra la guerrilla, pero también desvíos preocupantes. Según cifras del Gobierno, entre 2002 y lo que va de este año, se han registrado ejecuciones extrajudiciales de 470 personas. Por esta razón, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, viene desarrollando una estrategia para reducir ese tipo de conductas.
Desde mayo decidió que la medalla al 'Valor y al Orden Público' que antes se otorgaba por bajas de guerrilleros, ahora solo se entregue por desmovilizaciones y capturas, y además ordenó a la dirección de Justicia Penal Militar acelerar el traslado a la Justicia ordinaria los casos que son considerados crímenes de lesa humanidad, de los cuales han remitido ya 187 procesos a la Fiscalía.
Todo indica que la estrategia está funcionando. Según el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, el número de ejecuciones extrajudiciales pasó de 128 en 2006 a 25 en lo que va de 2008 y, por primera vez en seis años, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, coinciden en que hay avances en derechos humanos dentro de las Fuerzas Armadas.
Según la Defensoría, las quejas se han reducido y en los últimos cuatro años pasaron del 3,8 al 2,1 por ciento, mientras que la Procuraduría reporta una reducción de las quejas del 64 por ciento. "La voluntad política de los funcionarios civiles y militares del más alto nivel para adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones de esta naturaleza, ha sido manifiesta", reconoció la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.
Claroscuro
No obstante los aspectos positivos, aún hay señales de peligro. En la actualidad cursan 668 procesos judiciales contra militares por homicidio agravado en persona protegida y ejecuciones extrajudiciales, pero solo hay 14 condenas. Una de ellas es por el asesinato de tres sindicalistas en Saravena, Arauca, en agosto de 2004, y otra por el de un campesino de El Peñol, Antioquia, el mismo año. En los dos casos la Justicia demostró la falsedad de los informes de patrulla hechos por las unidades militares, que reportaron a las víctimas como muertos en combate.
La Oficina de Quejas de la Defensoría no solo ha cuestionado la lentitud de la Justicia Penal Militar para dar traslado de los casos a la Justicia ordinaria, sino que advierte que ni siquiera las familias de algunas víctimas conocen quién lleva los procesos. Es el caso de Jaime Clavijo, un agricultor asesinado en San Luis, Antioquia, el 30 de diciembre de 2005, y presentado por soldados de la IV Brigada como guerrillero dado de baja en combate el 31 de diciembre.
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU advirtió que, pese a los esfuerzos estatales, continúa recibiendo quejas de ejecuciones extrajudiciales con características comunes: presentan a las víctimas como muertos en combate, alteran la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y la Justicia Penal Militar asume las investigaciones en la mayoría de los casos.
Pero lo que más preocupa al Ministerio de Defensa es que 190 ONG, agrupadas en la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, presentaron en agosto un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, según el cual en los últimos cinco años aumentó 67,71 por ciento el registro de ejecuciones extrajudiciales. Además, da cuenta de por lo menos 1.122 casos entre julio de 2002 y diciembre de 2007, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio de 2002.
Pese a que aún hay mucho por hacer, es la primera vez que se da un revolcón en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo que significa un avance en la lucha contra los llamados crímenes de Estado.
MILITARES AL TABLERO
El del general (r) Rito Alejo del Río, capturado el 3 de septiembre, es apenas uno de los 76 procesos que emprenderá la Justicia contra militares que han señalado ex jefes paramilitares en las versiones libres. Otro es el de el coronel (r) Víctor Hugo Matamoros, capturado el 19 de agosto de 2008 y señalado por el desmovilizado Jorge Iván Laverde, 'el Iguano', de coordinar operaciones conjuntas del Grupo Mecanizado Maza y el bloque Catatumbo de las Auc en Cúcuta y otras regiones de Norte de Santander. Matamoros fue vinculado a la masacre de 34 civiles en La Gabarra el 29 y 30 de mayo de 1999. Pero además de Del Río y Matamoros, hay otros 74 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía activos o en retiro, que han sido señalados por ex paramilitares de colaborar con ellos, darles recursos o información, o planear operaciones especiales contra miembros de la guerrilla. La Unidad de justicia y Paz ya compulsó copias a la justicia ordinaria para que les inicie investigaciones a los siguientes oficiales:
1. General Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército. Luis Adrián Palacio, del bloque Mineros, dice que el General hizo operaciones con paramilitares cuando era comandante de la IV Brigada en Medellín.
2. General (r) Julio Charry Solano. Salvatore Mancuso sostiene que tenía nexos con los paramilitares.
3. General (r) de la Policía Rosso José Serrano. Mancuso afirma que hacían operativos conjuntos cuando estaba al frente de la Policía en Cauca.
4. Coronel de la Policía William Alberto Montezuma. 'El Iguano' lo señala de tener nexos con las Auc.
5. Almirante (r) Rodrigo Quiñones. Salvatore Mancuso lo señala como coautor de la masacre de El Salado, Carmen de Bolívar, el 18 de febrero de 2002, cuando estaba al frente de la Brigada de Infantería No. 1. Según Mancuso, Carlos Castaño lo llamó al celular para que le ubicara tropas de Infantería. En la masacre murieron 38 personas.