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México ha sellado en una ley lo que había sido una realidad de facto durante más de una década. 14 años después de la polémica salida del Ejército de los cuarteles para patrullar las calles con la justificación de la crecida del narcotráfico, la entrega de la seguridad pública a los militares ya cuenta con un blindaje legal, una petición recurrente de la cúpula castrense. Ha sido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gran crítico de la militarización de las labores policiales durante sus largos años en la oposición, el que ha consolidado el nuevo papel del Ejército hasta marzo de 2024, prácticamente hasta el final del mandato presidencial. La influencia de la Fuerzas Armadas en la vida civil mexicana ha ido en aumento desde la llegada al poder de Morena, con una política cada vez más clara de mano tendida a los militares. Los negocios inmobiliarios, las concesiones logísticas o de gestión se han multiplicado durante los últimos dos años.

El acuerdo firmado este lunes se encuadra dentro de un plan mayor, avanzado con la creación la primavera del año pasado de la Guardia Nacional, el polémico cuerpo nacido ex profeso para controlar la violencia en el país. La medida estrella del López Obrador en materia de seguridad necesitó de una reforma exprés de la Constitución, donde se establecía que “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.

Ha sorprendido el momento elegido para hacer efectiva esa prerrogativa. Ha pasado ya más de un año desde la implantación de la Guardia Nacional, con sus efectivos desplegados ampliamente por el territorio del país, cumpliendo desde controles migratorios en la frontera sur hasta labores policiales en los barrios más calientes de la capital. El acuerdo llega además en plena crisis sanitaria por la covid-19, con el Ejercito al mando también de hospitales y recursos sanitarios para hacer frente la pandemia.

Esta coyuntura es subrayada por Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como uno de los posibles motivos. “Está habiendo saqueos, agresiones a policías en los hospitales. El Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, está necesitando de la ayuda de los militares y es muy probable que no le hagan caso. Este acuerdo es un apoyo de López Obrador a su capacidad de gestión”. Se trataría, según la interpretación del analista, de una pugna dentro del aparato de seguridad del Estado.

El dibujo institucional previsto para la Guardia Nacional estuvo desde el inicio rodeado de polémica. Durante la negociación de la reforma constitucional con la oposición, López Obrador accedió a rebajar el peso de los militares en la nueva corporación, adscrita orgánicamente a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Defensa Nacional. De espíritu castrense -formada por exmilitares y expolicías- la Guardia Nacional tiene un mando bicéfalo: uno civil y uno militar. Sus labores han de ser reguladas por la ley, fiscalizadas por el Congreso y subordinadas al poder civil de la secretaria de Seguridad Pública.

Esos equilibrios y contrapesos son los que habrían saltado por los aires con el decreto de este lunes según Alejandro Madrazo, académico del CIDE y experto en políticas de seguridad. “Es una exigencia al Ejército, que ya se cansó de usar el disfraz de la Guardia Nacional. Ya no acepta las órdenes civiles ni la supervisión del Congreso. Lo que acaba de implantar López Obrador es la misma estrategia que fundó Felipe Calderón y extendió de Peña Nieto, centralizar las labores de seguridad pública en el Ejército. En la nueva norma no se establece ningún mecanismo de supervisión, no obliga a la subordinación al mando civil, sino la mera coordinación, no delimita sus funciones y no está suficientemente regulado”.

El nuevo movimiento de López Obrador escenifica otra vuelta de tuerca en su cambio de discurso desde su llegada al poder. Uno de sus eslóganes de campaña en 2018, continuando con su crítica a la militarización durante su época en la oposición, fue “abrazos y no balazos”. El nuevo mantra ahora es “El Ejército es bueno, porque el Ejército es pueblo”.

Madrazo considera que el acuerdo de este lunes viola el mandato constitucional que ampara las labores policiales del Ejército. “Ahora toca una respuesta de la sociedad de civil llevando esta norma ante la Justicia. Le toca incluso de parte de la clase política que ahora está con Morena y que en su día criticó la estrategia de Calderon y Peña Nieto”. La Suprema Corte tumbó hace dos años la Ley de Seguridad Interior, por la que el último gobierno priista normalizaba la presencia del Ejército en las calles.

Los negocios del Ejército

El aumento de poder militar durante el mandato de López Obrador no se ha limitado solo a la esfera de la seguridad. Durante los últimos dos años los militares han asumido encargos tan diversos como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el reparto de libros de texto, el combate al sargazo o el traslado de dinero de programas sociales. Este mismo lunes se conocía que la Secretaría de Defensa (Sedena) ha comenzado a construir 26 sucursales del banco social del Gobierno que canaliza las ayudas. Constituirá un total 1350 sedes bancarias para lo cual cuenta con un presupuesto de 2. 941millones de pesos.

La concesión de mayor envergadura ha sido hasta ahora la confirmación el pasado marzo de que la construcción y explotación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México recaería en manos militares. El Ejército no solo construirá la terminal, sino que explotará las operaciones civiles y comerciales mediante una empresa cuyas dirección estará ocupadas por militares. El Ejército ayudará a también a construir dos tramos del Tren Maya, la obra pública bandera del sexenio junto al aeropuerto.

En plena pandemia, el Ejército también ha visto aumentadas sus funciones. El Gobierno le ha entregado el control de 31 hospitales y tanto la Sedena como la Secretaría de la Marina (Semar) han estado realizando compras de material sanitario durante los últimos meses. Contratos, tanto de bienes como de servicios, que muchas veces se saltan los requisitos de transparencia y supervisión estipulados para las licitaciones públicas y optan por la vía rápida de las adjudicaciones directas.

Este canal excepcional para la contratación publica ha sido el favorito para las dependencias militares, lo que ha causado incluso el malestar en el interior del Gobierno por el gran margen de arbitrariedad y opacidad de estos procesos. Durante el primer año de López Obrador, la Sedena aumentó la utilización de las adjudicaciones directas en un 50% con respecto al año anterior, hasta alcanzar un monto de 5.000 millones de pesos, de acuerdo a una investigación de la Escuela del Gobierno del Tec de Monterrey y ONG México Evalúa.

En el caso de la Semar, esta vía rápida de contratación pública dobló el monto adjudicado el año anterior. De hecho, la Marina prácticamente no conoce las licitaciones públicas. Solo 0,8% del total del contratos se realizaron por la vía convencional y sujeta a más control y supervisión. Todo esto, sin contar con los procesos reservados según la ley de Seguridad Nacional, de los cuales no hay información pública.

“En una sociedad democrática los militares debería rendir cuentas y no estar sujetos a la opacidad que reflejan los datos de compras públicas. Y el primer interesado debería ser el Gobierno, que al inicio de su mandato anunció que reducirá a lo mínimo las adjudicaciones directas”, apunta Marco Fernández, investigador del Tec y México Evalúa. Desde la llegada de López Obrador, el presupuestos militar ha aumento más de un 15% y el Ejército va erigiéndose cada vez más como uno de los actores políticos más influyentes del México actual.
https://elpais.com/internacional/2020-0 ... tares.html

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NotaPublicado: 06 Jul 2020 09:03 
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El Ejército mexicano desvió 240,5 millones de pesos (unos 14,8 millones de dólares) a una empresa fantasma que actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la dependencia militar. Entre 2013 y 2016, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó compras a DRM Aceros Internacional por supuestos insumos para la producción de armamento, municiones, explosivos y equipos militares. Sin embargo, la autoridad tributaria determinó en octubre de 2018 que esta era una empresa fantasma que simulaba sus operaciones porque no contaba con empleados ni infraestructura para comercializar los bienes.

La instancia de la Sedena que otorgó los contratos fue la Dirección General de Industria Militar, un órgano técnico que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra y los vehículos militares que utiliza el Ejército para su operación. La mayoría de las contrataciones fueron por adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas, es decir, sin una convocatoria abierta de contratación (licitación pública). La Defensa Nacional es la única dependencia federal que firmó contratos con esta compañía desde que se constituyó, ya que no hay registros de compras hechas por otras dependencias federales de Gobierno.

El Ejército mexicano es una de las instituciones con más poder en México. Durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tuvo un papel preponderante en la llamada guerra contra el narcotráfico. Con la llegada de López Obrador poco o nada ha cambiado. Aunque en campaña el actual presidente planteó la opción de regresar al Ejército a los cuarteles, una vez que asumió la presidencia su discurso cambió radicalmente y se ha encargado de empoderarlos aún más. No solo legalizó la participación de estos en tareas de seguridad, sino que les ha encomendado liderar diversas tareas: desde el combate a la venta de combustible ilegal (huachicol) hasta la construcción de uno de sus proyectos más importantes: el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

López Obrador ha sostenido que la Sedena es una de las instituciones menos corruptas, pese a que la Auditoría Superior de la Federación —el órgano fiscalizador en México— ha documentado las irregularidades de los militares en las obras públicas que han estado bajo su ejecución. En el cancelado aeropuerto de Texcoco, la obra emblema del expresidente Peña Nieto, la ASF señaló deficiencias en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo que presentó la Defensa Nacional para la construcción de una de las pistas del aeropuerto. Los auditores también señalaron que los militares pagaron trabajos que no fueron realizados y que hubo sobreprecios en diversos servicios contratados en la edificación de la barda perimetral del inmueble.

Estas anomalías en el manejo de los recursos públicos por parte del Ejército no fueron las únicas. Esta investigación de EL PAÍS revela que en el sexenio anterior, la Sedena contrató a DRM Aceros Internacional para que le suministrara diversos insumos, pese a que esta no contaba con experiencia empresarial y simplemente era una firma de papel. La sociedad fue constituida el 19 de septiembre de 2013 ante un notario de Tlalnepantla, en el Estado de México, y dos meses después firmó su primer contrato. De 2013 a 2016 la empresa le vendió a la dependencia diversos materiales para la fabricación de cañones, lanzagranadas, así como piezas que son usadas en los procesos productivos para fabricar los componentes de los fusiles, cartuchos y granadas de mano, se lee en los contratos consultados en Compranet, el sistema oficial de compras de Gobierno. Este diario solicitó a la Sedena saber si los mandos involucrados en las contrataciones fueron sancionados, pero esta pidió requerir esos datos a la Función Pública, quien finalmente no brindó ninguna información.
Soldados marchan durante una ceremonia de graduación, en 2016.
Soldados marchan durante una ceremonia de graduación, en 2016.Rebecca Blackwell / AP

DRM Aceros no solo simulaba sus actividades, sino que para vender a un mayor precios los insumos que le ofertaba a la Sedena se confabulaba con otras empresas, concluyó la Auditoría Superior tras hacer una revisión a tres procedimientos de contratación realizados en 2015. En las rondas de adquisición para comprar 30 mil piezas de barras de acero en enero de 2015, la compañía se puso de acuerdo con otras dos de las sociedades participantes, que solo presentaron sus propuestas para favorecerla. La ASF detectó que una de las accionistas de la compañía ganadora había sido comisaria de la otra sociedad mercantil que compitió.

No solo eso, el acero lo vendió a la Dirección de Industria Militar con un sobreprecio de 143,9%, ya que el material costaba 8,3 millones de pesos (522.637 dólares al tipo de cambio de entonces), pero DRM Aceros lo vendió en 26,7 millones de pesos (1,6 millones de dólares). Además, el órgano fiscalizador señaló que era probable que estuviera incumpliendo sus obligaciones fiscales porque con los datos proporcionados por Hacienda se pudo constatar que ésta realizó importaciones de acero, pero en su declaración anual de 2015 nunca informó de estas compras.

En otra ronda de asignación también de 2015 la Auditoría detectó que DRM Aceros (ganadora del contrato) presentó un certificado que respaldaba que los bienes ofertados los había producido una acerera española. Sin embargo, tras revisar las facturas que amparan la compra, los auditores se percataron que el acero fue adquirido en México con una empresa nacional, que a su vez lo había comprado a una compañía italiana. “Con esto se estima que el certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno”, concluyó el órgano fiscalizador. Esta triangulación, donde DRM Aceros fungió como intermediario, ocasionó que los bienes fueran vendidos con un incremento de 2,3 millones de pesos (144,827 dólares).

En el mismo procedimiento de contratación nuevamente se detectó contubernio entre los participantes. Según la Auditoría tres de las empresas estaban relacionadas con DRM Aceros, ya que en los movimientos notariales se encontró que compartían accionistas, comisarios y representantes legales. En otra contratación de septiembre de 2015 la compañía ganadora respaldó su propuesta con un certificado que la acreditaba como distribuidora autorizada de los insumos, pero omitió decir que éste se lo había expedido otra de las compañías participantes en el procedimiento.

Las compras que la Sedena hizo a esta empresa mediante invitación restringida las justificó asegurando que de esta forma se garantizaba la participación de especialistas en el ramo y que no era conveniente llevar a cabo una licitación pública porque había pocas compañías con los insumos y capacidad de respuesta inmediata. Este argumento es uno de los más utilizados por el Ejército para evitar los concursos de contratación, dice Marco Fernández, coordinador de área anticorrupción de la organización México Evalúa. “Hay un abuso a las excepciones por las cuales pueden asignar directamente, son 38 justificaciones a la ley”, menciona. Otro problema es que muchos de los contratos no son públicos y los clasifican como reservados valiéndose del argumento de la seguridad nacional.

Los datos recabados por la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa muestran el abuso que la Defensa Nacional ha hecho de la asignación directa. Mientras que en 2013, al inicio del sexenio de Peña Nieto apenas asignaban 270 millones de pesos (21,1 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), en 2018, el último año de ese gobierno, la cifra alcanzó los 3.270 millones de pesos (170 millones de dólares). Ahora con López Obrador la Sedena entregó contratos por 5.000 millones de pesos (259,6 millones de dólares) en 2019 sin lanzar una convocatoria de contratación, detalla Fernández. Estas asignaciones que carecen de transparencia pueden dar margen a actos irregulares en las contrataciones. “La Sedena debe rendir cuentas y debe haber un escrutinio para evitar corrupción. No se vale decir que porque son el Ejército hay un honor intangible que hace que sus contratos estén rodeados de un aura que los protege (de anomalías)”, menciona.
Sanciones endebles

Estas contrataciones a DRM Aceros se dieron durante la gestión, primero, del general Gerardo Rubén Serrano Herrera como titular de la Dirección de Industria Militar, que estuvo en el cargo desde principios de 2012 a enero de 2015. Tras una serie de reacomodos, Serrano Herrera quedó como titular de la primera región militar, que comprende la capital del país, el Estado de México, Hidalgo y Morelos. Luego, en diciembre de 2016 fue enviado a comandar la XI región militar, que abarca los estados norteños de Coahuila y Chihuahua. Actualmente se encuentra retirado de las fuerzas armadas.

En enero de 2015 asumió la Dirección de Industria Militar el general Genaro Fausto Lozano Espinosa, que estuvo en el puesto hasta diciembre de 2016 cuando pasó a retiro. En una ceremonia realizada el 1 de diciembre de 2016 en el Heroico Colegio Militar, el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, entregó una condecoración a Lozano Espinosa como un reconocimiento a su trayectoria de casi 50 años en las Fuerzas Armadas. En un discurso destacó que el general siempre fue un hombre visionario, con liderazgo y don de mando que se desempeñó de manera eficiente como comandante de diversas regiones militares. “Como director general de la Industria Militar, impulsó importantes e inéditos proyectos para satisfacer diversas necesidades del Ejército y de la Fuerza Aérea”, manifestó Cienfuegos.

Tras el retiro de Lozano Espinosa, la Sedena nombró a un nuevo director para el área de Industria Militar. Tres semanas después del evento encabezado por Cienfuegos, la Auditoría Superior emitió el dictamen donde señalaba las anomalías en las compras hechas por la Dirección General de Industria Militar durante 2015, en el periodo del recién condecorado general. En sus observaciones el órgano fiscalizador alertó sobre deficiencias en la selección de proveedores y concluyó que se carecieron de mecanismos de control en el manejo de los recursos, y que la confabulación de DRM Aceros con otras tres compañías se tradujo en que se ofertaron precios más altos.

Los últimos contratos con DRM Aceros se firmaron en 2016 y el último pago que la dependencia militar realizó a la empresa fue en enero de 2017 por concepto de un finiquito, es decir una compensación por haber terminado la relación contractual antes de lo estipulado. En octubre de ese año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la instancia fiscal que verifica la legalidad de las operaciones de estas empresas, tuvo sospechas de que DRM Aceros Internacional emitía comprobantes fiscales sin contar con los activos, el personal o la infraestructura para producir o comercializar los insumos. El 8 de octubre de 2018 el SAT finalmente concluyó su indagatoria y exhibió a la empresa en su listado de empresas fantasmas catalogadas como “definitivas” después de que no pudiera revertir las acusaciones.

La Contraloría del Ejército decidió inhabilitar y multar a la empresa de acero con 98 mil 140 pesos (alrededor de 5.000 dólares) hasta octubre de 2019, casi tres años después de que la Auditoría le notificara las anomalías en las que incurrió. La sanción fue porque se comprobó que había presentado información falsa, vendió insumos con sobreprecio y actuó como intermediario de los bienes que comercializó a la Defensa Nacional. En una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación se pedía a las dependencias federales y a los estados “abstenerse” de contratar a la compañía durante tres meses. Aunque la inhabilitación concluyó en febrero pasado, a la fecha la empresa continúa impedida para celebrar contratos públicos porque no ha pagado la multa.

En los contratos firmados con la Sedena, la empresa reportó diversos domicilios. En 2014 el dueño de la empresa, Oliver de León Barredo, dijo que sus oficinas estaban en “calle 5 de febrero número 6, colonia Ahuehuetes”, en la localidad de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Sin embargo, esta dirección no existe. En el asentamiento no hay ninguna calle 5 de febrero. En otro procedimiento de contratación, la compañía proporcionó como dirección el número 20 de la avenida las granjas, en la colonia Las Colonias, también en Atizapán. En el lugar hay una vivienda de dos plantas que no cuenta con rótulos que hagan referencia a alguna empresa. Las direcciones de los supuestos dueños tampoco pudieron ser localizados, ya que las calles y colonias son imprecisas.
https://elpais.com/mexico/2020-07-06/el ... litar.html
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NotaPublicado: 25 Ago 2020 13:44 
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las dependencias que ha recurrido a las llamadas “factureras”, las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias y contra las que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una persecución legal en México. Entre 2013 y 2019, diversas instancias del Ejército mexicano pagaron 2.371 millones de pesos (unos 156 millones de dólares) a 250 compañías que posteriormente fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma. A pesar del grave daño al erario que esto ocasionó, ningún titular de las direcciones que autorizaron las compras que ampararon las facturas falsas ha sido sancionado, de acuerdo a la información proporcionada por la Sedena para esta investigación.

Los recursos fueron desviados a través de 11.175 comprobantes digitales, según la información contenida en una base de datos proporcionada a EL PAÍS por la Administración General de Servicios al Contribuyente del SAT tras diversas solicitudes de información. Las facturas amparan los bienes y servicios contratados por la Defensa Nacional en decenas de instalaciones castrenses como campos, cuarteles y guarniciones en diversas zonas del país, el Heroico Colegio Militar, el Museo Nacional de la Cartografía, un parque eólico ubicado en el Itsmo de Tehuantepec, el cine del Centro de Atención Social para Militares Retirados, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (Estado de México), la Escuela Militar de Sargentos, la Dirección General de Administración y el cancelado aeropuerto de Texcoco.
Trabajadores en la construcción del Aropuerto Internacional de la Ciudad de México, en 2018.
Trabajadores en la construcción del Aropuerto Internacional de la Ciudad de México, en 2018. Hector Guerrero / El País

La Sedena también usó empresas fantasma en trabajos de mejoras en carreteras o caminos rurales que conectan a sus cuarteles y en obras de mantenimiento o adecuación de sus bases aéreas, prisiones, juzgados, centros de justicia, unidades habitacionales, cafeterías, centros deportivos, estacionamientos, gimnasios, museos, centros de desarrollo infantil y en 15 hospitales militares. Los recursos desviados en estos centros médicos como el Hospital Militar de Zona en Ixtepec (Oaxaca), el Militar Regional de Puebla (Puebla), el Hospital de Zona del Campo Militar 1 en Naucalpan (Estado de México), el Regional de Especialidades en Mérida (Yucatán) y la Unidad Médica de Consulta Externa del Colegio Militar ascienden a 115 millones de pesos (unos siete millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Los pagos fueron por diversos insumos y servicios clínicos que supuestamente prestaron una treintena de empresas fantasma entre 2013 y 2018.

En otras facturas hubo pagos por 50 millones de pesos para supuestos servicios de obra civil, instalación de invernaderos y viajes para acarrear grava en los viveros forestales de Perote (Veracruz), Ameca (Jalisco), Pueblo Viejo (Veracruz), El Sauz (Sinaloa), Sarabia (Guanajuato) y Zimapán (Hidalgo). Una de las áreas de la Sedena que también destinó 51,5 millones de pesos a empresas de papel fue la Dirección General de Comunicación Social. En 2014 y 2015 contrató a las compañías Advertising and Digital Effects y Producciones Siehj para que le brindaran servicios de masaje e hidratación, suministraran playeras y medallas y organizaran eventos deportivos. En el registro de gastos hay cuatro facturas que fueron para contratar los servicios de producción de una carrera de la Fuerza Aérea Mexicana como parte de una campaña conmemorativa. También hay otros dos comprobantes para la producción de otra carrera titulada “La gran fuerza de México”. Para este reportaje se buscó a la Sedena a fin de saber si se han iniciado investigaciones por el uso de empresas fantasma, pero no hubo respuesta.

Los conceptos descritos en las miles de facturas van desde la adquisición de materiales de construcción como grava, arena y concreto hasta artículos de papelería y limpieza. También aparecen en los comprobantes las supuestas compras de uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad, sábanas, llantas, luminarias y losetas. Entre los servicios asignados está la supuesta renta de andamios, viajes de agua en pipa, acarreo de escombro, arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, instalación de ventanas y servicios de lavandería, así como mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. El año en que la dependencia registró la mayor cantidad de recursos desviados a compañías fantasma fue 2013 con 619,4 millones de pesos (unos 48,5 millones de dólares al promedio de tipo de cambio de ese año).

La empresa que facturó el monto más alto a la Sedena fue Construglobal de Chiapas, que en 2013 y 2014 recibió 312,7 millones de pesos (24,5 millones de dólares) por la renta de diversa maquinaria de construcción supuestamente utilizada en obras dentro de la unidad habitacional militar de Cintalapa, Chiapas. Tras el cambio de Gobierno y las reformas legales emprendidas para combatir la facturación falsa que representa un severo problema de defraudación fiscal disminuyó considerablemente el uso de estas empresas. Desde que inició la Administración de López Obrador solo hay constancia de dos facturas de abril de 2019 por 1,1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Los pagos hechos por la dependencia a esta firma los realizó cinco meses antes de que fuera exhibida por el SAT como empresa fantasma.

La constructora, que fue constituida en abril de 2002 en Tabasco, prestó el servicio de “suministro y colocación de material pétreo” en la construcción de la calle principal que conecta a una unidad habitacional militar con el vivero forestal ubicado en el campo número 30-E, en Cárdenas, Tabasco, uno de los viveros que forman parte del programa sembrando vida. Uno de los socios fundadores de la firma es José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario de Cárdenas, Tabasco, que se dice amigo del gobernador de esa entidad, Adán Augusto López, y que ha salido en algunas publicaciones en diarios locales con el político de Morena. En marzo del año pasado, por ejemplo, el mandatario fue captado en el festejo de cumpleaños de Mendoza Murillo. Aunque se llamó a los números telefónicos que la constructora registró en Compranet, el sistema que concentra los contratos públicos, en estos no hubo respuesta. Tampoco contestaron los correos electrónicos enviados.

Dos de las áreas más importantes donde se usaron facturas falsas por 260,5 millones de pesos es la Dirección General de Materiales de Guerra e Industria Militar. El desvío de recursos en la supuesta compra de insumos para la fabricación de armamento lo dio a conocer EL PAÍS en julio pasado. En el reportaje se reveló que DRM Aceros Internacional actuaba en confabulación con otras compañías para encarecer los bienes que ofertaba a la Sedena. El caso fue alertado por la Auditoría Superior de la Federación y la empresa fue sancionada por la Función Pública el año pasado. Sin embargo, los generales que fungieron como directores de Industria Militar en esos años no recibieron sanción.

Los órganos internos de la Sedena —en respuesta a una solicitud de información—señalaron que entre 2013 y 2019, la fecha en que se utilizaron estas 250 empresas fantasma, los únicos sancionados han sido cuatro de sus integrantes: el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos. Todos ellos, de quienes la Sedena omitió sus nombres por seguridad nacional, estuvieron involucrados con uno de los procedimientos de adquisición de acero a DRM y en septiembre del año pasado recibieron una suspensión de seis meses, que ya culminó. La Secretaría de la Función Pública —en respuesta a otra petición vía transparencia— informó de que según sus registros, 21 miembros de la Sedena han sido amonestados, tres suspendidos por un mes y uno inhabilitado por tres meses, pero se negó a brindar los nombres y los cargos completos de los sancionados.
El Diario Oficial de la Federación exhibe a Soluciones Empresariales Santori como empresa fantasma.
El Diario Oficial de la Federación exhibe a Soluciones Empresariales Santori como empresa fantasma.

Los procedimientos sancionatorios dentro de la Sedena son complejos porque la Sedena se vuelve juez y parte en los casos que involucran responsabilidades de sus integrantes, explica Irene Tello, directora de la organización Impunidad Cero. “Dentro de las fuerzas armadas tienen un órgano interno de control que es la autoridad encargada de determinar si se cometió una falta administrativa por parte del servidor que trabaja en esa institución. Lo que sé es que el titular del órgano también es un militar, lo que lleva a cuestionar qué tan efectivos son estos controles”, explica. Además, amparados por la ley que establece que los tribunales castrenses son los únicos competentes para investigar los delitos que atenten contra la disciplina militar, los procedimientos se vuelven muy opacos. “Ellos pueden argumentar que cualquier asunto que pase por Sedena es un asunto de disciplina militar que ellos van a determinar, y ahí creo que se produce el incentivo perverso de que son ellos los que determinan qué es corrupción y qué no y cómo sancionarlo”.
Obras por administración directa

Con la llegada de López Obrador a la presidencia, la Sedena ha adquirido un papel preponderante en la Administración pública ante las diversas tareas que le han encomendado. La dependencia está a cargo de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y participará en la edificación de dos tramos del Tren Maya, dos de las obras más emblemáticas de este Gobierno. Sin embargo, sus antecedentes como constructora no son los mejores. En las Administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto participó en decenas de obras de infraestructura que le fueron encargados por otras dependencias o por Gobiernos de los Estados y que se caracterizaron por la opacidad. Lo trabajos fueron ejecutadas por administración directa, un modelo de contratación previsto en la Ley de Obras que evade la licitación pública y con nula transparencia. Aunque la Defensa nacional firmó un convenio con las dependencias donde se estipulaba que se haría cargo de las obras, dsta terminó subcontratando a otras compañías.

Una de las obras realizadas por Administración directa en el sexenio anterior fue el cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). En la base de datos revisada se encontraron 168 facturas falsas que amparan diversos servicios subcontratados por la Sedena durante la construcción de la barda, camino perimetral y pista seis del NAIM. Las tres firmas de papel detectadas recibieron pagos por 184,1 millones de pesos para suministrar materiales como tuberías, varillas, cables de cobre, artículos de limpieza y placas de acero. También se erogó por servicios de soldadura, supervisión en la colocación de tuberías y renta de oficinas móviles. Comercializadora en General Hercalop fue una de las contratadas en enero y febrero de 2018, pese a que había sido exhibida en calidad de presunta empresa fantasma desde agosto de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, es decir, antes de ser contratada por la Sedena. A los meses fue declarada de forma definitiva como simuladora de operaciones.
El contrato que firmó la Sedena con la empresa Soluciones Empresariales Santori durante la construcción del NAIM.
El contrato que firmó la Sedena con la empresa Soluciones Empresariales Santori durante la construcción del NAIM.

Otra obra por administración directa donde se localizaron empresas fantasma fue en la construcción del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. El 20 de mayo de 2013 se firmó el primer contrato de colaboración entre la Sedena y la oficialía mayor del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la primera etapa de la obra por 284,9 millones de pesos, según el documento entregado por el CJF vía transparencia. Posteriormente el PJF transfirió los recursos a la Sedena y ésta se encargó de subemplear a una serie de proveedores para realizar los trabajos. Entre las compañías contratadas hay tres que ya fueron declaradas como fantasma por el SAT y que recibieron un millón de pesos por la supuesta renta de maquinara.

Los rubros que justifican las compras tanto para los proyectos realizados en instalaciones militares como en los proyectos encargados a la Sedena por otras dependencias y gobiernos son tan diversos que hay desde asesorías en materia de seguros hasta informes de impacto ambiental y planes de restauración de suelos. Ahora que tras el cambio de Administración el Ejército sigue a cargo de importantes obras de infraestructura por decisión presidencial, la autoridad debe garantizar al menos la publicidad de las contrataciones, dice Tello, de Impunidad Cero. “Es muy preocupante porque cada vez se les da más obras y todo bajo el argumento de que son incorruptibles y tienen una disciplina intachable”, reitera. Estos proyectos, donde se manejan millonarios presupuestos, deben manejarse con transparencia. “Es dinero público y ellos (militares) tienen que dar cuentas de qué hacen con ese dinero”, manifiesta.
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