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NotaPublicado: 20 Feb 2014 20:34 
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Entrevista a un agente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Le preguntan sobre la lucha contra el crimen y las últimas protestas en el país. Ojo a lo que comenta sobre los tupamaros y el asesinato de los estudiantes

http://www.lapatilla.com/site/2014/02/2 ... ign=buffer

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There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace—and you can have it in the next second—surrender

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NotaPublicado: 25 Feb 2014 18:37 
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Sigue las protestas en Venezuela. Ya son 13 los muertos
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NotaPublicado: 25 Feb 2014 20:59 
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Gluntz buenas fotos.
Me llama especialmente la atencion la ultima,la Guardia del Pueblo con carabinas beretta Cx4 Storm y los golpes que le van a propinar con estas a un ciudadano.

Por cierto la Guardia del Pueblo es posible que este constituida por Policias voluntarios o algo similar?

saludos


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NotaPublicado: 26 Feb 2014 00:37 
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Lo único que se es que es una fuerza de seguridad nueva que se creo en el 2011. Y sobre esta gente lo único que te puedes encontrar es información un tanto... "partidista", con el palabrerio habitual. De hecho me da que, mas que un cuerpo de policía, es otro tipo de organización ...

Mi duda es si se encuadra dentro de la GNB

Aquí un PDF (se lee cada cosa que... :smile: ) http://www.ciudadccs.info/wp-content/up ... pueblo.pdf

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NotaPublicado: 26 Feb 2014 12:39 
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Ubicación: En la Capital del Reino desde 1606...
Mas Info.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guardia_Na ... _Venezuela



saludos a todos, volvere.

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Si te editamos el post en verde no te preocupes, si en rojo pon atencion.

He dado dos besos que jamas podre olvidar... pues fueron a mi querida Enseña Nacional.


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NotaPublicado: 28 Dic 2018 13:04 
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Venezuela llegó en 2018 al primer lugar de la alarmante clasificación de los países más violentos de América Latina. El país sudamericano cierra el año con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes —una cifra que lo coloca como el más violento de la región, por encima de El Salvador y Honduras— y un total de 23.047 personas asesinadas, según los datos recopilados por el Observatorio Venezolano de Violencia. Ante la opacidad de las estadísticas oficiales, este ente y ocho universidades miden año tras año la magnitud del problema en una nación que sigue desangrándose por la violencia, exacerbada por la peor crisis económica, política y social que se recuerda.

"En 2017 estuvimos de segundos, pero nuestros colegas investigadores en Honduras nos han dicho que la tasa este año estará por la mitad de la de Venezuela, y los de El Salvador dicen que será cerca de los 60 homicidios cada 100.000 habitantes. Claramente seremos el país más violento de América Latina y el de más homicidios en el mundo", ha subrayado este jueves el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio, en la presentación del informe.


La cifra bruta —23.047 muertes violentas— encierra otra aún más preocupante: 10.422 de ellas son claramente homicidios, pero otras 7.523 corresponden a lo que la policía clasifica como "resistencia a la autoridad". En otras palabras: casi la tercera parte ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad, en muchos casos en episodios de ejecuciones extrajudiciales. El resto —5.102— están todavía bajo el tupido velo de la averiguación.

"El Gobierno ha establecido que la única política para [solucionar] el problema es [hacer] desaparecer delincuentes y no reducir la delincuencia. Desde 2015 vemos con preocupación una política de exterminio de los delincuentes, un aumento de la acción represiva que no conlleva al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y va en contra de la institucionalidad y los derechos humanos", ha explicado Briceño León en la presentación del estudio.

El trágico récord se alcanzó a pesar de la reducción de la tasa, desde el 89 cada 100.000 habitantes registrado en 2017. Las razones que explican esta caída también pasan por el tamiz de la aguda crisis venezolana. El director del Observatorio Venezolano de Violencia apunta a que la citada política represiva de "acabar con homicidas", ha redundado en una reducción de los homicidios, aunque su legalidad y apego a los derechos humanos "estén en cuestión".

El empobrecimiento de la población de un país que ya supera los 12 meses bajo el yugo de la hiperinflación también ha traído consigo a un cambio en la modalidad del delito. "Muchas formas se han vuelto poco rentables para el delincuente, que opera en función de los beneficios que pueda obtener en función del riesgo que corre y los costos que debe pagar", agrega Briceño León. Un tercer elemento que asociado es la alta tasa de emigración: entre los que se van, en su mayoría los que están en peor condición económica, también hay muchas personas que pensarían en delinquir como vía para sobrellevar su mala situación.
El 88% de los municipios, en situación de "epidemia"

Aun con la reducción, 296 de los 335 municipios del país están en lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica de "epidemia". Es decir, que registra tasas superiores a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. La localidad más violenta de Venezuela es El Callao, en el estado Bolívar, la zona minera del sur del país. Esa población carga con el fardo de 619,8 muertes violentas cada 100.000 habitantes, una cifra que pone a este pequeño pueblo a la misma altura que el Medellín de tiempos de Pablo Escobar. La minería legal e ilegal y la presencia de grupos guerrilleros que participan en el control de las explotaciones son parte de los factores que inciden en la elevada prevalencia de la violencia en la zona.

El Estado más violento es Aragua, en la región central del país, a una hora de coche de la capital, Caracas. Su tasa de homicidios duplica la nacional y el grueso tiene que ver con las llamadas muertes "por resistencia a la autoridad". A principios de diciembre, el asesinato de un adolescente de 13 años que lideraba una banda criminal puso en evidencia el nivel de penetración del crimen en la región. Además, el director del Observatorio Venezolano de Violencia apunta que otros estados como Sucre, en la costa oriental venezolana y Trujillo, cercano a Colombia, comenzaron a figurar este año entre los más violentos por la expansión del narcotráfico.

Las organizaciones criminales en Venezuela, profundiza Briceño León, se han ido haciendo más rurales, tomando matices de guerrillas. Y la producción agroalimentaria se ha convertido en el nuevo botín de la delincuencia, lo que ha incidido en el aumento de su precio final por los costos asociados a la seguridad. "No se trata de un fenómeno netamente urbano. Ahora vemos bandas criminales ubicadas en las zonas rurales, que salen a las carreteras y a otros pueblos a robar, por ello vemos un vínculo importante entre el delito y las carreteras del país", cierra el investigador. "Por ejemplo, en la autopista hacia el oriente del país, los camiones que transportan carga van escoltados y si van vacíos, circulan con las puertas de la cava abiertas para mostrar que no llevan nada y evitar ser asaltados por las bandas".
https://elpais.com/internacional/2018/1 ... 07318.html

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NotaPublicado: 27 Ago 2019 08:31 
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El terror se ceba en los barrios pobres de Venezuela. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional está en el punto de mira por tomarse la justicia por su mano: acumula centenares de denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales y una amplia lista de abusos. Los defensores de derechos humanos han alertado de que cualquiera, delincuente o inocente, puede ser ajusticiado sin mediación de tribunales por mero capricho de oficiales. Carmen Arroyo, de 52 años, afirma que el propósito de este escuadrón es mantener el control social. Su único hijo, el barbero Cristián Charris, fue asesinado por los policías en el barrio de Petare, al este de Caracas, en septiembre de 2018. “Ellos decían que había robado a otro oficial días antes, pero él estaba trabajando en la peluquería cuando eso ocurrió. Más de 600 personas firmaron una carta diciendo que mi hijo era honesto”, argumenta. Pocos reconocieron a los oficiales, vestían de negro y usaban máscaras, tenían fusiles y sus vehículos carecían de placas.

Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó esta historia y otras parecidas cuando estuvo en Venezuela, en junio pasado. “Hablé con la señora Bachelet. Ella se había reunido con el fiscal general, Tarek William Saab, que decía no tener denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero que nosotros le mostramos otra realidad”, recuerda Miriam Gamarra, madre de un joven asesinado por policías en el distrito capitalino de Las Adjuntas.

Su hijo fue arrestado por participar en las protestas antigubernamentales de 2017. Tras ser liberado, el hombre de 21 años no pudo conseguir un empleo. Nadie quería contratarlo por sus antecedentes penales. El 13 de mayo, oficiales de laS FAES entraron a su casa y le preguntaron su nombre, él respondió: “Luis Alfredo Ariza Gamarra”. Fue fotografiado en el salón de su vivienda, luego llevado afuera. En la calle, los testigos escucharon un disparo. “Le pusieron un arma, una gorra y dijeron que se trató de un enfrentamiento”, añade su madre.

Un total de 6.856 personas han fallecido por “resistencia a la autoridad” entre enero de 2018 y mayo de 2019, según el Ministerio Público. La ONU considera que es un número “inusualmente alto” y concluye que los cuerpos de seguridad son los presuntos responsables de cuantiosas ejecuciones extrajudiciales. En su análisis sugiere disolver a las FAES.

La recomendación ha sido desechada por Nicolás Maduro. El mandatario venezolano gritó a los cuatro vientos todo su apoyo al cuerpo armado en julio, pocos días después de conocerse el contundente informe del equipo encabezado Bachelet. “¡Qué viva las FAES!”, exclamó en un acto de graduación de oficiales, donde aprobó unos nueve millones de euros para reforzar la Policía Nacional.

Carmen Arroyo recopiló testimonios sobre la muerte de su hijo. Todos son anónimos, pocos desafían a las fuerzas de seguridad gubernamentales por miedo a represalias. Los que presenciaron el asesinato coinciden en que la escena del crimen fue manipulada para proteger a los policías. Su caso se encuentra paralizado en los tribunales, no hay detenidos. “Ni siquiera tengo acceso a una copia del expediente, pese a que me corresponde como víctima. Difícilmente se hará justicia con este Gobierno, porque necesitan meter miedo a las personas de las zonas populares para que no protestemos. Mucha gente es valiente y está denunciando, aunque él (Maduro) reafirme a sus asesinos”, explica.

La represión creció al ritmo que descendió la aprobación del chavismo. La Operación de Liberación del Pueblo, un programa de seguridad creado en julio de 2015, acumuló un pavoroso récord de denuncias por presuntas ejecuciones extrajudiciales. La actuación fue rechazada por organismos internacionales después de más de 40 masacres y cientos de crímenes. Asediado por las críticas, Maduro modificó su nombre a Operación de Liberación Humanista del Pueblo y su acción fue desapareciendo. En consecuencia, las FAES se posicionaron como el nuevo represor en los barrios.

Sus detractores dicen que es un escuadrón de la muerte diseñado a la medida del régimen. Pero W. C., un oficial que desertó de la temible policía, culpa a grupos progubernamentales de estar detrás del ensañamiento. “Los ajusticiamientos, extorsiones, secuestros y otros delitos se han disparado desde que infiltraron a colectivos dentro de los comandos, porque ellos obedecen las directrices del régimen. Los policías estamos formados para servir y proteger al pueblo. Eso es a partir de octubre de 2017, aproximadamente”. El actual jefe de la FAES, José Miguel Domínguez, es señalado en una investigación del portal Runrunes como exlíder de un colectivo del barrio de Catia, en Caracas, por estar supuestamente vinculado con homicidios desde 2000.

Cofavic, una ONG defensora de los derechos humanos, cuenta unos 9.500 casos de posibles ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y 2018, un tercio cometidos entre 2017 y el año pasado. Casi la totalidad de las víctimas son hombres menores de 25 años. “Esto demuestra que no son hechos aislados, sino que ocurren de manera sistemática y que, lamentablemente, tienen un elemento común y transversal: la impunidad institucional”, explica Liliana Ortega, directora de la organización.

El país está sumido en una crisis de derechos humanos. A excepción del Gobierno de Maduro, decenas de países y organismos multilaterales advierten el desmoronamiento de la justicia. Ortega detalla las trabas en las averiguaciones sobre violencia del Estado. “Las líneas de investigación son precarias (…) La representación de las víctimas en las investigaciones es también muy débil. Hay una serie de carencias que son fueros de impunidad. Eso produce una multiplicación de estos crímenes en Venezuela, porque la impunidad tiene un efecto multiplicador”, zanja.
https://elpais.com/internacional/2019/0 ... 10189.html

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