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 Asunto: Noticias
NotaPublicado: 07 Ene 2019 10:04 
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La nueva ley de contratación pública se va aplicando con trompicones. En los primeros meses en vigor, se publicaron unos 550 concursos sobre seguridad privada por todas las administraciones de los que 181 no cumplían la exigencia de que el precio no pesara más del 49% en la baremación final, según los cálculos del observatorio creado por la patronal de grandes empresas del sector, Aproser, y los sindicatos UGT, CC OO y USO. La mayoría de esos problemas, más del 75%, se subsanan en el periodo de alegaciones, apuntan en el propio observatorio. El Ministerio de Hacienda señala, por su parte, que los concursos que supervisa —contratos de seguridad centralizados en Madrid de la Administración estatal— sí se ajustaban a la norma.

Desde el 9 de marzo de 2018, las subcontratas nuevas de la Administración cuando salen a concurso no pueden asignarle al precio más del 49% de la baremación final. También deben dar preferencia a las empresas que respeten el convenio sectorial frente al de empresa. El objetivo es evitar que se deterioren las condiciones laborales de los trabajadores de esas compañías.

Esto se está cumpliendo en la mayor parte de ocasiones. Pero hay un porcentaje de incumplimientos en la fase inicial, denuncian desde el observatorio de la seguridad privada. Este órgano, que agrupa principalmente a las grandes empresas del sector, calcula que en 181 de 550 (el 33%) concursos analizados entre mayo y octubre pasado el peso del precio superaba esos 49 puntos porcentuales que marca la ley. Ninguna administración destaca especialmente. Sobre los contratos vigentes adjudicados con la norma antigua, Hacienda aclara que no tienen porqué cumplir este requisito todavía.

Cuando detectan esto, en el observatorio han optado por advertir a la administración de turno, señalan que no hay una que destaque sobre otras por su incumplimiento, sin llegar a los tribunales. Tras esa alegación, la mayor parte de veces se corrige, entre el 75% y el 80% de las veces, como en la Diputación de Palencia, y en otras incluso se desiste y se comienza un nuevo procedimiento, como ha sucedido en Patrimonio Nacional.

"No vamos a juicio porque no queremos que el sector esté judicializado y paralizado. Preferimos ayudar cuando detectamos que hay algún problema", apuntan desde la patronal Aproser y desde el observatorio, mostrando un listado de los procesos analizados sin enseñar los nombres de las administraciones afectadas, argumentan que no quieren que haya conflictividad de ningún tipo. En su opinión, esta situación se está dando por "costumbre", no por mala fe.
Mucha inercia

Comparte esta visión José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, experto en contratación pública. "Hay mucha inercia. Está costando la idea de que entre la calidad", ahonda, tras señalar que él no ha hecho un seguimiento cuantitativo de las cifras de contratación desde que la nueva ley entró en vigor, pero sí subraya que las del observatorio le parecen verosímiles.

También otra patronal como la de limpieza pública, Aselip, destacan que es una ley "muy complicada, que tuvo 1.070 enmiendas", y eso podría dificultar su aplicación. Aunque añaden: "Se sigue priorizando el precio y así no hay margen para la innovación, en el que las empresas españolas somos punteras".

Frente a la visión de las patronales, Diego Giráldez, de UGT, sindicato más representativo del sector, es más comprensivo. Subraya que los incumplimientos tras las rectificaciones son muy pocos. Cree que la nueva ley ha respondido a bastantes de sus reclamaciones. Aunque subraya que "los precios siguen siendo bajos en la seguridad privada" y eso, en un sector en que el 90% del coste es mano de obra, repercute en los sueldos.
https://elpais.com/economia/2018/12/31/ ... 43058.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 30 Ene 2019 09:31 
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La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.

Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.

https://www.cope.es/actualidad/espan...0190129_342152
stonewall escribió:
Bueno, mientras no saquen agentes de las calles para ponerlos en un centro de CCTV o en una garita...

Si, pero no.
En mi Zona había un plan para sacar a patrullar a los compañeros del Núcleo de Servicios cuando se equiparase su CES al de Seguridad Ciudadana (ahora cobran menos) pero viendo esta noticia las cosas seguirán como hasta ahora.-

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 15 Mar 2019 14:36 
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AUGC ha conocido que el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se prorrogará cuando finalice el próximo 31 de mayo, en principio durante siete meses hasta el 31 de diciembre, pero seguramente más allá de ese plazo, porque “hasta la fecha no se ha valorado la continuidad o extinción de dicho contrato”, según Interior.

Así, el Gobierno contraviene sus propios posicionamientos en esta materia, porque desde que se inició el proceso privatizador en 2013 el PSOE ha venido pronunciándose pública y reiteradamente en contra. De hecho, en febrero del año pasado el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso, a propuesta de AUGC, una Proposición No de Ley para “instar al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, ahora el Ejecutivo se contradice a sí mismo y prorroga el contrato dilapidando 21 millones de euros que se sumarán a los 60 millones gastados en el periodo anual que finaliza en mayo de este año, y totalizando más de 210 millones desde que se inició esta privatización de servicios públicos. AUGC reclama al gobierno que sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso hace unas semanas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, dijo que la intención del gobierno es ir rescindiendo poco a poco el contrato a medida que se vayan reponiendo efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para cubrir esas funciones. Pero se trata de un burdo pretexto que además denota su profundo desconocimiento de la situación real, porque la contratación de vigilantes privados no ha conllevado la reducción de las plantillas de los cuerpos estatales encargadas de la seguridad exterior en los centros penitenciarios, sino que están desempeñando cometidos duplicados e innecesarios.

Lo cierto es que ese ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

De hecho, la seguridad privada ya supera en número de efectivos al cuerpo policial con mayor plantilla, la Guardia Civil, dato sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras el sector privado crece considerablemente, las FCSE sin embargo van mermando, como ocurre con la Guardia Civil, cuyos 82.692 efectivos de 2011 han ido disminuyendo hasta los 76.806 en 2018, según datos facilitados por el propio gobierno, y en la misma situación se encuentra la Policía Nacional.

No en vano, como ha reconocido la propia patronal, un considerable porcentaje de la facturación del sector de la seguridad privada procede de contratos con la Administración Pública, y sus previsiones son aún mejores tras la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.

Y ello a pesar de las experiencias negativas en otros países, como Estados Unidos, donde se comprobó que la seguridad penitenciaria privada es más insegura, costosa y problemática que la pública. Y en nuestro país también tenemos ejemplos, como lo sucedido en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se echó mano de los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados. Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.
https://www.augc.org/news/2019/3/14

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 08 Jun 2019 14:30 
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Tercer episodio de la serie “Festivalandia”. En este “Un día en el Viña” conoceremos de primera mano cómo son las condiciones de trabajo de algunas de las personas de seguridad que trabajaron en la edición del festival Viña-Rock de este año. Jornadas de más de 12 horas, al sol, sin apenas agua, donde el aseo estaba entre un par de coches del parking y todo por 4 euros la hora. Así trabajan las personas que miran por la seguridad en las zonas de acampada y controlan el acceso de vehículos al recinto dónde se realiza el festival:
https://www.publico.es/historias-para-n ... en-el-vina

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