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 Asunto: Noticias
NotaPublicado: 07 Ene 2019 10:04 
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La nueva ley de contratación pública se va aplicando con trompicones. En los primeros meses en vigor, se publicaron unos 550 concursos sobre seguridad privada por todas las administraciones de los que 181 no cumplían la exigencia de que el precio no pesara más del 49% en la baremación final, según los cálculos del observatorio creado por la patronal de grandes empresas del sector, Aproser, y los sindicatos UGT, CC OO y USO. La mayoría de esos problemas, más del 75%, se subsanan en el periodo de alegaciones, apuntan en el propio observatorio. El Ministerio de Hacienda señala, por su parte, que los concursos que supervisa —contratos de seguridad centralizados en Madrid de la Administración estatal— sí se ajustaban a la norma.

Desde el 9 de marzo de 2018, las subcontratas nuevas de la Administración cuando salen a concurso no pueden asignarle al precio más del 49% de la baremación final. También deben dar preferencia a las empresas que respeten el convenio sectorial frente al de empresa. El objetivo es evitar que se deterioren las condiciones laborales de los trabajadores de esas compañías.

Esto se está cumpliendo en la mayor parte de ocasiones. Pero hay un porcentaje de incumplimientos en la fase inicial, denuncian desde el observatorio de la seguridad privada. Este órgano, que agrupa principalmente a las grandes empresas del sector, calcula que en 181 de 550 (el 33%) concursos analizados entre mayo y octubre pasado el peso del precio superaba esos 49 puntos porcentuales que marca la ley. Ninguna administración destaca especialmente. Sobre los contratos vigentes adjudicados con la norma antigua, Hacienda aclara que no tienen porqué cumplir este requisito todavía.

Cuando detectan esto, en el observatorio han optado por advertir a la administración de turno, señalan que no hay una que destaque sobre otras por su incumplimiento, sin llegar a los tribunales. Tras esa alegación, la mayor parte de veces se corrige, entre el 75% y el 80% de las veces, como en la Diputación de Palencia, y en otras incluso se desiste y se comienza un nuevo procedimiento, como ha sucedido en Patrimonio Nacional.

"No vamos a juicio porque no queremos que el sector esté judicializado y paralizado. Preferimos ayudar cuando detectamos que hay algún problema", apuntan desde la patronal Aproser y desde el observatorio, mostrando un listado de los procesos analizados sin enseñar los nombres de las administraciones afectadas, argumentan que no quieren que haya conflictividad de ningún tipo. En su opinión, esta situación se está dando por "costumbre", no por mala fe.
Mucha inercia

Comparte esta visión José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, experto en contratación pública. "Hay mucha inercia. Está costando la idea de que entre la calidad", ahonda, tras señalar que él no ha hecho un seguimiento cuantitativo de las cifras de contratación desde que la nueva ley entró en vigor, pero sí subraya que las del observatorio le parecen verosímiles.

También otra patronal como la de limpieza pública, Aselip, destacan que es una ley "muy complicada, que tuvo 1.070 enmiendas", y eso podría dificultar su aplicación. Aunque añaden: "Se sigue priorizando el precio y así no hay margen para la innovación, en el que las empresas españolas somos punteras".

Frente a la visión de las patronales, Diego Giráldez, de UGT, sindicato más representativo del sector, es más comprensivo. Subraya que los incumplimientos tras las rectificaciones son muy pocos. Cree que la nueva ley ha respondido a bastantes de sus reclamaciones. Aunque subraya que "los precios siguen siendo bajos en la seguridad privada" y eso, en un sector en que el 90% del coste es mano de obra, repercute en los sueldos.
https://elpais.com/economia/2018/12/31/ ... 43058.html

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 30 Ene 2019 09:31 
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La vigilancia exterior de las cárceles volverá a la seguridad pública

La vigilancia exterior de las cárceles, ahora en su mayoría a cargo de empresas privadas, volverá a ser competencia de las fuerzas de seguridad del Estado a medida que se vaya reponiendo el déficit en las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avanzado esta decisión en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para explicar los presupuestos de su departamento para 2019, que ascienden a 1.196 millones de euros, lo que supone un incremento del 3 por ciento respecto a 2018.

Actualmente, un importante número de cárceles están vigiladas en el exterior por agentes de la seguridad privada, pertenecientes a empresas con las que se formalizaron contratos durante el Gobierno del PP.

Pero según ha dicho Ortiz, la intención del actual Ejecutivo es ir rescindiendo poco a poco esos contratos y a medida que se vayan reponiendo efectivos en la Policía y la Guardia Civil, ir cubriendo la seguridad exterior con estos funcionarios públicos.

https://www.cope.es/actualidad/espan...0190129_342152
stonewall escribió:
Bueno, mientras no saquen agentes de las calles para ponerlos en un centro de CCTV o en una garita...

Si, pero no.
En mi Zona había un plan para sacar a patrullar a los compañeros del Núcleo de Servicios cuando se equiparase su CES al de Seguridad Ciudadana (ahora cobran menos) pero viendo esta noticia las cosas seguirán como hasta ahora.-

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 15 Mar 2019 14:36 
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AUGC ha conocido que el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios se prorrogará cuando finalice el próximo 31 de mayo, en principio durante siete meses hasta el 31 de diciembre, pero seguramente más allá de ese plazo, porque “hasta la fecha no se ha valorado la continuidad o extinción de dicho contrato”, según Interior.

Así, el Gobierno contraviene sus propios posicionamientos en esta materia, porque desde que se inició el proceso privatizador en 2013 el PSOE ha venido pronunciándose pública y reiteradamente en contra. De hecho, en febrero del año pasado el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso, a propuesta de AUGC, una Proposición No de Ley para “instar al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior”.

Sin embargo, ahora el Ejecutivo se contradice a sí mismo y prorroga el contrato dilapidando 21 millones de euros que se sumarán a los 60 millones gastados en el periodo anual que finaliza en mayo de este año, y totalizando más de 210 millones desde que se inició esta privatización de servicios públicos. AUGC reclama al gobierno que sea consecuente con sus postulados y no prorrogue el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso hace unas semanas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, dijo que la intención del gobierno es ir rescindiendo poco a poco el contrato a medida que se vayan reponiendo efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional para cubrir esas funciones. Pero se trata de un burdo pretexto que además denota su profundo desconocimiento de la situación real, porque la contratación de vigilantes privados no ha conllevado la reducción de las plantillas de los cuerpos estatales encargadas de la seguridad exterior en los centros penitenciarios, sino que están desempeñando cometidos duplicados e innecesarios.

Lo cierto es que ese ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

De hecho, la seguridad privada ya supera en número de efectivos al cuerpo policial con mayor plantilla, la Guardia Civil, dato sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras el sector privado crece considerablemente, las FCSE sin embargo van mermando, como ocurre con la Guardia Civil, cuyos 82.692 efectivos de 2011 han ido disminuyendo hasta los 76.806 en 2018, según datos facilitados por el propio gobierno, y en la misma situación se encuentra la Policía Nacional.

No en vano, como ha reconocido la propia patronal, un considerable porcentaje de la facturación del sector de la seguridad privada procede de contratos con la Administración Pública, y sus previsiones son aún mejores tras la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplicó las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.

Y ello a pesar de las experiencias negativas en otros países, como Estados Unidos, donde se comprobó que la seguridad penitenciaria privada es más insegura, costosa y problemática que la pública. Y en nuestro país también tenemos ejemplos, como lo sucedido en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se echó mano de los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados. Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles, ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.
https://www.augc.org/news/2019/3/14

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 08 Jun 2019 14:30 
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Tercer episodio de la serie “Festivalandia”. En este “Un día en el Viña” conoceremos de primera mano cómo son las condiciones de trabajo de algunas de las personas de seguridad que trabajaron en la edición del festival Viña-Rock de este año. Jornadas de más de 12 horas, al sol, sin apenas agua, donde el aseo estaba entre un par de coches del parking y todo por 4 euros la hora. Así trabajan las personas que miran por la seguridad en las zonas de acampada y controlan el acceso de vehículos al recinto dónde se realiza el festival:
https://www.publico.es/historias-para-n ... en-el-vina

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 03 Jul 2019 20:56 
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Eulen Seguridad quiere reforzar su plantilla de cara al verano. La división del Grupo Eulen busca incorporar de manera inmediata a más de 350 vigilantes de seguridad en varias zonas de España.

Por zonas geográficas, destaca la gran oferta en Barcelona, donde se precisan un total de 200 vigilantes; 65 en la Comunidad Valenciana, 60 en Madrid y 10 en Baleares, entre otros.

Aunque estas incorporaciones están orientadas al verano son de carácter estable de acuerdo a los servicios que la compañía presta en las principales empresas y administraciones del país. La tipología de puestos vacantes es muy diversa y las personas interesadas en formar parte de la plantilla de Eulen pueden elegir aquellas que mejor se adapten a su situación actual.

Requisitos para el puesto

Para los puestos de vigilantes es necesario estar en posesión de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de Vigilante de Seguridad en vigor. En este sentido, si el candidato no dispone de la TIP, puede contactar con Eulen Seguridad para formarse con la empresa y acceder a un empleo estable.

Además, la compañía dispone de un canal directo para recibir y gestionar las candidaturas de sus ofertas de empleo, así como a través del siguiente enlace de portales de empleo como InfoJobs o en la página web del grupo, seleccionado en la pestaña de Organización, “Seguridad”.

Eulen se se confirma así como una marca de gran empleador dentro del sector y en nuestro país, ya que en la actualidad cuenta con más de 6.700 vigilantes en todo el territorio nacional.
https://okdiario.com/economia/eulen-bus ... io-4327735

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 Asunto: Re: Noticias
NotaPublicado: 13 Jul 2019 12:03 
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Francisco Ocaña y sus 16 compañeros vigilantes de seguridad en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Sevilla se frotaban los ojos hace dos meses cuando su nueva empresa, RMD, les contó que debían renunciar a su antigüedad como trabajadores o iban a la calle. Algunos de ellos con 28 años acumulados en el puesto. “En casa me preguntaban ‘¿cómo estando en el Ministerio de Trabajo, que vigila por que las empresas cumplan sus obligaciones, os van a hacer esa barrabasada? Es imposible’. Y ni yo me lo creía”, relata. Pero tras semanas de incredulidad, los 17 vigilantes vieron que la realidad se imponía y eran despedidos por la firma ganadora del concurso de 586.060 euros al año ofertado por el Ministerio de Trabajo, responsable último de su paradoja laboral.


Llueve sobre mojado para estos 17 guardas de seguridad. Su anterior empresa, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, propiedad del polémico empresario canario Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad, les dejó una deuda en salarios impagados que ronda los 150.000 euros, según estiman los sindicatos. En paralelo, en 2017 el Ministerio de Trabajo denunció a Sinergias ante la Fiscalía después de haber propuesto sancionarla por fraude a la Seguridad Social.

Con esos precedentes, el pasado mayo los 17 trabajadores recibieron la propuesta de RMD para rebajarse el sueldo medio de 1.368 euros a 1.168 euros en 15 pagas al año. “Cuando llegó la hora de subrogarnos, RMD me exigió renunciar a 25 años de antigüedad, reiniciar de cero sabiendo que con la baja voluntaria la empresa te puede coger, o no. Aun estando la ley de nuestro lado”, insiste Ocaña, a quien Sinergias le adeuda 14.000 euros por salarios atrasados. Después de que la firma entrara en concurso de acreedores hace dos meses, el impago corresponde ahora al administrador concursal.

Tanto la Ley de Contratos del Sector Público, como el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de empresas de seguridad estipulan que RMD debe subrogar a los trabajadores despedidos. “El Ministerio acepta el incumplimiento del contrato y nosotros estamos desamparados. Si lo hace Tesorería, ¿qué no harán las empresas? Además, la Inspección de Trabajo debería haber actuado de oficio”, se lamenta el vigilante Carlos García. El incumplimiento ha provocado que los siete sindicatos mayoritarios en el sector de la seguridad se hayan unido en una plataforma para obligar a Trabajo a reaccionar y denunciar los despidos.

“RMD entiende que la situación no la provocamos nosotros, sino Sinergias, y que hemos actuado conforme a convenio. Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad pero sí derecho al pataleo porque han perdido sus empleos. El grueso del problema es la falta de documentación desde Sinergias para la subrogación y que hay irregularidades en las nóminas, con pluses no computados en el coste de los empleados", alega Ismael Fernández, jefe de seguridad de RMD. Y añade: "La Tesorería es conocedora de todos los pasos que hemos dado. Esto terminará en un juzgado y si el juez determina que tienen razón, pues volverán a sus puestos”. Fernández asegura que sus 17 nuevos empleados están contratados bajo el convenio estatal de la seguridad. La firma cuenta con unos 500 trabajadores en todo el país y mantiene contratos con diversas Administraciones, del Estado, autonomías y Ayuntamientos.

Para el Ministerio de Trabajo la resolución del problema no está en su mano. “Es una cuestión de la empresa y ningún pliego contempla la obligatoriedad de subrogarse (…) La subrogación en los trabajadores excede de las competencias de la Administración, siendo un asunto exclusivo entre la empresa cesante y la nueva adjudicataria”, arguye un portavoz. Trabajo se escuda en el punto 22.1.5 del pliego del contrato, que establece: “El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario (…) siendo la Tesorería General de la Seguridad Social ajena a dichas relaciones laborales”.

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza José María Gimeno Feliú considera que el Ministerio, como órgano de contratación y garante del interés público del contrato, es responsable y tiene potestad para anularlo, en tanto incumple condiciones esenciales de la licitación y la prestación. “Es una actuación contraria a la vigente Ley de Contratos del Sector Público y su interpretación es en fraude de ley, pues lo que la ley pretende es la calidad y estabilidad en el empleo de las contratas públicas. El incumplimiento de esta finalidad sería motivo de resolución del contrato, con imposición incluso de penalidades”. El experto añade: “Cuando el legislador dice que la empresa debe subrogarlos a todos, existe un incumplimiento contractual si el resultado es el contrario. La empresa incumple, así, una condición esencial de la contratación, con lo cual sería ya causa de resolución”.

La nueva Ley de Contratos de 2017 [aprobada con el voto a favor de todas las fuerzas salvo la abstención del PSOE] buscaba la protección de la calidad y estabilidad del empleo. “Lo que pretende la empresa se aleja del espíritu y de la letra de la nueva normativa del 2017”, estima Gimeno Feliú.

En paralelo, el Tribunal Supremo revirtió el pasado noviembre el sistema de contratas de servicios y fijó en sentencia que las adjudicatarias deben asumir las deudas que afloren con Hacienda o la Seguridad Social de sus predecesoras, además de las de los trabajadores. Hasta el pasado otoño la ley obligaba a las empresas a subrogar a los trabajadores con más de siete meses de contrato, pero ahora también las deudas arrastradas corresponden al nuevo contratista, según el alto tribunal. Diego Giráldez, responsable federal de Seguridad Privada en UGT, apunta: “El giro afecta a un millón de trabajadores de limpieza, call centers y dependencia. Estamos esperando que el Gobierno garantice que sean firmes las certificaciones de Tesorería y Hacienda sobre el corriente de pagos y los aplazamientos. O bien una modificación legislativa que afecte al Estatuto de los Trabajadores”.
La empresa ‘low cost’ líder en seguridad, en concurso

Sinergias de Vigilancia y Seguridad rompió el mercado de la seguridad privada hace siete años, al abrigo de la reforma laboral del PP, con sueldos base de 660 euros que solo con los complementos superaba el salario mínimo. El artífice de Sinergias, el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, contó con una plantilla de 3.500 empleados y acumuló hasta ocho millones en adjudicaciones del Ministerio de Trabajo para la vigilancia de sus edificios oficiales.

Hace dos meses Sinergias presentó concurso de acreedores, aunque mantiene contratos con el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canarias y varios Ayuntamientos. Las Administraciones están en vías de anular las concesiones en vigor para volverlas a sacar a concurso, dados los impagos de nóminas a los trabajadores. “El Fogasa está pagando ahora”, confirma José Manuel Ojeda, de CC OO en las islas. Este diario ha intentado sin éxito contactar con Ramírez.

En paralelo, el Tribunal Supremo anuló en febrero el convenio colectivo de Sinergias firmado en 2015 al ratificar la sentencia de la Audiencia Nacional que ya lo había decretado ilegal. La firma de este convenio se produjo gracias a la creación de un comité de trabajadores afín a la empresa y a que la reforma laboral de 2012 primaba los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, y esto permitió a Sinergias congelar los sueldos durante el primer lustro. “Su único fin era disminuir las condiciones laborales de la plantilla con el ánimo de abaratar costes para hacer más competitiva a la empresa”, denunció esta primavera UGT.
https://elpais.com/economia/2019/07/04/ ... 69934.html

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