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NotaPublicado: 27 Sep 2009 03:11 
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Hola.

nº13 deberas consultar el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. Al final del mismo están las tablas de exclusiones.


Real decreto 2487/1998

Saludos.

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NotaPublicado: 26 Jun 2014 06:09 
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Ubicación: cerca, muy cerca....
javier fernandez escribió:
buenas, hace un par de semanas entregue en comisaria los papeles y el diploma despues de haber aprobado y no me han dicho mas nada ni a salido mas nada de si estan bien, mi pregunta es cuanto tarda o que tengo que hacer¿?


Buenas Javier, yo esperaria una semana más y después llamaria a la Unidad Territorial de Seg. Priv. que te corresponda.

Un saludo

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La civilizacion no destruye la barbarie, la perfecciona.
Voltaire.


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NotaPublicado: 27 May 2017 09:56 
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“Ahora los jefes pasan por delante de nosotros y agachan la cabeza. Ya no saludan ni dan los buenos días”. Un guarda de seguridad explica el bochorno de algunos responsables de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, antaño afables, y hoy conscientes de que al vigilante le han bajado de un plumazo el sueldo un 40%, hasta dejarlo en 700 euros. “Vienes sin dormir, con ansiedad, desmotivado, angustiado por los pagos y pensando si darle arroz a tus niños”, añade este vigilante que pide el anonimato.
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La Administración acota los contratos de guardias de seguridad ‘low cost’
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Hace dos meses, esta Consejería andaluza otorgó la seguridad de su sede a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, firma que ha reventado los precios por todo el país con su convenio colectivo. Junto a Marsegur y Seguridad Integral Canaria, las tres compañías insulares han sumado contratos para edificios oficiales los últimos años, dado que las Administraciones han primado la oferta económica por encima de todo. Sin embargo, los jueces han corregido estos abusos mediante sentencias y ahora los Gobiernos empiezan a reaccionar.

A la Junta andaluza —que estudia cómo anular un contrato con Sinergias y la ha apartado de dos concursos ante las protestas— se le unen la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Cultura, que han cancelado y avanzan que anularán los contratos con estas empresas de seguridad low cost. Sus responsables admiten el escándalo que supone que una Administración ampare sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional (707 euros), pero se han escudado en que estas firmas ganaban los concursos de manera legal. Hasta ahora.

La precariedad salarial afecta ya a 14.000 vigilantes del colectivo de 78.000 guardas de seguridad, según un estudio de UGT, que ha identificado a 35 empresas con convenio propio y raquíticos sueldos, o descolgadas del convenio colectivo estatal, que fija un salario base de 908 euros. Tras la denuncia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social contra Sinergias por fraude y un delito contra la Seguridad Social, ahora la Audiencia Nacional ha dado un serio varapalo a Marsegur al anular por segunda vez su convenio colectivo para 450 trabajadores.
Las cláusulas sociales no siempre evitan a estas firmas

Esas cláusulas sociales son las que desde el pasado 10 de octubre la Junta de Andalucía supuestamente aplica en sus contratos. La presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, fue interpelada en el Parlamento por la reducción de salario de los vigilantes de 1.100 a 700 euros. “Las empresas están siendo egoístas utilizando una herramienta dañina, descolgándose de los convenios del sector”, afirmó. Sin embargo, esta primavera la Consejería de Economía concedió a Sinergias el contrato para vigilar su sede.

Esta primavera la firma canaria ha sido apartada para un jugoso convenio de todas las sedes provinciales de Canal Sur por 2,1 millones y otro para la vigilancia de la Consejería de Hacienda. Sinergias ha recurrido esta última decisión ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno autonómico, que está pendiente de dictar sentencia.

Mientras, hace un año el Tribunal Supremo anuló el convenio de Seguridad Integral Canaria para Las Palmas, la empresa con la que Miguel Ángel Ramírez, apodado El Rey de la Seguridad, inició su meteórica carrera gracias a que paga míseros sueldos. El millar de vigilantes —del total de 3.715 empleados— afectado por esa drástica reducción comenzaron en 2013 su calvario judicial, y solo esta primavera la empresa está abonando los atrasos tras cuatro años de pleitos acuciada por los jueces. Sin embargo, solo la mitad de la plantilla ha reclamado ante la justicia los impagos. “Muchos trabajadores prefieren estar cómodos antes que reclamar sus derechos”, admite José Manuel Ojeda, de CC OO. En 2015 la compañía facturó 94 millones.

Seguridad Integral Canaria asegura que ya ha pagado 1,6 millones en atrasos a sus empleados y que atiende todas las reclamaciones, extremo que los empleados desmienten. “!A mí me encantaría que mis vigilantes ganaran dos mil euros! Es una barbaridad lo que Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos se están ahorrando. Para la Administración lo que pesa es el precio, es así de claro”, alega Ramírez.

Los magistrados de la Sala de lo Social han multado a esta empresa con 6.000 euros por su “mala fe”, “temeridad” y “contumaz incumplimiento” de la ley. Marsegur logró en 2016 contratos por 4,4 millones con las Administraciones, según UGT. Pero su cifra de negocio va al alza. La próxima semana entra en vigor el convenio firmado con el Ministerio de Defensa por 18,9 millones para vigilar sus sedes durante un año.

Esta firma logró en abril de 2016 un contrato de 950.000 euros con la Consejería de Transportes madrileña por dos años. Sin embargo, seis meses después y tras constatar la reducción salarial del 33% respecto al convenio colectivo estatal, el Gobierno autonómico canceló el contrato por “incumplimiento de las obligaciones”. El dueño de Marsegur, Antonio Redondo, replica que ha presentado una querella contra el viceconsejero de Transportes Jesús Valverde que ha sido admitida a trámite. “Y el resto de Administraciones, si cancelan más contratos, ya veremos. Iremos hasta las últimas consecuencias”, avisa.

Para vetar a estas empresas, la Comunidad de Madrid ha incluido entre los criterios de valoración, uno que premie a las empresas que “mejores condiciones ofrezcan a sus trabajadores”, según fuentes del Gobierno autonómico. Además, esta comunidad ha introducido en los concursos una puntuación máxima para las compañías que cumplan con el convenio colectivo y así perjudicar a las que no lo respeten. La Consejería de Educación madrileña mantiene otro contrato con Marsegur por 1,1 millones y ahora sus abogados estudian la forma de rescindirlo.

El Ministerio de Cultura mantiene un contrato con Marsegur para la vigilancia en la Filmoteca. “Estudiaremos a fondo la próxima licitación para que esto no se produzca”, avanza una portavoz del ministerio tras alegar que la firma se alzó con el concurso cumpliendo la Ley de Contratos. En esta línea, el Ministerio de Empleo cancelará a finales de año su contrato con Sinergias para la vigilancia de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR), y no lo renovará. "En los nuevos pliegos se recogen nuevas cláusulas sociales y se han revisado los nuevos criterios de adjudicación", avanza un portavoz.

“Las tres [Sinergias, Marsegur y Seguridad Integral Canaria] están usando o han estado usando un convenio colectivo de empresa que los tribunales han declarado nulo o previsiblemente lo van a hacer. Cuando llegue el momento de que los trabajadores reclamen en base a esas sentencias el pago de lo que se les adeuda, previsiblemente no podrán asumirlo, habida cuenta de los precios de adjudicación. Irán, previsiblemente, abocados a un procedimiento concursal con el coste social y personal que conllevará para los trabajadores”, resumen desde la Federación de Construcción y Servicios de CC OO. A pesar de la controversia generada, la patronal Aproser, que aglutina a las grandes del sector como Prosegur y Securitas, asegura que carece “de información al respecto”.

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NotaPublicado: 27 May 2017 18:15 
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Manuel lleva ya muchas guardias en la mochila. Las suficientes como para haber hecho suyo el consabido refrán de que "en la oscuridad, hasta tu propia sombra te abandona". A sus 59 años, si hay algo que agradece este vigilante de seguridad es precisamente el respaldo de sus colegas de turno. Después de tres décadas en la profesión, Matadero Madrid es su lugar de trabajo desde hace tres años. Esta noche le toca a él hacer la primera ronda a pie. Linterna en mano, recorre las distintas instalaciones del recinto comprobando que todo está en orden. Mientras tanto, sus compañeros se reparten la patrulla en coche y el control de las pantallas. Así, supervisan las diferentes naves del complejo: desde la Cineteca hasta la Casa del Lector, pasando por la cantina, uno de los espacios que más tarde suele echar el cierre. "Vamos rotando entre nosotros cada dos horas para hacerlo más llevadero", explica.

Los dos dígitos que lucen en la placa de Manuel hablan de su veteranía en el gremio. Hoy son más de 26.000 vigilantes los que velan por la seguridad en todo Madrid. En caso de incidente, "nuestra misión es la de disuadir, no tenemos el pecho de plata. En cuanto a ésto -dice señalando la porra que porta en el cinto-, lo mejor es no llegar a usarla nunca". Los años de experiencia no impiden, sin embargo, que la noche se antoje dura. "De madrugada, en la radio, los locutores siempre saludan a los mismos: policías, panaderos, camioneros... Poca gente se acuerda de los vigilantes", lamenta mientras camina despacio, escuchando el resonar de sus pasos en el mismo suelo donde, apenas un par de horas antes, reinaba el bullicio. "En un empleo anterior que tuve en este mismo horario, estuve varios meses sin ver prácticamente a mi mujer", cuenta. "Al final, nos acabamos comunicando con notas en la nevera". Por eso, antes de despedirse, recurre a otro refrán: "Los japoneses inventaron los relojes. Los vigilantes, las horas".

Al igual que Manuel, Eduardo también trabaja a la luz del alumbrado. En su caso, las vistas que le ofrece el mirador del Faro de Moncloa son, asegura, lo mejor de su empleo. Nunca ha contado todos los escalones que sube y baja durante las dos rondas que lleva a cabo en cada jornada, pero los 92 metros que separan el suelo de la plazoleta en la que hace guardia y los 110 que mide la torre sirven para hacerse una idea. "Por motivos de seguridad, no utilizamos nunca el ascensor de noche. Es una buena manera de combatir el sedentarismo. Entre mis cometidos está revisar la parte de la escalinata, los cuartos técnicos, los baños y vestuarios y el perímetro exterior delimitado por la valla de la entrada que rodea el edificio".

Durante los 22 años que lleva trabajando de noche, el currículum de Eduardo ha ido sumando empleos de vigilante en escenarios tan distintos como una discoteca, una comunidad de vecinos e, incluso, una obra. Ahora, desde el balcón al que se asoma cada noche, disfruta de una panorámica privilegiada de la ciudad, la cual contempla prestando especial atención al Parque del Oeste, punto de concentración de botellones, especialmente en los meses de verano.

"Los vigilantes no queremos ser héroes, hay que hacer las cosas siempre con cabeza. Si ves mucha gente, llamas a la Policía, y si hay algún percance dentro, tenemos una aplicación con un botón de pánico por si se produce alguna emergencia". Botón que, añade, no ha tenido que pulsar nunca desde que trabaja en el Faro.

A diferencia de Eduardo, Roberto sí lleva la cuenta de los peldaños que recorre a diario en el Teatro Circo Price, "unos 700 por noche", asegura. Dos horas después de que cierre la taquilla, a eso de las 23.00 h., el apagado de fachada sirve de introducción a la primera de las tres rondas que efectúa a diario. "Cada una suele durar hora y media", explica. "En ese tiempo tienes que revisar todas las instalaciones, cuatro plantas y dos sótanos: desde los camerinos y los despachos hasta el escenario, bajos incluidos". "No llevo nada mal la soledad. Es más, a veces hasta la agradezco", bromea.

El resto de la jornada transcurre frente a los monitores de la garita, desde los que supervisa el perímetro que abarca su "jurisdicción": desde la calle Sebastián Elcano hasta Ronda de Atocha. "Este es el mejor servicio que he tenido hasta ahora. Rara vez ocurre algún incidente", asegura. No fue así en uno de sus empleos anteriores, fuera de la capital, donde, además de tener que hacer frente a algún que otro robo de cobre, una vez llegó a ser encañonado a punta de escopeta. Con las primeras luces de la mañana, llega la tercera y última ronda, la de encendido, que es la que pone punto final a su jornada a las 6.00 h.

Nerea también permanece con los ojos bien abiertos durante la noche. Esta auditora del Hotel Ritz comenzó a trabajar aquí hace tres años a través de las prácticas del máster que acababa de cursar. "Una vez terminadas, surgió la oportunidad de quedarme en el departamento de Reservas y, más tarde, pasé a Recepción de noche, donde llevo año y medio", explica. "Por un lado, me encargo de hacer la auditoría, el cierre de la jornada y preparar todo para el día siguiente. Por otro, las funciones propias de recepción, es decir, todo lo relacionado con los clientes, así como gestionar las incidencias que puedan surgir. Para mí, esta es la parte más importante".

Así, mientras los huéspedes duermen en sus habitaciones, ella vela porque todo salga según lo esperado con la ayuda del resto de equipo de noche, desde Conserjería hasta los departamentos de Limpieza y Seguridad. "Para mí no es difícil trabajar en horario nocturno, lo que me resulta más complicado es intentar conciliar la vida personal cuando vas al revés del resto del mundo. En cuanto a los horarios de sueño pues, por mucho que intentes llevar una rutina, no siempre lo consigues". Sin embargo, su balance no deja de ser positivo: "El trabajo en un hotel es impredecible, tanto de día como de noche. Cada jornada es un reto y, en parte, eso tiene su encanto".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/27 ... b45c1.html

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NotaPublicado: 25 Jun 2017 19:11 
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Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas” que tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

“Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO. A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.
Una seguridad privada a precio de saldo

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.
Una seguridad privada a precio de saldo pulsa en la foto

En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.
Contratos por los suelos

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser. “La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.


Alejandro Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”. La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.
El peligro está en la Red

Según el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 234.174 casos de hurto, casi los mismos que el año anterior. La gran distribución y el comercio minorista son las empresas que más invierten en antenas conectadas con etiquetas adhesivas o duras que se encuentran en la ropa y otros productos. También se instalan cajas de policarbonato o las llamadas “arañas”, alarmas que “abrazan” productos que suelen ser muy caros. Antes las empresas se limitaban a suministrar la alarma. “Ahora se ofrecen sistemas donde todo se conecta. A través de un sofware ves lo que sucede en la tienda. Ofrecemos sensores y soluciones basadas en la identificación por radiofrecuencia. Cada artículo tiene un identificador como si fuera un DNI. Si sale de la tienda sabemos qué artículo es de forma remota”, detalla David Pérez del Pino, director de Checkpoint Systems en España y Portugal, “España es el país que más invierte en sistemas para la prevención de hurtos. También es uno de los más afectados por esta práctica”.

Es un ejemplo de cómo el futuro del sector es convergente: la seguridad física y la lógica van camino de integrarse. Es una tendencia imparable, juzga Gianluca D’Antonio, director académico del Master in Cybersecurity del IE y presidente de ISMS Fórum Spain. “Las grandes multinacionales de defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, están desarrollando el mercado de ciberseguridad. El negocio tradicional va a cambiar. Dentro de cinco años la sociedad será básicamente digital, domotizada, sensorizada… esto se tiene que tomar en serio. Vamos muy por detrás de los malos”. Se calcula que el cibercrimen mueve 280.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Irlanda. “Se va a convertir en una prioridad para muchas empresas, porque pueden darse ataques a personas o a equipamientos”. S21 SEC, Necsia, Counter Craft son algunas empresas medianas, de entre 100 y 200 empleados, que desarrollan sus propios productos en competencia con gigantes del sector como Indra o Telefónica. Desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) lo ven como un camino que no tiene marcha atrás. “Es verdad que en la realidad muy pocas empresas se conjugan la seguridad física y lógica, pero los análisis de riesgos van siendo comunes, aunque el camino es lento”.

Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.
Nichos de mercado

Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas. En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.

Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran múscu­lo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.

Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desem­peñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”. La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”. El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).
Poca formación

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”.

Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.
Una profesión dura y poco reconocida

La Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) denunció el mes pasado a la empresa de seguridad de un centro comercial de la ciudad porque sus vigilantes acosaban, supuestamente, a clientes homosexuales, gitanos, subsaharianos y magrebíes. Previamente, dos jóvenes de 18 y 20 años habían sido expulsados de la zona por besarse mientras paseaban. “La percepción de los compañeros que se dedican a la vigilancia no es la mejor”, recuerdan en CCOO. Una encuesta de la patronal realizada entre un millar de personas muestra que el 62% valora positivamente las funciones de los vigilantes y que el 57% no los sustituiría por personal público. La mayoría reconocen que se trata de una profesión dura y menos de la mitad identifica a los profesionales con una figura de autoridad. El 73% cree que la profesión no tiene el reconocimiento social y solo el 24% indica que la sensación de seguridad es la cualidad más valorada. Los ciudadanos, según el sondeo, no apuestan porque la presencia de los vigilantes se amplíe a zonas públicas: solo el 11% demanda seguridad privada en las calles, el 8% en colegios y universidades y el 8% en jardines y parques.
http://economia.elpais.com/economia/201 ... 76016.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/22/med ... ml?rel=mas

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La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.

La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.

Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.

El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social por el hecho de aplicar un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las debidas.

El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.

"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".
https://economia.elpais.com/economia/20 ... 75731.html

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NotaPublicado: 27 Ago 2017 08:43 
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El próximo jueves termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridadad.

Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación...

La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».

Una declaración de intenciones que los sindicatos acogen, de momento, con prudencia. «La idea de crear un grupo de trabajo nos parece bien, siempre y cuando se haga para buscar soluciones reales y se trabaje de forma ágil, y no sólo para dar buena imagen y dilatar los tiempos», señala Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios. «Por ahora», añade, «somos escépticos. Todavía no se han puesto en contacto con nosotros».

Desde UGT esperan también la llamada de Empleo para ponerse a trabajar. «Todavía no se ha señalado la fecha de la primera reunión en una situación que a nuestro entender merece cierta celeridad. Habrá que ver si finalmente se vislumbra por parte del Gobierno una verdadera voluntad política de adecuar realmente la contratación pública y no se trata de dilatar la solución».

La seguridad privada en España facturó en 2015 3.481 millones de euros, según los últimos datos publicados por Aproser (la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que representa a las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y a las de mayor antigüedad.

Sin embargo, pese a que las cifras han mejorado respecto a los años precedentes, desde la patronal denuncian que el sector ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde el año 2009 mientras los costes laborales se incrementaban algo más de un 4% por una cuestión normativa. «Esto ha provocado que una buena parte de las empresas que aplican el convenio colectivo sectorial sigan en situación de pérdidas», señalan.

Además, la irrupción de compañías «piratas» que se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja ha terminado por rematar a un sector que actualmente está negociando el convenio colectivo.

Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de establecer un nuevo marco de contratación de servicios de seguridad privada, que no sólo tenga en cuenta el factor precio sino también responda a criterios de calidad. «El Gobierno tiene que ser consciente de que los vigilantes de seguridad tenemos un papel clave en en las infraestructuras e instalaciones críticas. Y si no arregla algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, va a haber más huelgas en infraestructuras estratégicas», asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada USO, que advierte de la situación límite a la que han llegado los vigilantes de seguridad.

Por eso, espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y «establezca un nuevo modelo de contratación pública que no sólo se base en el precio sino que tenga en cuenta otras condiciones como la calidad del servicio».

Algo que no está pasando en la actualidad donde, en el ámbito de las administraciones públicas, quien se lleva el gato al agua es aquella compañía que presenta el precio más bajo, siempre y cuando cumpla unos requisitos mínimos.

«En los último tiempos», denuncia Diego Giráldez, secretario Federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FESMC-UGT, «venimos asistiendo a una proliferación de empresas que, basadas en la búsqueda de la inmediatez y la falta de visión de largo recorrido, irrumpen en el sector con ofertas que ni tan siquiera cubren los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, acaparando mercado de forma desleal».

Al no poder hacer frente a los salarios pactados en convenio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas o en previsión de pérdidas y se descuelgan del convenio sectorial. Mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con condiciones laborales y salariales inferiores a las recogidas en el convenio sectorial.

Unas decisiones que tienen como víctimas colaterales a los trabajadores que ven cómo sus sueldos menguan con rebajas que van desde un 20% a un 30%. «Si el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando apenas 700 u 800 euros al mes», denuncia Febles. «Y como no les llega, se ven obligados a hacer horas extra y trabajar 12 o incluso más horas con los niveles de estrés y coste personal que eso conlleva», añade.

Para las organizaciones sindicales, el origen de muchos de los problemas que afronta el sector se encuentra en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012, que otorga prevalencia al convenio de empresa sobre el sectorial y que permite los descuelges salariales. Por eso, exigirán al Ejecutivo en el grupo de trabajo que se constituya para abordar la situación de la seguridad privada que se derogue esta reforma o, al menos, algunos de sus puntos más controvertidos.

Asimismo, desde UGT plantean que los contratos con las administraciones públicas «incorporen cláusulas sociales de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato», subraya Giráldez.

Un planteamiento en el que coincide con CCOO. «Los sistemas de licitación deben cambiar e incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos como el respeto al convenio sectorial. Las administraciones públicas no pueden seguir actuando como cooperantes necesarios en estas contraciones low cost, permitiendo que se adjudiquen contratos a empresas que no garantizan cuestiones tan básicas como las condiciones mínimas del convenio», denuncia Barragán.

Propuestas que también comparte Aproser: «El precio no debe convertirse en el único condicionante de contratación y, en todo caso, no debe superar el 60% de la adjudicación. Es preciso garantizar asimismo a los trabajadores la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo sectorial».
http://www.elmundo.es/economia/2017/08/ ... b45b5.html

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NotaPublicado: 27 Ago 2017 20:06 
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Seguridad Integral Canaria cesa su actividad. Así se lo ha comunicado este martes la compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al comité de empresa, según unos audios de la reunión a los que ha tenido acceso este periódico. "Esta empresa se retira, se acaba, se terminó, no seguimos. Hasta aquí hemos llegado", informa el director general, Héctor de Armas, a los representantes de los trabajadores. "La decisión del accionista es la que es. No pongo un duro más y me voy del sector de la seguridad. Punto".

No obstante, se compromete a cumplir hasta el último momento tanto con los empleados —que denuncian impagos constantes y retrasos en las nóminas— como "con los bancos, con Hacienda y con la Seguridad Social". Lo mismo indica el comunicado interno del comité de empresa, que solicita “calma y tranquilidad” a la plantilla tras remarcar el “compromiso de pagar a los trabajadores, proveedores y bancos” por parte de la empresa. “El administrador único Héctor de Armas comunica el cese de actividad. El 1 de septiembre serán liquidados (vendidos o cedidos) los servicios privados”, añade el documento. La empresa hará lo propio con los servicios públicos a partir del 1 de octubre. La firma, nacida en Canarias —donde acapara la mayoría del mercado de seguridad privada—, cuenta con 3.700 empleados en toda España y tiene tres líneas de negocio: vigilancia —al que pondrá fin—, transporte de fondos y sistemas de alarma.

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Según los sindicatos, Seguridad Integral Canaria garantiza que la nueva empresa subrogará a los trabajadores actuales. No obstante, y a pesar de los audios, fuentes de la compañía aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada y descartan el cierre. Sí se estaría barajando el "cese de actividad para una serie de servicios concretos, aunque por ahora no sabemos a cuántos empleados podría afectar".

Su caso es un claro ejemplo de empresa ‘pirata’ que ha intentado tirar los precios para hacerse con adjudicaciones a la baja, como indican fuentes sindicales. “En los últimos años, han proliferado las compañías que, amparadas en la reforma laboral, han irrumpido en el mercado de la seguridad privada con convenios de empresa para abaratar costes y aumentar así su cartera de clientes”, explica el responsable de seguridad privada estatal de UGT a este periódico. Diego Giráldez recuerda que tampoco es la primera vez que estas mismas firmas cesan su actividad “y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”.

Dos de cada diez euros facturados por la seguridad privada vienen del sector público
Marina Valero
Casi el 20% de los ingresos de la seguridad privada procede del Estado, uno de los máximos contratistas de las empresas especializadas en este sector en nuestro país. Pero… ¿a qué precio?

Otro ejemplo reciente es Segur Ibérica, que acabó vendiendo sus unidades productivas tras efectuar un ERE que afectó a unos 2.000 trabajadores. Los otros 7.500 fueron reubicados en la nueva empresa, I-SEC International Security. Eso sí, existe una diferencia sustancial entre esta última y Seguridad Integral Canaria, pues la primera se acogía al convenio estatal de seguridad y la segunda creó su propio convenio en Las Palmas, con salarios inferiores para los empleados.

"Los impagos y los retrasos en las nóminas son habituales", denuncian los sindicatosNo obstante, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio en Las Palmas el verano pasado por no considerar legítima la representación laboral que lo firmó. “Además, son habituales los impagos o los retrasos en la nóminas”, apostillan fuentes sindicales. Sobre el papel, la firma se acogió desde ese momento al convenio estatal de seguridad —con mejores condiciones para los trabajadores—, pero lo incumplía sistemáticamente, según estas mismas fuentes.
¿Por qué abandona el sector?
La empresa de Miguel Ángel Ramírez dio el salto a la Península con contratos públicos en Metro de Madrid, entre otros muchos. En la reunión con el comité de empresa aludió a la mala situación económica que atraviesa para justificar su cese de actividad, como informa el sindicato USO. También ha cuantificado su deuda en 7,2 millones de euros. “Esta decisión viene motivada por una demanda penal que interpusimos por evasión de cotizaciones sociales”, hilvana el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, que mantiene varios procedimientos judiciales contra la empresa dirigidos por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. El presunto fraude a la Seguridad Social asciende a "21 millones de euros”.

Alcor, Integral, Esabe... las 'empresas pirata' de seguridad se topan con los tribunales
Roberto R. Ballesteros
Las compañías señaladas por los vigilantes por pagar por debajo del convenio afrontan complejos procesos judiciales tras las denuncias de sus empleados y Unión Sindical Obrera

"Las administraciones públicas nos deben 25 millones de euros", protestan fuentes de la empresaSeguridad Integral Canaria culpa a la demora de pago por parte de las administraciones públicas, a las que considera el origen de todos sus problemas. "Nos deben 25 millones de euros. Eso genera tensiones de tesorería e impagos a los trabajadores", precisan fuentes de la compañía a El Confidencial.

Fuentes del sector especulan con la posibilidad de que Seguridad Integral Canaria traspase el negocio a Sinergias de Seguridad y Marsegur, ambas con convenio propio y esta última conocida por pagar poco más de “700 euros al mes” a sus empleados. “Son claras muestras de empresas que recurren a políticas desleales —basadas en abaratar costes— para acaparar el mercado” y llevarse las adjudicaciones, sostiene el portavoz de UGT tras pedir un cambio en el modelo de contratación pública.

Seguridad Integral Canaria consiguió una adjudicación para operar en Metro de Madrid. (EFE)
Seguridad Integral Canaria consiguió una adjudicación para operar en Metro de Madrid. (EFE)

"Hay que estar vigilantes ante una posible nueva estrategia tramposa de esta empresa por su intención de desviar su cartera de clientes a otras compañías (...) con el fin de aplicarles condiciones salariales muy inferiores y para enmascarar el impago de sueldos que mantienen desde hace meses", añade el Sindicato Libre de Seguridad (SLS).

Los sindicatos vigilarán de cerca que el traspaso o venta se realiza de forma transparente y conforme a la legalidad. “Exigiremos que los trabajadores sean subrogados por empresas que cumplan escrupulosamente el convenio estatal”, zanja Giráldez.
https://www.elconfidencial.com/empresas ... l_1432298/

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NotaPublicado: 03 Feb 2018 15:38 
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En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.

Silla de la garita en la prisión de La Torrecica.

"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).

El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".

A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.
En Europa

Reino Unido

Se convirtió en 1992 en el primer país de Europa con prisiones administradas por empresas consignadas por el Estado. En la actualidad 14 cárceles de Inglaterra y Gales -de un total de 132- son explotadas mediante contrato, según datos del sindicato ACAIP.
Francia

También ha delegado en 40 centros (36% de la población reclusa) el mantenimiento de las instalaciones, la provisión de comida y las actividades de reinserción. No obstante, la limpieza, la seguridad interna y externa, los controles administrativos y la asistencia judicial y médica siguen en manos del Gobierno.
Precedentes

En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios (interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia sanitaria especializada.

Contra estas incorporaciones, que desde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.

Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.

"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".

"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.

Sindicatos como CSI-F y SUP critican la poca transparencia del Gobierno

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas (ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.

No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".
Interior defiende la 'optimización en la gestión'

La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".

"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' mediante procedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.

"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la Administración Pública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".

En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014.

Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras que Ombuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de 7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibérica se hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).
Grado de formación y principio de autoridad

Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el "'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.

Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600 de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo", zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los vigilantes que a los funcionarios".

Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa" económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: un derroche escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.

Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que reclama al proceso "transparencia y legalidad". "No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello, habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro por centro".

ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste Figueroa.

Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo.

CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un civil".
'Duplicidad de funciones manifiestamente inútil'

Tomás Torrego (Secretario General SUP Segovia)

Desde el pasado 1 de octubre la empresa Securitas Seguridad España trabaja en la vigilancia perimetral en el centro penitenciario de Segovia-Torredondo, relevando a miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el desarrollo de algunas funciones.
"Tras estos meses de experiencia no ha supuesto ninguna mejora el servicio prestado en dicho centro, sino que además supone en algunos casos una duplicidad de funciones manifiestamente inútil", señala Torrego, quien subraya que en el puesto antes ocupado por un policía ahora hay un vigilante supervisado por un agente "debido a la sensibilidad" de dicho cometido.
Segovia-Torredondo es el único centro de Castilla y León bajo control del Cuerpo Nacional de Policía. En torno al 15% de la plantilla de la Comisaría local desarrolla funciones relacionadas con la seguridad del centro penitenciario, como recorridos, conducciones y custodios de los internos. Pese a la incorporación de los vigilantes "no ha habido una recuperación proporcional de efectivos", enfatiza Torrego.
El secretario general del SUP Segovia teme que en los próximos años la plantilla "pueda verse mermada drásticamente al no convocar la Dirección General de la Policía plazas vacantes si se utilizara la falsa regla de que un vigilante se hace cargo de la tarea de un policía en el centro penitenciario".

'Falta de transparencia y de respeto'

Agustín Clemente (Secretario General AUGC Albacete)

La vigilancia exterior de la prisión albaceteña de La Torrecica, como la del resto de centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, fue asignada a la empresa Ombuds. La llegada de personal externo ha provocado que el número de guardias civiles que prestan servicio haya pasado de cinco a tres.
Clemente se hace eco de un "malestar importante" en el Cuerpo y detecta "menosprecio" por parte del Ministerio del Interior. "Durante años hemos realizado este servicio, muchas veces en condiciones lamentables y sin ningún incentivo económico y ahora vemos cómo una empresa privada gana dinero. Por supuesto, a costa de sus trabajadores (21 vigilantes), que cobran una miseria por hacer aproximadamente 220 horas al mes, alrededor de 60 extra, para percibir un sueldo de 1.300 euros, quedando para la empresa una ganancia en torno a los 600-800".
"Y todo esto para reforzar y complementar un servicio que era el adecuado y eficaz; ésta era la respuesta cuando solicitábamos mejoras", denuncia la paradoja. El secretario general de AUGC Albacete muestra su preocupación por qué en la tercera fase del proceso de privatización el Cuerpo deje de prestar servicio en la prisión. "Vemos cómo se impone la falta de transparencia y de respeto. Mientras a nosotros se nos niega el pan y la sal, para otros sí que hay recursos", concluye.
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