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NotaPublicado: 26 Sep 2009 12:13 
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Buenas tardes n13
aqui tienes la ley de seguridad pribada por si tienes esa duda

CAPÍTULO III.
PERSONAL DE SEGURIDAD.
SECCIÓN I. DISPOSICIONES COMUNES.
Artículo 10.

1. Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal al que se refiere el artículo 1, apartado 2, de esta Ley, habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia del propio interesado.

2. Para la obtención de la habilitación indicada en el apartado anterior, los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos:

Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Ser mayor de edad y no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente.

Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones.

Superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Carecer de antecedentes penales.

No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.

No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control en las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a la solicitud.

3. Los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de las funciones de seguridad privada en el mismo, podrán desempeñar actividades o prestar servicios de seguridad privada en España, siempre que, previa comprobación del Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.

Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones relacionadas con la seguridad privada.

Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.

Los previstos en las letras b, e, f, g y h, del apartado 2 de este artículo.

4. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en la normativa vigente sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales.

5. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.

6. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.

Un saludo a todos

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Por España me atrevo.....
«Inter arma, silent leges»


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NotaPublicado: 27 Sep 2009 03:11 
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Registrado: 25 May 2007 19:38
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Hola.

nº13 deberas consultar el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. Al final del mismo están las tablas de exclusiones.


Real decreto 2487/1998

Saludos.

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Lo que no te mata te hace más fuerte.


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NotaPublicado: 24 Jun 2014 12:27 
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buenas, hace un par de semanas entregue en comisaria los papeles y el diploma despues de haber aprobado y no me han dicho mas nada ni a salido mas nada de si estan bien, mi pregunta es cuanto tarda o que tengo que hacer¿?


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NotaPublicado: 26 Jun 2014 06:09 
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Registrado: 10 Oct 2008 11:15
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Ubicación: cerca, muy cerca....
javier fernandez escribió:
buenas, hace un par de semanas entregue en comisaria los papeles y el diploma despues de haber aprobado y no me han dicho mas nada ni a salido mas nada de si estan bien, mi pregunta es cuanto tarda o que tengo que hacer¿?


Buenas Javier, yo esperaria una semana más y después llamaria a la Unidad Territorial de Seg. Priv. que te corresponda.

Un saludo

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La civilizacion no destruye la barbarie, la perfecciona.
Voltaire.


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NotaPublicado: 27 May 2017 09:56 
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“Ahora los jefes pasan por delante de nosotros y agachan la cabeza. Ya no saludan ni dan los buenos días”. Un guarda de seguridad explica el bochorno de algunos responsables de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, antaño afables, y hoy conscientes de que al vigilante le han bajado de un plumazo el sueldo un 40%, hasta dejarlo en 700 euros. “Vienes sin dormir, con ansiedad, desmotivado, angustiado por los pagos y pensando si darle arroz a tus niños”, añade este vigilante que pide el anonimato.
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Hace dos meses, esta Consejería andaluza otorgó la seguridad de su sede a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, firma que ha reventado los precios por todo el país con su convenio colectivo. Junto a Marsegur y Seguridad Integral Canaria, las tres compañías insulares han sumado contratos para edificios oficiales los últimos años, dado que las Administraciones han primado la oferta económica por encima de todo. Sin embargo, los jueces han corregido estos abusos mediante sentencias y ahora los Gobiernos empiezan a reaccionar.

A la Junta andaluza —que estudia cómo anular un contrato con Sinergias y la ha apartado de dos concursos ante las protestas— se le unen la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Empleo y el Ministerio de Cultura, que han cancelado y avanzan que anularán los contratos con estas empresas de seguridad low cost. Sus responsables admiten el escándalo que supone que una Administración ampare sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional (707 euros), pero se han escudado en que estas firmas ganaban los concursos de manera legal. Hasta ahora.

La precariedad salarial afecta ya a 14.000 vigilantes del colectivo de 78.000 guardas de seguridad, según un estudio de UGT, que ha identificado a 35 empresas con convenio propio y raquíticos sueldos, o descolgadas del convenio colectivo estatal, que fija un salario base de 908 euros. Tras la denuncia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social contra Sinergias por fraude y un delito contra la Seguridad Social, ahora la Audiencia Nacional ha dado un serio varapalo a Marsegur al anular por segunda vez su convenio colectivo para 450 trabajadores.
Las cláusulas sociales no siempre evitan a estas firmas

Esas cláusulas sociales son las que desde el pasado 10 de octubre la Junta de Andalucía supuestamente aplica en sus contratos. La presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, fue interpelada en el Parlamento por la reducción de salario de los vigilantes de 1.100 a 700 euros. “Las empresas están siendo egoístas utilizando una herramienta dañina, descolgándose de los convenios del sector”, afirmó. Sin embargo, esta primavera la Consejería de Economía concedió a Sinergias el contrato para vigilar su sede.

Esta primavera la firma canaria ha sido apartada para un jugoso convenio de todas las sedes provinciales de Canal Sur por 2,1 millones y otro para la vigilancia de la Consejería de Hacienda. Sinergias ha recurrido esta última decisión ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Gobierno autonómico, que está pendiente de dictar sentencia.

Mientras, hace un año el Tribunal Supremo anuló el convenio de Seguridad Integral Canaria para Las Palmas, la empresa con la que Miguel Ángel Ramírez, apodado El Rey de la Seguridad, inició su meteórica carrera gracias a que paga míseros sueldos. El millar de vigilantes —del total de 3.715 empleados— afectado por esa drástica reducción comenzaron en 2013 su calvario judicial, y solo esta primavera la empresa está abonando los atrasos tras cuatro años de pleitos acuciada por los jueces. Sin embargo, solo la mitad de la plantilla ha reclamado ante la justicia los impagos. “Muchos trabajadores prefieren estar cómodos antes que reclamar sus derechos”, admite José Manuel Ojeda, de CC OO. En 2015 la compañía facturó 94 millones.

Seguridad Integral Canaria asegura que ya ha pagado 1,6 millones en atrasos a sus empleados y que atiende todas las reclamaciones, extremo que los empleados desmienten. “!A mí me encantaría que mis vigilantes ganaran dos mil euros! Es una barbaridad lo que Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos se están ahorrando. Para la Administración lo que pesa es el precio, es así de claro”, alega Ramírez.

Los magistrados de la Sala de lo Social han multado a esta empresa con 6.000 euros por su “mala fe”, “temeridad” y “contumaz incumplimiento” de la ley. Marsegur logró en 2016 contratos por 4,4 millones con las Administraciones, según UGT. Pero su cifra de negocio va al alza. La próxima semana entra en vigor el convenio firmado con el Ministerio de Defensa por 18,9 millones para vigilar sus sedes durante un año.

Esta firma logró en abril de 2016 un contrato de 950.000 euros con la Consejería de Transportes madrileña por dos años. Sin embargo, seis meses después y tras constatar la reducción salarial del 33% respecto al convenio colectivo estatal, el Gobierno autonómico canceló el contrato por “incumplimiento de las obligaciones”. El dueño de Marsegur, Antonio Redondo, replica que ha presentado una querella contra el viceconsejero de Transportes Jesús Valverde que ha sido admitida a trámite. “Y el resto de Administraciones, si cancelan más contratos, ya veremos. Iremos hasta las últimas consecuencias”, avisa.

Para vetar a estas empresas, la Comunidad de Madrid ha incluido entre los criterios de valoración, uno que premie a las empresas que “mejores condiciones ofrezcan a sus trabajadores”, según fuentes del Gobierno autonómico. Además, esta comunidad ha introducido en los concursos una puntuación máxima para las compañías que cumplan con el convenio colectivo y así perjudicar a las que no lo respeten. La Consejería de Educación madrileña mantiene otro contrato con Marsegur por 1,1 millones y ahora sus abogados estudian la forma de rescindirlo.

El Ministerio de Cultura mantiene un contrato con Marsegur para la vigilancia en la Filmoteca. “Estudiaremos a fondo la próxima licitación para que esto no se produzca”, avanza una portavoz del ministerio tras alegar que la firma se alzó con el concurso cumpliendo la Ley de Contratos. En esta línea, el Ministerio de Empleo cancelará a finales de año su contrato con Sinergias para la vigilancia de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR), y no lo renovará. "En los nuevos pliegos se recogen nuevas cláusulas sociales y se han revisado los nuevos criterios de adjudicación", avanza un portavoz.

“Las tres [Sinergias, Marsegur y Seguridad Integral Canaria] están usando o han estado usando un convenio colectivo de empresa que los tribunales han declarado nulo o previsiblemente lo van a hacer. Cuando llegue el momento de que los trabajadores reclamen en base a esas sentencias el pago de lo que se les adeuda, previsiblemente no podrán asumirlo, habida cuenta de los precios de adjudicación. Irán, previsiblemente, abocados a un procedimiento concursal con el coste social y personal que conllevará para los trabajadores”, resumen desde la Federación de Construcción y Servicios de CC OO. A pesar de la controversia generada, la patronal Aproser, que aglutina a las grandes del sector como Prosegur y Securitas, asegura que carece “de información al respecto”.

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NotaPublicado: 27 May 2017 18:15 
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Manuel lleva ya muchas guardias en la mochila. Las suficientes como para haber hecho suyo el consabido refrán de que "en la oscuridad, hasta tu propia sombra te abandona". A sus 59 años, si hay algo que agradece este vigilante de seguridad es precisamente el respaldo de sus colegas de turno. Después de tres décadas en la profesión, Matadero Madrid es su lugar de trabajo desde hace tres años. Esta noche le toca a él hacer la primera ronda a pie. Linterna en mano, recorre las distintas instalaciones del recinto comprobando que todo está en orden. Mientras tanto, sus compañeros se reparten la patrulla en coche y el control de las pantallas. Así, supervisan las diferentes naves del complejo: desde la Cineteca hasta la Casa del Lector, pasando por la cantina, uno de los espacios que más tarde suele echar el cierre. "Vamos rotando entre nosotros cada dos horas para hacerlo más llevadero", explica.

Los dos dígitos que lucen en la placa de Manuel hablan de su veteranía en el gremio. Hoy son más de 26.000 vigilantes los que velan por la seguridad en todo Madrid. En caso de incidente, "nuestra misión es la de disuadir, no tenemos el pecho de plata. En cuanto a ésto -dice señalando la porra que porta en el cinto-, lo mejor es no llegar a usarla nunca". Los años de experiencia no impiden, sin embargo, que la noche se antoje dura. "De madrugada, en la radio, los locutores siempre saludan a los mismos: policías, panaderos, camioneros... Poca gente se acuerda de los vigilantes", lamenta mientras camina despacio, escuchando el resonar de sus pasos en el mismo suelo donde, apenas un par de horas antes, reinaba el bullicio. "En un empleo anterior que tuve en este mismo horario, estuve varios meses sin ver prácticamente a mi mujer", cuenta. "Al final, nos acabamos comunicando con notas en la nevera". Por eso, antes de despedirse, recurre a otro refrán: "Los japoneses inventaron los relojes. Los vigilantes, las horas".

Al igual que Manuel, Eduardo también trabaja a la luz del alumbrado. En su caso, las vistas que le ofrece el mirador del Faro de Moncloa son, asegura, lo mejor de su empleo. Nunca ha contado todos los escalones que sube y baja durante las dos rondas que lleva a cabo en cada jornada, pero los 92 metros que separan el suelo de la plazoleta en la que hace guardia y los 110 que mide la torre sirven para hacerse una idea. "Por motivos de seguridad, no utilizamos nunca el ascensor de noche. Es una buena manera de combatir el sedentarismo. Entre mis cometidos está revisar la parte de la escalinata, los cuartos técnicos, los baños y vestuarios y el perímetro exterior delimitado por la valla de la entrada que rodea el edificio".

Durante los 22 años que lleva trabajando de noche, el currículum de Eduardo ha ido sumando empleos de vigilante en escenarios tan distintos como una discoteca, una comunidad de vecinos e, incluso, una obra. Ahora, desde el balcón al que se asoma cada noche, disfruta de una panorámica privilegiada de la ciudad, la cual contempla prestando especial atención al Parque del Oeste, punto de concentración de botellones, especialmente en los meses de verano.

"Los vigilantes no queremos ser héroes, hay que hacer las cosas siempre con cabeza. Si ves mucha gente, llamas a la Policía, y si hay algún percance dentro, tenemos una aplicación con un botón de pánico por si se produce alguna emergencia". Botón que, añade, no ha tenido que pulsar nunca desde que trabaja en el Faro.

A diferencia de Eduardo, Roberto sí lleva la cuenta de los peldaños que recorre a diario en el Teatro Circo Price, "unos 700 por noche", asegura. Dos horas después de que cierre la taquilla, a eso de las 23.00 h., el apagado de fachada sirve de introducción a la primera de las tres rondas que efectúa a diario. "Cada una suele durar hora y media", explica. "En ese tiempo tienes que revisar todas las instalaciones, cuatro plantas y dos sótanos: desde los camerinos y los despachos hasta el escenario, bajos incluidos". "No llevo nada mal la soledad. Es más, a veces hasta la agradezco", bromea.

El resto de la jornada transcurre frente a los monitores de la garita, desde los que supervisa el perímetro que abarca su "jurisdicción": desde la calle Sebastián Elcano hasta Ronda de Atocha. "Este es el mejor servicio que he tenido hasta ahora. Rara vez ocurre algún incidente", asegura. No fue así en uno de sus empleos anteriores, fuera de la capital, donde, además de tener que hacer frente a algún que otro robo de cobre, una vez llegó a ser encañonado a punta de escopeta. Con las primeras luces de la mañana, llega la tercera y última ronda, la de encendido, que es la que pone punto final a su jornada a las 6.00 h.

Nerea también permanece con los ojos bien abiertos durante la noche. Esta auditora del Hotel Ritz comenzó a trabajar aquí hace tres años a través de las prácticas del máster que acababa de cursar. "Una vez terminadas, surgió la oportunidad de quedarme en el departamento de Reservas y, más tarde, pasé a Recepción de noche, donde llevo año y medio", explica. "Por un lado, me encargo de hacer la auditoría, el cierre de la jornada y preparar todo para el día siguiente. Por otro, las funciones propias de recepción, es decir, todo lo relacionado con los clientes, así como gestionar las incidencias que puedan surgir. Para mí, esta es la parte más importante".

Así, mientras los huéspedes duermen en sus habitaciones, ella vela porque todo salga según lo esperado con la ayuda del resto de equipo de noche, desde Conserjería hasta los departamentos de Limpieza y Seguridad. "Para mí no es difícil trabajar en horario nocturno, lo que me resulta más complicado es intentar conciliar la vida personal cuando vas al revés del resto del mundo. En cuanto a los horarios de sueño pues, por mucho que intentes llevar una rutina, no siempre lo consigues". Sin embargo, su balance no deja de ser positivo: "El trabajo en un hotel es impredecible, tanto de día como de noche. Cada jornada es un reto y, en parte, eso tiene su encanto".
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/27 ... b45c1.html

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NotaPublicado: 25 Jun 2017 19:11 
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Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas” que tiran los precios. Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.

“Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO. A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.
Una seguridad privada a precio de saldo

Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.
Una seguridad privada a precio de saldo pulsa en la foto

En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.
Contratos por los suelos

La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser. “La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.


Alejandro Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”. La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.
El peligro está en la Red

Según el Ministerio del Interior, el año pasado se registraron 234.174 casos de hurto, casi los mismos que el año anterior. La gran distribución y el comercio minorista son las empresas que más invierten en antenas conectadas con etiquetas adhesivas o duras que se encuentran en la ropa y otros productos. También se instalan cajas de policarbonato o las llamadas “arañas”, alarmas que “abrazan” productos que suelen ser muy caros. Antes las empresas se limitaban a suministrar la alarma. “Ahora se ofrecen sistemas donde todo se conecta. A través de un sofware ves lo que sucede en la tienda. Ofrecemos sensores y soluciones basadas en la identificación por radiofrecuencia. Cada artículo tiene un identificador como si fuera un DNI. Si sale de la tienda sabemos qué artículo es de forma remota”, detalla David Pérez del Pino, director de Checkpoint Systems en España y Portugal, “España es el país que más invierte en sistemas para la prevención de hurtos. También es uno de los más afectados por esta práctica”.

Es un ejemplo de cómo el futuro del sector es convergente: la seguridad física y la lógica van camino de integrarse. Es una tendencia imparable, juzga Gianluca D’Antonio, director académico del Master in Cybersecurity del IE y presidente de ISMS Fórum Spain. “Las grandes multinacionales de defensa, tanto en Estados Unidos como en Europa, están desarrollando el mercado de ciberseguridad. El negocio tradicional va a cambiar. Dentro de cinco años la sociedad será básicamente digital, domotizada, sensorizada… esto se tiene que tomar en serio. Vamos muy por detrás de los malos”. Se calcula que el cibercrimen mueve 280.000 millones de dólares, el equivalente al PIB de Irlanda. “Se va a convertir en una prioridad para muchas empresas, porque pueden darse ataques a personas o a equipamientos”. S21 SEC, Necsia, Counter Craft son algunas empresas medianas, de entre 100 y 200 empleados, que desarrollan sus propios productos en competencia con gigantes del sector como Indra o Telefónica. Desde la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES) lo ven como un camino que no tiene marcha atrás. “Es verdad que en la realidad muy pocas empresas se conjugan la seguridad física y lógica, pero los análisis de riesgos van siendo comunes, aunque el camino es lento”.

Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.
Nichos de mercado

Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas. En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.

Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran múscu­lo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.

Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desem­peñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.

El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”. La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”. El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).
Poca formación

¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”.

Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.
Una profesión dura y poco reconocida

La Policía Local de Fuenlabrada (Madrid) denunció el mes pasado a la empresa de seguridad de un centro comercial de la ciudad porque sus vigilantes acosaban, supuestamente, a clientes homosexuales, gitanos, subsaharianos y magrebíes. Previamente, dos jóvenes de 18 y 20 años habían sido expulsados de la zona por besarse mientras paseaban. “La percepción de los compañeros que se dedican a la vigilancia no es la mejor”, recuerdan en CCOO. Una encuesta de la patronal realizada entre un millar de personas muestra que el 62% valora positivamente las funciones de los vigilantes y que el 57% no los sustituiría por personal público. La mayoría reconocen que se trata de una profesión dura y menos de la mitad identifica a los profesionales con una figura de autoridad. El 73% cree que la profesión no tiene el reconocimiento social y solo el 24% indica que la sensación de seguridad es la cualidad más valorada. Los ciudadanos, según el sondeo, no apuestan porque la presencia de los vigilantes se amplíe a zonas públicas: solo el 11% demanda seguridad privada en las calles, el 8% en colegios y universidades y el 8% en jardines y parques.
http://economia.elpais.com/economia/201 ... 76016.html
http://elpais.com/elpais/2017/06/22/med ... ml?rel=mas

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NotaPublicado: 19 Jul 2017 17:33 
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La Audiencia Nacional acaba de anular el convenio colectivo de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, una empresa muy conocida en el sector de la seguridad privada por pagar sueldos justo en el límite del salario mínimo interprofesional y que en los últimos meses se ha hecho con varios concursos en la Administración pública ofreciendo las ofertas más bajas.

La sentencia, del pasado 10 de julio, afirma que las "irregularidades" del convenio "conculcan la legalidad vigente en materia de capacidad y legitimación para negociar". La demanda fue presentada por UGT, y posteriormente se adhirió USO. Poco a poco los tribunales van anulando los convenios de este tipo de empresas de seguridad low cost, igual que ha pasado con los de otra cincuentena de multiservicios. Estas compañías pactan convenios con plantillas cortas poco sindicalizadas que luego crecen por la mano de obra barata.

Sinergias se ha hecho un hueco en la Administración ofreciendo las ofertas más baratas en las licitaciones. El propio Ministerio de Empleo ha contratado recientemente los servicios de Sinergias, que ahora se encarga de la seguridad de la sede del Fogasa y de los cuatro centros de atención al refugiado (CAR) que gestiona este ministerio. También se ha hecho con el de la sede del Boletín Oficial del Estado y con servicios de vigilancia de otras administraciones regionales y locales.

El contrato de los CAR, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.

El sector de la seguridad vincula a Sinergias, y a otras firmas similares, con el polémico empresario canario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, apodado el rey de la seguridad. Así lo hacen representantes sindicales de UGT y CC OO. Ramírez no figura en la empresa como administrador ni como accionista. El único vínculo formal de Ramírez es a través de una pequeña patronal, llamada Acosepri e integrada únicamente por cuatro empresas, de una de las cuales es accionista el empresario.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ya actuó en mayo pasado contra Sinergias. El Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía una denuncia en la que consideraba que podría haber incurrido en un delito contra la Seguridad Social, recogido en el artículo 307 del Código Penal. En concreto, la compañía habría dejado de ingresar cotizaciones a la Seguridad Social por el hecho de aplicar un convenio colectivo con condiciones salariales inferiores a las debidas.

El convenio colectivo de Sinergias reducía en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El sueldo base era de 660 euros, por lo que solo superaba el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.

"Probablemente Sinergias recurrirá al Tribunal Supremo la anulación del convenio, como hizo Marsegur. En cuanto le anulen el convenio, a los precios que va, no va a poder pagar los salarios. Y ahí va a empezar a tener problemas", señala Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO). Este sindicato está pidiendo a la Administración que rescinda los contratos con estas empresas y vigila las próximas adjudicaciones: "No se les puede seguir dando contratos a estas empresas cuando se sabe que no van a cumplir, no solo con los trabajadores sino con el cliente".
https://economia.elpais.com/economia/20 ... 75731.html

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NotaPublicado: 27 Ago 2017 08:43 
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El próximo jueves termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridadad.

Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación...

La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».

Una declaración de intenciones que los sindicatos acogen, de momento, con prudencia. «La idea de crear un grupo de trabajo nos parece bien, siempre y cuando se haga para buscar soluciones reales y se trabaje de forma ágil, y no sólo para dar buena imagen y dilatar los tiempos», señala Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios. «Por ahora», añade, «somos escépticos. Todavía no se han puesto en contacto con nosotros».

Desde UGT esperan también la llamada de Empleo para ponerse a trabajar. «Todavía no se ha señalado la fecha de la primera reunión en una situación que a nuestro entender merece cierta celeridad. Habrá que ver si finalmente se vislumbra por parte del Gobierno una verdadera voluntad política de adecuar realmente la contratación pública y no se trata de dilatar la solución».

La seguridad privada en España facturó en 2015 3.481 millones de euros, según los últimos datos publicados por Aproser (la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que representa a las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y a las de mayor antigüedad.

Sin embargo, pese a que las cifras han mejorado respecto a los años precedentes, desde la patronal denuncian que el sector ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde el año 2009 mientras los costes laborales se incrementaban algo más de un 4% por una cuestión normativa. «Esto ha provocado que una buena parte de las empresas que aplican el convenio colectivo sectorial sigan en situación de pérdidas», señalan.

Además, la irrupción de compañías «piratas» que se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja ha terminado por rematar a un sector que actualmente está negociando el convenio colectivo.

Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de establecer un nuevo marco de contratación de servicios de seguridad privada, que no sólo tenga en cuenta el factor precio sino también responda a criterios de calidad. «El Gobierno tiene que ser consciente de que los vigilantes de seguridad tenemos un papel clave en en las infraestructuras e instalaciones críticas. Y si no arregla algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, va a haber más huelgas en infraestructuras estratégicas», asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada USO, que advierte de la situación límite a la que han llegado los vigilantes de seguridad.

Por eso, espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y «establezca un nuevo modelo de contratación pública que no sólo se base en el precio sino que tenga en cuenta otras condiciones como la calidad del servicio».

Algo que no está pasando en la actualidad donde, en el ámbito de las administraciones públicas, quien se lleva el gato al agua es aquella compañía que presenta el precio más bajo, siempre y cuando cumpla unos requisitos mínimos.

«En los último tiempos», denuncia Diego Giráldez, secretario Federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FESMC-UGT, «venimos asistiendo a una proliferación de empresas que, basadas en la búsqueda de la inmediatez y la falta de visión de largo recorrido, irrumpen en el sector con ofertas que ni tan siquiera cubren los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, acaparando mercado de forma desleal».

Al no poder hacer frente a los salarios pactados en convenio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas o en previsión de pérdidas y se descuelgan del convenio sectorial. Mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con condiciones laborales y salariales inferiores a las recogidas en el convenio sectorial.

Unas decisiones que tienen como víctimas colaterales a los trabajadores que ven cómo sus sueldos menguan con rebajas que van desde un 20% a un 30%. «Si el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando apenas 700 u 800 euros al mes», denuncia Febles. «Y como no les llega, se ven obligados a hacer horas extra y trabajar 12 o incluso más horas con los niveles de estrés y coste personal que eso conlleva», añade.

Para las organizaciones sindicales, el origen de muchos de los problemas que afronta el sector se encuentra en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012, que otorga prevalencia al convenio de empresa sobre el sectorial y que permite los descuelges salariales. Por eso, exigirán al Ejecutivo en el grupo de trabajo que se constituya para abordar la situación de la seguridad privada que se derogue esta reforma o, al menos, algunos de sus puntos más controvertidos.

Asimismo, desde UGT plantean que los contratos con las administraciones públicas «incorporen cláusulas sociales de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato», subraya Giráldez.

Un planteamiento en el que coincide con CCOO. «Los sistemas de licitación deben cambiar e incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos como el respeto al convenio sectorial. Las administraciones públicas no pueden seguir actuando como cooperantes necesarios en estas contraciones low cost, permitiendo que se adjudiquen contratos a empresas que no garantizan cuestiones tan básicas como las condiciones mínimas del convenio», denuncia Barragán.

Propuestas que también comparte Aproser: «El precio no debe convertirse en el único condicionante de contratación y, en todo caso, no debe superar el 60% de la adjudicación. Es preciso garantizar asimismo a los trabajadores la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo sectorial».
http://www.elmundo.es/economia/2017/08/ ... b45b5.html

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